Familiares de víctimas de Juliaca rechazan suspensión de Delia Espinoza y temen impunidad

La reciente suspensión temporal de la fiscal de la Nación Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), ha generado una fuerte reacción entre los familiares de las víctimas de las protestas sociales en Juliaca del 2023. Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero, expresó su rechazo a la medida y advirtió que representa un grave retroceso institucional. “Con esta suspensión se consuma la dictadura en el país, logrando su venganza por no reponer a Patricia Benavides”, declaró.

Samillán señaló que esta decisión pone en riesgo las investigaciones sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones, especialmente aquellas que involucran a fuerzas del orden. “Tememos que quieran cambiar más fiscales, dilatar el tiempo o incluso desaparecer algunas pruebas. Es nuestro temor, por el que rechazamos a la Junta Nacional de Justicia”. Subrayó que el Ejecutivo y el Congreso han tomado control de las instituciones públicas.

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Saluda movilización de jóvenes

El dirigente también denunció que esta situación ha intensificado la persecución contra los familiares de las víctimas. Según indicó, algunos han sufrido bloqueos en sus teléfonos y vigilancia constante. “Nos siguen reglando, nos persiguen. Pero eso no nos va a detener”, aseguró. Además, destacó la movilización de los jóvenes, a quienes también se unieron familiares de víctimas para marchar por justicia y la reforma del sistema de pensiones.

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“Nos obligan a salir a las calles cuando deberíamos estar trabajando. El Estado aprueba leyes que atentan contra nosotros. No nos queda de otra que movilizarnos. Somos más de 33 millones y no podemos dejar que un pequeño grupo destruya nuestro país”, enfatizó Samillán, quien reiteró que si no encuentran justicia en el Perú, acudirán a instancias internacionales.

Temen que investigación se paralice

Por su parte, César Quispe Calsin, abogado de los familiares de los fallecidos, expresó su preocupación por el impacto de la suspensión en el avance de las investigaciones. Según detalló, bajo la gestión de Espinoza se había logrado formalizar el 80% de las carpetas fiscales relacionadas con las muertes en protestas. “Con ella encontramos estabilidad. Ahora estamos en incertidumbre”, lamentó.

Quispe advirtió que existe una clara intención de buscar impunidad, pero aseguró que no se rendirán. “Sea cual sea la circunstancia, tenemos que alcanzar el objetivo: que todos paguen su culpa y terminen en la cárcel, a la cabeza de Dina Boluarte. Así sea con la instancia internacional”, concluyó.