Gobierno rechaza creación de Reserva Indígena Yavarí Mirim y pone en riesgo a pueblos en aislamiento de Loreto

El pasado 4 de septiembre, tras 20 años de espera, el estado peruano, bajo el gobierno de Dina Boluarte, y a través de la Comisión Multisectorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), rechazó la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim en Loreto.

Pese a las 113 nuevas evidencias antropológicas que confirman la presencia de pueblos en aislamiento: Matsés, Matis, Korubo, Kulina-Pano y Flecheiro (Tavakina), sectores como el Ministerio de Agricultura (Midragi), Defensa (Mindef), Interior (Mininter), el Gobierno Regional de Loreto y las municipalidades provinciales de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas, votaron en bloque contra la categorización del área. Minsa, Minedu y Minam no asistieron a la sesión.

Organizaciones indígenas denuncian el grave retroceso en la protección de derechos humanos y ambientales que significa dicha decisión. "Con esta decisión, el Estado peruano ha elegido favorecer intereses económicos y criminales por encima del derecho de los PIACI a vivir en paz y con dignidad. Se trata de un atentado contra la Amazonía y sus pueblos originarios", sentencian desde la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

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Congreso de la República en contra de los PIACI

Durante la votación del pedido de categorización, ORPIO alertó sobre la presencia de uno de los principales promotores de leyes antiPIACI e impulsor del Proyecto de Ley N.° 12215/2025-CR: el parlamentario Juan Carlos Celis Mori, de Acción Popular. Su iniciativa busca modificar la actual Ley PIACI para que todas las reservas indígenas creadas sean revisadas cada seis meses por el Congreso, otorgándole la facultad de anularlas, recortarlas o extinguirlas bajo el argumento de “impactos en el desarrollo regional y nacional”.

Según estudios especializados, imágenes satelitales y testimonios de diversas organizaciones enfocadas en la protección del territorio, entre las provincias Mariscal Ramón Castilla, Maynas y Requena, en Loreto, habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), grupos en situación de gran vulnerabilidad.

Sin embargo, por años, su existencia ha intentado ser negada por distintos políticos, grupos económicos y bandas criminales interesados en explotar los bosques donde estas comunidades habitan. Uno de los primeros congresistas fue Jorge Morante Figari (Somos Perú), antes del partido Fuerza Popular, quien el año 2022 también presentó un proyecto para modificar la actual Ley PIACI.

Ahora, desde ORPIO alertan sobre los peligros del nuevo intento de vulnerar los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicia l. "Las reservas estarían en constante revisión de ahora en adelante y para siempre, hasta que se anulen o se extingan (...) Este nuevo proyecto de ley promovido por el Congreso representaría una vulneración de La Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanación del Delito de Genocidio (...) porque permitiría culminar con el genocidio iniciado durante la era del caucho con la única finalidad de dar carta abierta a la explotación del territorio", se lee en un pronunciamiento de la organización.

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Economías ilegales presentes en la zona de la Reserva Yaravi Mirim

Actualmente, en la ribera del río Amazonas, de acuerdo con una investigación periodística realizada por Red Transfronteriza de Ojo Público y los medios aliados Sumaúma, La Silla Vacía y Código Vidrio, la provincia de Mariscal Ramón Castilla, precisamente donde se ubica la reserva, se encuentra uno de los puntos con mayor producción y comercialización de drogas en la triple frontera de Perú, Colombia y Brasil.

En este territorio amazónico, sirve como eje de operaciones para exportar cocaína a Estados Unidos y Europa. Y tal como lo detalla el informe de los mencionados medios, la zona estaría controlada por el grupo criminal colombiano denominado Comandos de la Frontera. Según datos de InSight Crime, estos se formaron tras una alianza compuesta por disidentes de los frentes 32 y 48 de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y miembros de la banda denominada La Constru.

Por lo expuesto, han sido distintas las organizaciones, como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Plataforma del Corredor Territorial Yavarí Tapiche, entre otras, quienes habían solicitado la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, un territorio que busca proteger a pueblos reconocidos por el estado vía el D.S. N.° 002-2018-MC. No obstante, la decisión del legislativo pone en riesgo su existencia.

"La negativa a categorizar Yavarí Mirim expone a los pueblos indígenas a amenazas crecientes como narcotráfico, deforestación, trata de personas y economías ilegales, dejando sus territorios en extrema vulnerabilidad (...) Preocupa especialmente la posición del SERFOR, que defendió contratos de concesiones forestales, pese a que la ley prohíbe otorgar títulos habilitantes en territorios solicitados como reservas indígenas", denuncia la organización.

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