Reserva indígena Yaraví Mirim en riesgo por avance de la deforestación y el narcotráfico en zona fronteriza del Perú y Brasil
Líderes locales denuncian que zona donde habitan los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI) han visto sus bosques afectados tras la presencia de economías ilegales.
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20 años han pasado desde que organizaciones indígenas solicitaron la creación de la Reserva Indígena Yavarí Mirim, ubicada en Loreto, entre las provincias de Mariscal Ramón Castilla, Requena y Maynas, en la frontera entre Perú y Brasil. La solicitud, que fue promovida ante el Ministerio de Cultura desde 2005 por parte de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) y AIDESEP, busca ser una herramienta para frenar el avance de la defosforación, la cual es causada por la presencia del narcotráfico.
Según denuncian, dicha omisión del Estado peruano también deja en estado de vulnerabilidad a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), quienes habitan esos bosques desde hace décadas. Asimismo, añaden que la no formalización de la creación de la reserva retrasa la protección legal del territorio, que hasta la fecha ha recibido 95 mil alertas de deforestación en los últimos dos años.
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En 2018, el Estado reconoció oficialmente la existencia de los pueblos Matsés, Matis, Korubo, Kulina Pano y Flecheiro/Tavakina en la zona. No obstante, el proceso de categorización, que delimita legalmente el territorio y activa su protección, aún sigue sin concretarse.
“Han sido 20 años de espera. No existe categorización parcial: o se categoriza o no se categoriza. Lo que hubo fue un reconocimiento, pero sin protección efectiva”, explica Héctor Francisco Rodríguez, asesor legal de ORPIO.
Deforestación y narcotráfico en zona fronteriza de Perú y Brasil
Según el Centro de Información y Planificación Territorial de ORPIO (CIPTO), el área solicitada como reserva ha perdido 436 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, lo que equivale a 87 veces el tamaño del Estadio Nacional. Además, se han registrado más de 95 mil alertas de deforestación desde 2023, muchas vinculadas a actividades ilegales como tala, tráfico de drogas y cultivos ilícitos.
“En el área demarcada hay una comunidad —San José de Parinari— que no es nativa, sino un campamento de madereros, donde ya se ha deforestado más del 50% del territorio. Sobre cómo está impactando la postergación para aprobar la reserva Yavarí-Mirim está que se sigan deforestando zonas aledañas, y esto provoca que haya actividades ilegales”, advierte Rodríguez.
Desde el territorio, los apus también alzan la voz. “Los pueblos en aislamiento estamos sufriendo. Frente al narcotráfico y la tala, vamos perdiendo tiempo. Por eso necesitamos hacer sinergia y decirle al Ministerio de Cultura que se debe actuar más rápido”, expresó Roberto Tafur Shipingahua, coordinador de la Plataforma del Corredor Territorial Yavarí-Tapiche.
Francisco Hernández Cayetano, presidente de la Federación de Comunidades Ticunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba) fue aún más enfático: “La mayor parte de nuestro territorio (en el Bajo Amazonas, cerca de la triple frontera Perú-Brasil-Colombia) está deforestado por el narcotráfico, por invasiones de colombianos y brasileños. Si el mismo Estado no protege, a pesar de que hacemos todo lo posible, entonces nos han ganado. Han deforestado casi el 70% de nuestro territorio".
Obstáculos que impiden la creación de la Reseva Indígena Yaraví
Ta como denuncia, el proceso de categorización de la reserva ha sido frenado por intereses económicos y presiones políticas. En febrero del 2025, el Ministerio de Cultura, encargada de convocar a la Comisión Multisectorial, postergó la sesión para la creación de la reserva indígena. El argumento fue una presunta superposición territorial con la comunidad San José de Parinari, que había solicitado su titulación y ya se encontraba en proceso de demarcación.
Fue el GORE Loreto, a través de su Dirección Regional Agraria, quien otorgó la creación de la mencionada comunidad. “Hay un fuerte lobby político que busca frenar la creación de reservas indígenas. En el caso de Yavarí Mirim, el Gobierno Regional de Loreto y sectores como Agricultura y Energía y Minas han sido parte del problema”, señala el abogado.
No obstante, argumentan que dicha categorización no solo protegerá a los pueblos en aislamiento, sino también a comunidades nativas abandonadas por el Estado. “Estos territorios albergan bosques primarios de altísimo valor ecológico, que contribuyen directamente a la mitigación del cambio climático (...) Aquí también viven comunidades nativas abandonadas por siglos, donde el Estado no ha tenido intervenciones estratégicas. La creación de estas reservas no excluye la posibilidad de que estas comunidades puedan tener acceso a servicios de salud y educación”, afirma Rodríguez.
En tanto, el próximo 4 de septiembre, finalmente, se ha convocado a una Comisión Multisectorial que podría aprobar el estudio de categorización. Si se logra, el Ministerio de Cultura tendrá un plazo de 120 días para emitir el decreto supremo que oficialice la reserva Yavarí Mirim.
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