Conductores denuncian abuso de municipalidades: retienen autos y multan S/1.000 pese a fallo del TC

Conductores denuncian que municipalidades continúan con la retención de vehículos y las multas de hasta S/1.000, a pesar del fallo del Tribunal Constitucional que establece que los municipios distritales no tienen competencia para imponer estas multas ni trasladar con grúas a autos mal estacionados. Esta medida se dio a raíz de que la Defensoría del Pueblo realice una demanda de inconstitucionalidad.

Ante esta situación, especialistas advierten que las municipalidades que están violando la jurisprudencia del TC pueden ser denunciadas por las personas afectadas por abuso de autoridad y resistencia a la autoridad.

PUEDES VER: Tripulante de la Marina fallece en Lambayeque al intentar asegurar embarcaciones durante oleaje anómalo

Conductores denuncian abuso de municipalidades

Varios conductores denunciaron que municipalidades como Independencia y Jesús María continúan utilizando grúas para remolcar vehículos mal estacionados. Para retirar un auto del depósito, los propietarios deben pagar alrededor de 900 soles, más un cobro adicional de entre 20 y 40 soles por cada día que el vehículo permanezca en el lugar.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Un taxista declaró a La República que, el 21 de julio de 2025, en la cuadra 1 de la avenida Carlos Izaguirre, la Municipalidad de Independencia utilizó una grúa para remolcar su vehículo hasta el depósito municipal, donde tuvo que pagar 905.75 soles para retirarlo.

“Cada 15 o 30 minutos la grúa ingresaba con un auto al depósito. Éramos varios conductores reclamando por esta injusticia, pero el personal no nos hacía caso y, encima, nos trataba mal. Este vehículo es nuestra herramienta de trabajo, con él nos ganamos el sustento diario”.

“Pagar 900 soles es endeudarnos; no todos tenemos esa cantidad de inmediato para cubrir el pago. Además, por cada día que el carro permanece en el depósito, cobran entre 30 y 40 soles. Es un abuso”, agregó.

Abuso de autoridad

Ante este panorama, la Defensoría indicó que se debería evaluar la posible comisión de dos delitos: resistencia a la autoridad, debido a que el tribunal ha emitido una orden que no se está cumpliendo, lo que constituye una desobediencia constitucional; y abuso de autoridad, por la realización de actos ilegales.

Mencionó que los ciudadanos deben estar informados de que ya existe una sentencia y que, cuando enfrenten este tipo de amenazas, deben advertir que se trata de un acto ilegal, grabar la situación con sus celulares y comunicarlo a la Defensoría del Pueblo o denunciarlo ante el Ministerio Público.

Además, exhortó a las municipalidades a cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional y dejar de aplicar estas sanciones. “La Defensoría del Pueblo estará muy atenta a todo esto para seguir monitoreando cómo las municipalidades cumplen con la sentencia”, señaló.

PUEDES VER: Sereno atropella a vecina en plena vereda de San Juan de Miraflores y es separado de su cargo: cámaras registraron el hecho

Uso de grúas y multas

De acuerdo con Carlos González Palacios, profesor de Derecho Constitucional de la UCSUR, las municipalidades no deberían ya hacer uso de las grúas desde que se publicó la sentencia. Sostuvo que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen un valor que se llama “erga omnes”, es decir, tienen validez para todos los municipios, no solamente para las partes involucradas en el caso.

“Al ser un asunto vial, en realidad, dentro de las normativas nunca estuvo previsto que las municipalidades regularan los asuntos viales, Y lo que ha hecho el tribunal es, más bien, decirles que esas no son sus funciones”.

Advirtió que las municipalidades, al no cumplir con este fallo, están violando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo que da lugar a que las personas cuyos derechos han sido vulnerados puedan efectuar reclamos administrativos.

“Las municipalidades abusan del desconocimiento de los usuarios para seguir violentando las normas. Haría un llamado a estas asociaciones para que ayuden a los afectados, porque denunciar estos actos también implica una inversión y no creo que ellos solos puedan costearla”, concluyó.