Caso Saweto en la recta final: apelación de sentencia contra madereros ilegales por asesinato de 4 líderes indígenas se lee este 25 de agosto

Adelina Vargas espera que se haga justicia. Ella, quien fue esposa de Francisco Pineda, uno de los cuatro líderes ashéninkas asesinados en la comunidad nativa Alto Tamaya Saweto, junto con Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima, falleció días antes de iniciarse el juicio oral contra los madereros sentenciados por este delito.

Hoy, once años después de esos crímenes ocurridos en Ucayali y tras cuatro meses de audiencias en etapa de apelación, el proceso judicial entra en su recta final: este 25 de agosto se leerá la apelación de la sentencia emitida el 11 de abril de este año, que busca sancionar a los responsables del asesinato de estos dirigentes indígenas.

“En la Amazonía peruana, son más de 35 hermanos indígenas que han sido asesinados en los últimos años por defender sus territorios de actividades ilegales. La sentencia del caso Saweto es importante porque va a permitir marcar el camino y ser un precedente para los otros casos similares”, señala el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización indígena que ha seguido de cerca el juicio.

PUEDES VER: Difunden video de docente de UNMSM amenazando a estudiantes por quejarse de sus inasistencias: universidad la despidió

Sentencia marcaría un precedente en la protección de los líderes indígenas

En abril del 2025, el Juzgado Penal Colegiado Conformado de Ucayali condenó a 28 años y tres meses de pena privativa de la libertad a José Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Josimar y Segundo Atachi Felix, acusados de emboscar, torturar y acabar con la vida de quienes se oponían a la tala ilegal en su comunidad. Las víctimas fueron encontradas sin vida por un comunero cerca de la quebrada Putaya, en la ruta hacia la frontera con Brasil.

El mismo Juzgado también les impuso una reparación civil de 50 mil soles por cada víctima. Sin embargo, el Ministerio Público pidió el incremento de la pena a 35 años y la defensa de las familias de los agraviados solicitó el aumento de esa reparación. En tanto, los sentenciados invocaron la nulidad del caso.

Ahora, el juicio se encuentra en la etapa final. Esto luego de que el pasado 11 de agosto se diera la décima quinta y última sesión del proceso. Durante esta etapa, se han presentado los alegatos finales, tanto de los abogados de las viudas de Saweto, así como la defensa de los sentenciados y las declaraciones de los mismos.

“El proceso ha sido largo y finalmente se está llegando a la lectura de sentencia. Junto con la Fiscalía, hemos argumentado con base en el derecho penal y los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas, brindando elementos suficientes para que la sentencia en primera instancia sea confirmada, y tome en cuenta una reparación integral no solo individual sino colectiva. Como defensa legal de las familias, estamos expectantes de la decisión de los magistrados”, comentó Rocío Trujillo Solís, abogada de Edwin Chota.

PUEDES VER: Organizaciones indígenas advierten los riesgos que enfrenta pregunta de autoidentificación étnica en los Censos Nacionales 2025

La intención de obstaculizar el juicio del Caso Saweto

De acuerdo con Aidesep, en gran parte de las audiencias de apelación se evidenció la intención de los imputados de entorpecer el proceso. Una de estas situaciones ocurrió cuando los abogados Fernando Ángeles Gonzales y Lizandro Leveau Pezo, defensores de los hermanos Atachi, abandonaron de forma intempestiva la sala durante el desarrollo de una audiencia.

La razón de este comportamiento fue la declaración de un testigo protegido, quien relató cómo, con alevosía, Eurico Mapes, los hermanos Segundo y Josimar Atachi, José Estrada y Hugo Soria atentaron contra la vida de los líderes “por denunciar lo que defendían: el bosque, la naturaleza”.

“Indicaban que iban a agarrarle, que era un soplón, un bocón (…) Salieron a agarrarle cuando él (Chota) estaba marcando un teléfono. Entonces le han ahorcado, le han golpeado contra el teléfono (…) Luego, dentro del local, el señor José Estrada se levantó con su arma, salieron todos y le dijeron (a Chota) que lo iban a matar donde sea, aunque sea en su propia casa, que no iba a escapar (...)”, declaró lo dicho por el mencionado testigo la jueza Ana Bedoya Maque, luego de confirmarse la condena de 28 años, emitida por la Corte Superior de Justicia de Ucayali, contra los imputados.

La defensa de los madereros exigió que se revele la identidad del testigo, pese a que el marco legal respalda la reserva de dicha información.“A pesar de estos intentos de perjudicar y boicotear el proceso, se ha llegado al final de esta segunda instancia. El accionar de los abogados generó incluso que fueran sancionados por los magistrados de la sala”, mencionó Jessica Quiroz, asesora legal de Francisco Pinedo y Jorge Ríos.

PUEDES VER: INEI niega haber contratado influencers para la actual campaña de Censos Nacionales 2025

35 defensores asesinados en los últimos 10 años

Según el último informe de Global Witness (2024), Perú es uno de los diez países con mayor número de defensores ambientales asesinados a nivel mundial. Según datos de Aidesep, desde el 2014, 35 líderes indígenas han sido asesinados en el país. Al menos 10 de ellos pertenecían a comunidades nativas ubicadas en Ucayali. Región altamente afectada por las economías ilícitas como el narcotráfico, la tala ilegal y la minería ilegal. Asimismo, un estudio también realizado por la misma asociación y la ONG Pro Purus, dieron cuenta que, solo en el año 2024, 226 defensores de Ucayali, Huánuco y Loreto estaban en situaciones de riesgo.

El último crimen se registró en Madre de Dios, en el caserío Santa Rosa, a la altura del kilómetro 285 de la carretera Interoceánica, en la provincia de Inambari. La víctima fue Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata, quien se oponía a la minería ilegal y dedicó su vida a proteger la zona de amortiguamiento del área protegida. Era integrante del Comité de Gestión de la reserva, conformado por agricultores y concesionarios forestales, un sector constantemente amenazado por mineros e invasores de tierras.

Por lo descrito, a la fecha, las viudas del caso —Ergilia Rengifo López, esposa de Jorge Ríos Pérez; Lita Rojas Pinedo, viuda de Leoncio Quintisima; y Julia Pérez, esposa de Edwin Chota— se encuentran desprotegidas. Tras el asesinato de los defensores, ellas asumieron el liderazgo de la comunidad; sin embargo, no han estado exentas de amenazas por permanecer en el territorio.

Lina Ruiz, hija de Adelina Vargas, declaró que, aun cuando los asesinos terminen en prisión, ella y sus hermanos no podrían regresar a la comunidad donde crecieron: “Allí están sus familias y pueden vengarse de nosotros”, dijo en referencia a los sentenciados por el asesinato de los líderes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.