Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales
El megaoperativo incluyó el allanamiento de celdas en los penales de Aucallama, en Huaral, y Miguel Castro Castro, donde se encuentran recluidos algunos investigados, según las autoridades.
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La Fiscalía de la Nación informó, este 19 de diciembre, la detención preliminar de 14 presuntos miembros de la organización criminal denominada "Los Mexicanos", dedicada al delito de extorsión agravada a empresarios de transporte público en la capital.
Según la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 1), la medida comprendió el allanamiento de 13 inmuebles y celdas en dos penales de Lima.
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Se intervinieron los penales de Aucallama y Castro Castro en Lima. Foto: Difusión
Allanaron dos penales en Megaoperativo
De acuerdo a la información difundida por el Ministerio Público, entre los detenidos se encuentran 6 hombres y 8 mujeres: José Huanca, Zoila Mendoza, Angie Zavaleta, Leydi Suazo, Jesús Herrera, Glendy Ramírez, Shirley Antúnez, Rocío Sandoval, José Ulfe, Flavia Gonzales, Guzmel Mendoza, Gustavo Valera, Rosalinda Maylle y Fabrizio Aquiño.
Asismismo, el megaoperativo incluyó la intervención de celdas en los penales de Aucallama, ubicado en Huaral, y Miguel Castro Castro, en el distrito de San Juan de Lurigancho; debido a que algunos de los investigados estarían recluidos en estos centros penitenciarios.
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Cobraban hasta S/2.500 semanales
La investigación, a cargo del fiscal provincial Álvaro Rodas Farro, señala que los capturados habrían impuesto el cobro de cupos para extorsión denominados 'cuotas de seguridad' o 'cuotas de protección', con la finalidad de obtener el control territorial de esta modalidad criminal en el distrito de Villa María del Triunfo.
Asimismo, indica que los primeros actos de extorsión contra empresas de transporte se registraron en setiembre de 2024, con el pago de cuotas semanales de hasta S/2.500, bajo la excusa de no atentar contra la vida e integridad de sus trabajadores. El presunto cabecilla de la organización criminal, Erick Llufire, sería el encargado de dar las órdenes de estos actos desde el penal de Aucallama, donde actualmente está recluido.
De acuerdo a las autoridades, el dinero obtenido de estos cobros ilegales se depositaba en las cuentas bancarias de los miembros de la red criminal o de sus familiares. Los titulares de las mismas cambiaban constantemente para dificultar su rastreo durante la comisión de los delitos.
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