TC incorpora a Josué Gutiérrez en demanda de Daniel Urresti para anular su condena de 12 años por el caso Hugo Bustíos
El Tribunal Constitucional admitió la participación del Defensor del Pueblo como amicus curiae, figura que permite aportar una opinión técnica no vinculante, en el hábeas corpus presentado por Daniel Urresti, quien busca revertir una sentencia firme por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
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El Tribunal Constitucional decidió incorporar a Josué Gutiérrez en la demanda de hábeas corpus presentada por Daniel Urresti, con la que el exministro pretende anular su condena de 12 años de prisión por el asesinato de Hugo Bustíos. La participación será en calidad de amicus curiae, figura que permite emitir opiniones técnicas sin formar parte del proceso.
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La resolución fue adoptada en sesión del Pleno del TC y responde a una solicitud presentada por el propio Defensor del Pueblo, luego de que la defensa de Urresti pidiera su intervención. El colegiado consideró que Gutiérrez cumple con los requisitos constitucionales y legales para aportar una opinión especializada en el caso.
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El fallo precisa que la incorporación del amicus curiae no implica respaldo a ninguna de las partes ni altera la condición procesal del demandante. El Tribunal Constitucional señaló que la opinión del Defensor del Pueblo no es vinculante y que su rol se limita a ilustrar a los magistrados.
TC admite al Defensor del Pueblo como amicus curiae
En el auto emitido por el Tribunal Constitucional, el colegiado desarrolla el marco jurídico que sustenta la figura del amicus curiae dentro de los procesos constitucionales. Precisa que esta modalidad de intervención está prevista en el artículo V del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional y permite incorporar a personas o entidades con conocimientos especializados cuando la controversia lo amerita.
El documento detalla que el Defensor del Pueblo puede participar para ofrecer aportes jurídicos o técnicos que contribuyan al análisis del caso, siempre que no exista interés directo en el resultado del proceso. Asimismo, subraya que dicha intervención no altera la estructura del litigio ni genera derechos procesales equivalentes a los de las partes.
El TC también aclara que la admisión de Josué Gutiérrez se basa en una evaluación específica del pedido presentado y en las funciones constitucionales de la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, precisa que esta decisión no establece un criterio general ni automático para otros procesos en trámite ante el máximo intérprete de la Constitución.
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El hábeas corpus con el que Urresti busca anular su condena
El hábeas corpus presentado por Daniel Urresti plantea cuestionamientos a la sentencia penal que lo condenó a 12 años de prisión, al sostener que durante el proceso judicial se habrían vulnerado derechos de rango constitucional. Estos argumentos forman parte del análisis que deberá realizar el Tribunal Constitucional en esta etapa.
El proceso constitucional no implica una nueva evaluación de los hechos probados en la vía penal, sino un examen de presuntas afectaciones a derechos fundamentales ocurridas durante el trámite judicial. Este es el marco dentro del cual el TC evaluará la demanda presentada por la defensa del sentenciado.
Mientras se desarrolla este análisis, el expediente continúa su curso conforme a las reglas del proceso constitucional. La intervención del Defensor del Pueblo, en calidad de amicus curiae, se incorpora como un elemento adicional de opinión jurídica dentro de ese procedimiento.
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¿De qué se trata el caso Hugo Bustíos?
El caso Hugo Bustíos está vinculado al asesinato del periodista y corresponsal de la revista Caretas, ocurrido el 24 de noviembre de 1988 en la región Ayacucho. Bustíos investigaba presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos cometidos por agentes del Estado en el marco del conflicto armado interno cuando fue atacado mientras se desplazaba por una vía rural.
Las investigaciones establecieron que el crimen fue ejecutado por una patrulla militar del Ejército Peruano. En el ataque también resultó herido el periodista Eduardo Rojas, quien sobrevivió y brindó su testimonio sobre los hechos. El caso permaneció sin una sentencia firme durante décadas y atravesó distintos momentos de paralización y reapertura en el sistema judicial.
Tras la reactivación del proceso, el Poder Judicial determinó responsabilidades penales y emitió una sentencia condenatoria que estableció una pena privativa de la libertad de 12 años contra Urresti en abril de 2023.
