A 11 años del asesinato de 4 líderes ashéninkas, Saweto exige justicia

“Todavía tenemos el corazón roto”, dice Julia Pérez, la esposa de Edwin Chota, que quedó viuda con dos hijos y con un embarazo de siete meses. “Estamos tristes y enojados”, agrega frente a la ausencia de justicia.

El líder indígena Edwin Chota, era una autoridad en temas ambientales y restitución de tierras en la comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto, Quienes lo conocieron lo recuerdan porque, además de ser defensor fue una voz visible de las comunidades nativas que luchaban contra la tala ilegal.

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Lo recuerdan así. En pasado. El 1 de septiembre del 2014, Chota y Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo, líderes ashéninkas, que fueron asesinados por denunciar la tala ilegal en sus territorios.  

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La exposición que tenían era muy alta, ya que ellos estaban revindicando la tierra en un contexto de conflicto armado con mafias poderosas. A pesar de haber alertado a las autoridades sobre las amenazas que estaba recibiendo, nunca llegó a recibir un esquema de protección.

Tras su asesinato, las familias de los cuatro líderes quedaron muy vulnerables y también tuvieron que solicitar apoyo para lograr algún tipo de seguridad. Afortunadamente, esto se consiguió.

Hoy, han pasado 11 años y los deudos siguen buscando justicia, aunque persiste la existencia de amenazas y el hecho de que las muertes están relacionadas al crimen organizado asociado al tráfico de tierras, madera y minería, así como al narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Sienten que la justicia peruana tiene una nueva oportunidad para responder a una de las demandas más urgentes de los pueblos indígenas: la protección de sus líderes y la no impunidad de los crímenes contra los defensores indígenas.

Este miércoles 9 de abril a las 10 a.m., empezó la audiencia de apelación de segunda instancia en la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.

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Este proceso judicial, enmarcado en la violencia sistemática que enfrentan los defensores indígenas en el Perú, se ha caracterizado por ser interminable.

Como se recuerda, el pasado 27 de febrero de 2023, el Juzgado Penal Colegiado condenó a 28 años y 3 meses de prisión efectiva a Hugo Soría Flores y José Estrada Huayta, actores mediatos; y a Euricio Mapes Gómez y a los hermanos Segundo y Josimar Atachi Féliz.

Sin embargo, esta sentencia fue declarada nula el 29 de agosto de 2023 por la Primera Sala de Apelaciones.

Debido a ello, el 2 de noviembre de ese año, se inició un nuevo juicio oral que dio como resultado la sentencia condenatoria que fue apelada por las partes y ahora se encuentra en revisión en la segunda instancia judicial.

Diversas organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), organizaciones de derechos humanos y colectivos aliados han advertido que la impunidad en este caso podría sentar un peligroso precedente, desalentando las denuncias de las autoridades indígenas, sus líderes y lideresas, que enfrentan amenazas similares.

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En la audiencia de apelación se hará una relación de la sentencia recurrida y de las apelaciones correspondientes. Luego se dará la oportunidad a las partes para sustentar su apelación, así como se actuarán las pruebas nuevas admitidas, entre otros actos.

Al respecto, tanto el Ministerio Público, la defensa técnica de los condenados y de la defensa técnica de las viudas han presentado las respectivas apelaciones. 

El Ministerio Público buscará que se confirme la condena y que se incremente la pena de 28 años y 3 meses a 35 años de cárcel. La defensa técnica de los condenados ha solicitado la revocatoria de la sentencia y la defensa técnica de las viudas de los líderes indígenas solicitan que se confirme la condena y se aumente la indemnización debido a las graves consecuencias sufridas por las familias y la comunidad de Saweto, luego de más de 10 años de búsqueda de justicia.

Concluida la audiencia de apelación, el cual se llevará en varias sesiones, la Sala Penal Superior deberá dictar sentencia de segunda instancia dentro del plazo de 10 días. Luego de eso, se notificará a las partes la fecha de audiencia de lectura de sentencia, en la que se conocerá la decisión del caso. Cabe precisar que, en esta instancia, la sentencia judicial también podrá ser confirmatoria, revocatoria o incluso nula.

AIDESEP ha destacado que este juicio no solo busca justicia para los familiares de las víctimas, sino que también es una oportunidad para fortalecer la protección legal de los pueblos indígenas frente a las mafias de la tala ilegal.

“Exigimos justicia para nuestros hermanos. Su asesinato no solo fue un ataque contra ellos, sino contra todos los pueblos indígenas que defendemos nuestro territorio de las actividades extractivas y del crimen organizado. Durante años, hemos enfrentado la impunidad, la corrupción y la indiferencia de un sistema que no protege a quienes luchamos por el bosque y la vida. No podemos permitir que estos crímenes queden en el olvido. Exigimos que se garantice una sentencia firme y que se reconozca el daño irreparable que se ha causado a nuestras familias y pueblos indígenas”, expresó el apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de AIDESEP.