¿Qué pasó con el caso de los dos jóvenes trabajadores de 18 años que fallecieron en el McDonald’s de Plaza San Miguel? Padres aún buscan justicia
En 2019, Alexandra Porras y Gabriel Campos perdieron la vida cuando se encontraban trabajando en McDonald’s. A pesar de que una indemnización millonaria frenó la investigación, el padre de una de las víctimas lucha por obtener justicia y esclarecer lo ocurrido.
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El caso de los dos jóvenes que murieron electrocutados en el McDonald’s de Plaza San Miguel, en Pueblo Libre, sigue siendo un tema de gran controversia en Perú. Alexandra Porras y Gabriel Campos, de 18 y 19 años, perdieron la vida en diciembre de 2019 cuando limpiaban una máquina dispensadora de gaseosas defectuosa, según la tesis de la Fiscalía. La tragedia, que expuso fallas graves en las condiciones de trabajo en la cadena de comida rápida y posible negligencia por parte de la franquicia McDonald’s y su matriz, Arcos Dorados del Perú, volvió a resonar este 2025, tras una acusación del Ministerio Público.
Cinco años después, los padres de las víctimas aún buscan justicia. A pesar de que en ese entonces la empresa pagó una indemnización a los familiares de las víctimas, el Ministerio Público, ha vuelto a acusar a los responsables de homicidio culposo y violación de las normas de seguridad laboral.
El caso McDonald’s, la muerte de Alexandra Porras y Gabriel Campos
La tragedia ocurrió la madrugada del 15 de diciembre de 2019, cuando los jóvenes Alexandra Porras y Carlos Campos, quienes trabajaban como empleados a medio tiempo en McDonald’s, en el distrito de Pueblo Libre, fueron electrocutados mientras realizaban tareas de limpieza en una máquina de gaseosas. Según las investigaciones iniciales, la tragedia se produjo por una fuga eléctrica derivada del dispensador de refrescos, que no tuvo el mantenimiento adecuado.
A pesar de las denuncias de negligencia, Arcos Dorados, empresa encargada de la franquicia McDonald's en Perú, inicialmente trató el incidente como “un accidente que se habría originado por una descarga eléctrica”, sin ofrecer detalles claros sobre las circunstancias exactas que llevaron a la tragedia y solo cerrando todos sus locales del Perú durante dos días.
Conforme avanzaba la investigación, se supo por Panorama que los jóvenes no contaban con los equipos de seguridad adecuados y que la máquina que limpiaban tenía una falla eléctrica conocida, según un chat de WhatsApp, llamado ‘La Marina’, en el que estaban al menos 7 personas, incluyendo cuatro gerentes de McDonald’s, indicó el abogado del padre de Alexandra Porras. Según el informe, 28 horas antes del incidente, María Pisfil Silva de Orihuela, gerente de negocios, habría advertido que “en el multiplex pasa corriente”.
Padres de las víctimas recibieron indemnización para abandonar acusación penal
A pesar del dolor y la indignación que provocó la muerte de sus hijos, la madre de Alejandra Porras Inga firmó un acuerdo extrajudicial con la empresa, según detalló su exabogada Elizabeth Carmona Marroquín a ‘Hildebrandt en sus Trece’ en 2019. Los padres de Gabriel Campos Zapata firmaron un contrato parecido, de acuerdo con la letrada. Sin embargo, luego se enteraría que Johana Inga Argote habría recibido S/850.000 adicionales. En total, la madre recibió S/ 1 millón 225.000 de parte de McdDonald’s por su silencio y por abandonar la acción penal.
“Se puso a llorar (la señora Johana Inga) y dijo que no quería ver el vídeo porque la iba a poner mal, pero creo que más fue porque le pidieron dejar ahí el tema. El abogado de ‘Arcos Dorados’ decía que si el vídeo se filtraba iba a recorrer el mundo y eso solo le haría daño a la empresa. Luego nos dieron un documento ya redactado como si lo hubiéramos redactado nosotros”, reveló Carmona en el semanario.
El acuerdo contempló “renunciar a cualquier acción o pretensión que se encuentre en curso o que eventualmente pueda ser planteada de naturaleza judicial, extrajudicial, civil, comercial, personal, constitucional, penal, cautelar, laboral y de cualquier otra índole, ante cualquier corte, contra La Empresa, sus trabajadores, sus directivos, funcionarios o representantes o en contra de sus empresas vinculadas ya sea en territorio nacional y/o extranjero”.
¿Qué pasó con los responsables de la muerte de Alexandra Porras y Carlos Campos en McDonald’s?
El caso de la muerte de los dos jóvenes se complica aún más por las irregularidades en el proceso judicial. En primer lugar, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) multó a Arcos Dorados del Perú por S/845.670, tras no cumplir con las normas de seguridad laboral, descubriendo una serie de violaciones que contribuyeron a que se origine la tragedia. “La empresa no realizó evaluaciones de riesgos y controles periódicos de las condiciones de trabajo del personal a su cargo. No cumplió con brindar información y capacitación a sus trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, ni les advirtió sobre los riesgos que implicaban sus puestos de trabajo", se lee en el comunicado.
Multa de Sunafil a McDonald's. Foto: Sunafil.
A lo largo de los años, diversos funcionarios de la empresa, incluyendo a la gerente de operaciones María Pisfil Silva de Orihuela y al gerente general de Arcos Dorados Perú, José Carlos Andrade Rey, han sido señalados como responsables de no haber tomado las medidas necesarias para evitar el incidente. Según los informes de la Fiscalía, estos directivos podrían enfrentar cargos por homicidio culposo y contra la libertad de trabajo, en la modalidad de violación a las normas de seguridad y salud en el trabajo.
El abogado José Ocampo, que representa a Ricardo Porras, padre de la joven fallecida ha señalado que, a pesar del acuerdo económico, la lucha por obtener justicia no ha terminado. “Para la gerente de operaciones, la pena es de 7 años; para la gerente de negocios también es 7 años; para los demás gerentes de tienda, 6 años; y para el gerente general de operaciones de Arcos Dorados es de 4 años, solamente imputándole un delito”, refirió en Panorama.
¿Por qué ha tardado tanto en efectuarse la denuncia? Según Ocampo, McDonald’s “ha dispuesto de todo su arsenal legal para enfrentar este proceso y dilatarlo en el tiempo”. “Pasamos dos archivamientos en la Fiscalía Provincial, pero hemos logrado llegar a esta etapa, donde ha terminado la investigación preparatoria y estamos pasando ya a una de control de acusación para pasar a juicio contra los responsables de la muerte de estos jóvenes”, detalló.
