Caso Jackeline Salazar: fiscalía liberó a presuntos captores de empresaria el año pasado

Una nueva polémica en el sistema judicial se desató tras la liberación de la empresaria de gimnasios Jackeline Salazar. El ministro del Interior Juan José Santiváñez aseguró esta semana que durante el año pasado, el Ministerio Público y el Poder Judicial presentaron una completa ineficacia en su trabajo en conjunto con la Policía Nacional del Perú. Según manifestó el representante de la entidad, la Fiscalía de la Nación dejó en libertad a los secuestradores de Salazar en 2023.

Las cifras de Santiváñez revelarían que la fiscalía actuó de forma displicente en la labor de frenar la delincuencia en el país. El ministro aseguró que solo el 2% de los 2,300 malhechores atrapados en plena flagrancia recibieron condenas por sus actos, mientras que el 98% de ellos consiguieron la libertad gracias a las cuestionables decisiones de las entidades correspondientes.

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Secuestradores de Jackeline Salazar fueron liberados en 2023

Tal y como lo mencionó el ministro del Interior, los secuestradores de la empresaria liberada el viernes pasado eran considerados como delincuentes ranqueados; sin embargo, recibieron la libertad de la fiscalía tras ser capturados por efectivos de la PNP. Los primeros capturados fueron cuatro personas, de estos delincuentes, dos de ellos eran secuestradores ranqueados que en los meses de febrero y marzo ya habían sido detenidos por la Policía y puestos a disposición del Ministerio Público. La gran pregunta es: ¿Qué hacían en la calle? Entonces, significa que este secuestro se pudo haber evitado si alguien hubiera hecho su trabajo", dijo en una conversación con TV Perú.

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Santiváñez le resta responsabilidad a la PNP por delincuencia en el país

Asimismo, el responsable del Ministerio del Interior deslinda de responsabilidad a la Policía Nacional del Perú al afirmar que los malos elementos de la ciudadanía eran responsabilidad de la PNP cuando se encontraban en las calles, pero estos se convertían en deber de la fiscalía una vez que eran capturados y entregados a la ley.

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"Si están en la calle, es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público y del Poder Judicial. En la Policía ha habido siempre una mala costumbre que tenemos que desterrar. ¿Y cuál es esa costumbre? Voy a ser bastante claro: el tráfico de influencias en los cambios de colocación; es decir, algunos grupos de oficiales resultan incómodos en el lugar donde son asignados", aseguró Santiváñez para mostrar su malestar con la poca eficacia del Ministerio Público.