Agencia internacional advierte que Ley Forestal legaliza deforestación y fomenta más destrucción

Mientras en Europa entra en vigor una nueva ley que prohíbe la importación de productos procedentes de un área que ha sufrido una deforestación ilegal antes del 31 de diciembre de 2020, así como de forma legal después de diciembre de 2020, el Congreso peruano lo admite con la norma recién promulgada que modifica la ley forestal, advierte la Agencia de Investigación Ambiental (EIA) en su reciente informe Parcelando la Amazonía.

El documento expone cómo diversas empresas de aceite de palma y cacao están impulsando la deforestación en la Amazonía y cometiendo ilegalidades con la complicidad del gobierno.

Según el informe de 44 páginas, la nueva ley viola los términos del Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y Perú, que obliga a ambos países a no debilitar las protecciones ambientales para promover el comercio. Añade que “el aceite de palma y el cacao contaminados y producidos por empresas que han operado durante años con impunidad, pueden seguir comercializándose a consumidores europeos y peruanos desprevenidos, sentando un peligroso precedente”.

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Cifras alarmantes

La información oficial revela que en el Perú se han talado 2.774.563 hectáreas de bosque en las últimas dos décadas, una superficie similar a la de Haití. Advierte que, según documentos oficiales, casi el 100% de toda la tala de bosques en Loreto y Ucayali desde 2012 a 2018, que asciende a 422.953 hectáreas —una superficie casi el doble del tamaño de Tokio— no fue autorizada y, por lo tanto, fue ilegal.

Según las conclusiones de la EIA, hay 10 empresas que cometieron una serie de abusos. Según datos oficiales, 7 de esas empresas compraron terrenos en los que se deforestó más de 13.000 hectáreas y 3 de ellas carecían de los permisos necesarios.

El informe expone que en 6 de los casos, las tierras adquiridas por las empresas se titularon como producto de procesos ilegales de titulación de tierras; en 3 casos la deforestación se llevó a cabo sin permiso, y que no se pagaron las multas, y en 2 casos hubo abusos o violación de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Remarca que la nueva modificación de la ley forestal en enero de 2024 perdona toda la deforestación ilegal histórica cometida en predios rurales o áreas deforestadas para la agricultura, y corre el riesgo de permitir más en el futuro. En consecuencia, impide que los agronegocios rindan cuentas por cualquier deforestación ilegal anterior, eludiendo así disposiciones fundamentales de la nueva ley de la UE.

Organizaciones de la sociedad civil peruana, incluidos pueblos indígenas y oenegés, vienen protestando contra la ley, que también está siendo impugnada ante los tribunales.

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Ley debería derogarse

Julia Urrunaga, directora de EIA Perú, afirmó que “esta ley enflaquece la lucha contra la impunidad al recompensar a los malos actores de la deforestación ilegal y corre el riesgo de fomentar más destrucción. Debería derogarse y las empresas implicadas en la tala ilegal de bosques deberían responder de sus delitos”.

La EIA pide a los gobiernos de la Unión Europea, EE. UU., Noruega y Alemania —que prestan ayuda para conservar los bosques tropicales— que colaboren con el Gobierno peruano para convencerle de que derogue la modificación de la ley forestal, aumente la transparencia en el sector de la tierra, exija responsabilidades a las empresas y funcionarios estatales implicados en la ilegalidad, reforme exhaustivamente las instituciones estatales y promueva leyes que protejan, en lugar de perjudicar, a la Amazonía.

Entre las conclusiones del informe de la Agencia de Investigación Ambiental dice que muchos de los problemas presentados “se deben a que un sector del Estado peruano sigue considerando a la Amazonía con una mentalidad del siglo XIX: como un territorio vacío que hay que colonizar y del que hay que extraer riquezas, mientras se castiga a las poblaciones que se oponen a este proceso”.

Tras el estudio, la agencia internacional recomienda: garantizar la rendición de cuentas por el comportamiento ilegal y corrupto de funcionarios públicos y privados. Establecer procesos legales, legítimos y transparentes de titulación y gestión de la tierra. Modificar el marco normativo para alinear la legislación sobre titulación de tierras con los objetivos de la legislación forestal y sobre cambio climático.

Además, sugiere hacer que los datos catastrales sean transparentes y accesibles al público y establecer una coordinación intersectorial eficaz a escala regional y nacional. Acabar con los incentivos perversos del mercado para la ilegalidad y la corrupción, limpiando las cadenas de suministro nacionales e internacionales y prohibiendo el comercio de productos agrícolas producidos ilegalmente y proteger eficazmente a los defensores de los derechos humanos y de los bosques.