Amazonas: taladores y mineros ilegales tienen en la mira a líderes wampis

Los dirigentes del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW) denunciaron haber recibido amenazas de muerte por parte de taladores y mineros ilegales, tras las acciones que realizan diariamente contra grupos armados que han ingresado a su territorio para extraer finas maderas y oro.

Teófilo Kukush Paati, presidente del GTANW, cuida la pureza de sus 85 comunidades ubicadas entre Amazonas y Loreto. Más de dos décadas lleva su lucha contra taladores y mineros ilegales que se llevan parte de las riquezas de su entorno.

Hoy, la voz de Teófilo se hace escuchar porque alerta que esa región está en riesgo ante la extracción indiscriminada de cedro, caoba y otros árboles por parte de organizaciones criminales que estarían actuando coludidas con malas autoridades.

Los líderes wampis estiman que más de un millón y medio de pies cúbicos de madera balsa han sido extraídos de su territorio ancestral. La tala ilegal, además, ha incrementado la trata de personas y la violencia contra las mujeres. El 4 de mayo del 2021 desapareció una niña de 6 años y se presume que fue secuestrada por madereros.

“Estos grupos llegan a desinformar a las comunidades, les convencen de las ventajas económicas de la tala y provocan enfrentamientos entre indígenas”, asegura Kukush.

Las constantes amenazas contra los wampis surgieron luego de que sus autoridades declararan a ese territorio en estado de emergencia sociocomunitaria y ambiental.

Sicarios al servicio de madereros ilegales han ingresado a las comunidades cercanas al río Kanus (Amazonas). Estas mafias extraen hasta 56 toneladas cúbicas de madera cada quincena para traficarlas en Ecuador.

“Aun cuando hemos sostenido reuniones al más alto nivel con los sectores competentes, nada se hizo. Resulta evidente el nivel de concertación que existe con estos delincuentes”, denunció a La República Galois Flores Pizango, vicepresidente del GTANW.

Policía está notificada

En respuesta, el actual ministro del Interior, Dimitri Senmache, escribió en su cuenta de Twitter: “Ya la comandancia de la Policía Nacional ha sido informada. Estamos pendientes de las acciones que permitan asegurar y proteger la integridad de la comunidad wampis”.

Fuentes de la PNP consultadas por este diario confirmaron que un contingente policial había sido desplazado a Santa María de Nieva, distrito de la provincia de Condorcanqui.

Teófilo Kukush y Galois Flores no son los únicos que han recibido amenazas. También Shapiom Noningo, secretario técnico del GTANW, y otros líderes comunales que denunciaron la presencia de madereros ilegales en la cuenca del río Kanus (Santiago), provincia de Condorcanqui, Amazonas. Todos ellos vienen recibiendo mensajes como represalia por las acciones de confiscación de madera que están ejecutando.

“Estamos ejecutando esta interdicción, obligados por la inacción, falta de apoyo o complicidad de las autoridades estatales, que deben ser investigadas y sancionadas debidamente”, indicaron a través de un pronunciamiento.

La historiadora Carmen McEvoy se pronunció sobre el tema. “Conmovedor mensaje de los wampis, defendiendo a la Amazonía de los depredadores; mientras el Estado implosiona. Verdaderos ‘padres de la patria y guardianes del bien común’ dan una lección de vida al Ejecutivo y Legislativo, expresó.

Hacia Nieva y Chiclayo

Teófilo Kukush permanece en Nueva Galilea, una comunidad adyacente al centro poblado La Poza, donde los madereros concentran sus barcazas. “La tala es de madera fina y se está trasladando a Nieva para luego llegar a la ciudad de Chiclayo. Están sacando lo que no está permitido legalmente: cedro, caoba, tornillo”, señaló.

Las embarcaciones con madera extraída ilegalmente son resguardadas por supuestos sicarios en el puerto del centro poblado La Poza.

Los dirigentes insisten que los madereros ilegales están reclutando a algunos integrantes del pueblo wampis, dividiendo a las comunidades y generando graves conflictos internos.

“Estos paisanos son pagados por las empresas (madereros) y nos hacen pelear”, señaló Galois Flores a este medio.

Hizo también un llamado al presidente Pedro Castillo y al premier Aníbal Torres para realizar una intervención urgente, ya que continúan llegando embarcaciones repletas de personas ajenas al territorio wampis, posiblemente vinculadas a esta actividad ilícita.

No es la primera vez que el GTANW toma acciones frente a madereros ilegales y alerta al Estado peruano sobre la problemática. Lo hicieron en el 2020 ante el Consejo de Ministros, pero nunca fueron atendidos.

Defensoría pide medidas

Tras esta grave situación, la Defensoría del Pueblo demandó al Gobierno Regional de Amazonas, al Ministerio Público y al Ejecutivo priorizar la erradicación de tala ilegal de árboles y garantizar la seguridad de pueblo indígena wampis.

“Resulta preocupante la ausencia del Estado para combatir actividades ilegales, como la tala y la minería ilegal en la provincia de Condorcanqui, que no solo afecta al ambiente, sino que además pone en riesgo la integridad y vida de la población indígena que se ve obligada a intervenir y hacer frente a estos delitos que se desarrollan en sus territorios”, indicaron.

Asimismo solicitó al Ministerio del Interior y a la PNP fortalecer las medidas para salvaguardar la seguridad de la población indígena wampis. Ellos no son “peruanos de segunda clase”, como hace años dijo un expresidente ya fallecido.

La palabra

Teófilo Kukush, presidente del GTANW

“Creemos que, luego de las diversas denuncias, esta es la oportunidad propicia para que el Estado planifique con nosotros acciones que nos permitan obtener resultados sostenibles en el tiempo”.

Es asunto de vida o muerte

Enfoque por Rubén Vargas, exministro del Interior

Ante la ausencia de controles en los ríos navegables, los asháninkas están enfrentando a punta de flechas y arcos a los narcotraficantes en la selva central. Lo mismo pasa en el extremo norte del país con los mineros ilegales y madereros con los wampis.

Los llamados de auxilio de los nativos, sabiendo que el Gobierno no va a responder, son cotidianos. El escenario es de extremo cuidado. Para las comunidades es un asunto de vida o muerte. La guerra está declarada y el Gobierno tomó partido por las economías ilegales. Los astros se han alineado en favor de las economías ilegales.

El Gobierno ha claudicado en la lucha contra las drogas. Devida, entidad rectora, se ha convertido en una organización cocalera que promueve la legalización de la coca. Los mineros ilegales tienen licencia de impunidad para operar hasta el 2024.

La demanda internacional de la cocaína y el oro siguen en aumento. Brasil y Bolivia son consumidores insaciables de esos productos. Las comunidades nativas son las principales afectadas. Los líderes indígenas que se les enfrentan son asesinados y, para el Gobierno, se convierten en sus simples estadísticas. Es muy lamentable.