Defensores bajo amenaza

A Zebelio Kayap y Augostina Mayan, dirigentes de la comunidad awajún Nuevo Kanam, en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, la minería ilegal los ha amenazado de muerte. Ellos han denunciado esa actividad e impedido la operación de algunas dragas en el río Cenepa y por eso los han puesto en la mira. Hoy los dos deben permanecer fuera de su comunidad para evitar que sus enemigos cumplan su palabra.

Ambos llegaron hace unos días a Lima para pedirle al Estado que inicie operativos de interdicción para detener la presencia de mineros ilegales aluvionales que llegan con sus dragas al río Cenepa y lo están contaminando. “Cada vez llegan más y ya no se puede navegar. Queremos recuperar nuestro río”, dice Augostina.

El problema es complejo: los mineros ilegales, que son forasteros, llegan a la zona y convencen con su dinero a los apus de algunas comunidades y los pobladores se ponen a trabajar para ellos. Eso lleva a que cuando los dirigentes de otras comunidades -como Zebelio y Augostina- defienden su territorio para evitar la contaminación, acaben enfrentados entre sí, “entre hermanos awajún”.

“Hay una comunidad que está trabajando con los mineros y en una reunión han acordado matarnos. Tenemos evidencias de eso, hemos hecho la denuncia ante la fiscalía ambiental de Bagua, pero el accionar es lento. Si nos matan mañana o pasado ¿Quién va a reclamar nuestros derechos ambientales y territoriales? Todos tendrían miedo”, comenta Zebelio.

También llama la atención acerca de que los mineros ilegales -y las comunidades aliadas a ellos- tienen armas y la única forma de defenderse de ellos sería armándose. “Tendríamos que enfrentarlos con armas por la incapacidad del Estado, que no reacciona ante los mineros que amenazan nuestra vida. Estamos en peligro. Ojalá no lleguemos a eso”, explica.

Augostina Mayan, reconocida defensora ambiental, precisa que además del peligro en que viven ella, Zebelio y otros dirigentes, toda la maquinaria que los mineros ilegales usan llega desde fuera ante las narices de las autoridades policiales y militares. “Da la impresión de que todos están coludidos para permitir la minería aluvional en la zona”, dice.

El último jueves Augostina llegó al local donde se reunirían 70 defensores ambientales de 20 regiones. Una de las personas vinculadas al evento la saludó: “Hola Augostina, después de tiempo”, le dijo. “Si pues. Todavía no me ha pasado nada”, respondió ella, como bromeando. Pero el tema es serio. Hace años que ella y varios dirigentes awajun viven en peligro.

Narcotráfico mortal

En la misma región Amazonas, en la comunidad awajún de Nazareth, Georgina Rivera Paz, líder del Consejo Indígena Amazónico del Perú (CIAP) y presidenta de una asociación de mujeres que trabajan en la piscicultura, vive bajo amenaza de muerte de un enemigo temible: el narcotráfico. Esa condena para ella pudo tener su inicio en que, como lideresa de su comunidad, denunció la contaminación que esta actividad producía en el río Chiriaco.

“Los químicos contaminan las cabeceras de agua de las quebradas. Antes había caracoles, cangrejos, pescado, y ahora no hay”, explica.

Su liderazgo en la comunidad también ha tenido que ver con denunciar la violencia contra las mujeres y los abusos sexuales que sufren niños y adolescentes en la zona. Por esa razón, Georgina ha participado en actividades de las juntas vecinales con la policía.

Hace un tiempo detuvieron a cuatro jóvenes nativos por actividades vinculadas a la producción de droga y ahora los narcos la culpan a ella de ser informante de la policía.

“Yo protesto porque no quiero que contaminen el río y eso lo ven mal. Antes no había narcotráfico. Hoy esas personas vienen de afuera, le dan ideas a los nativos y con ellos empiezan a trabajar. Ahora dicen que yo estoy avisando. Es falso, soy una dirigente que trabaja con mujeres, soy artesana de collares y facilitadora del programa Cuna Más. Solo trabajo para la mejora de mi comunidad”, explica.

Georgina pronto volverá a su comunidad y estará otra vez bajo amenaza. Le preguntamos si está conciente del peligro que pesa sobre ella. “Sé que cualquier cosa me puede pasar”, dice. Pero no descansa: también denuncia la contaminación por petróleo de PetroPerú en la zona.

Amenazados por la minería

Juan Miguel Meza es vocero de la población del Valle del Tambo, Arequipa, que está en contra del proyecto Tía María. “Es un valle productivo con cultivos de papa, arroz, maíz, ajo, tomate, zanahoria. La gente prefiere vivir con la agricultura y no con la minería”, precisa.

El 2009 se hizo una consulta popular en la zona y la población le dijo no al proyecto. Desde entonces ha habido una disputa entre Southern Perú, responsable del proyecto minero, y los pobladores del valle. Hoy el proyecto tiene licencia de construcción, pero el conflicto continúa. El ser vocero le ha traído problemas a Meza: “Tengo cuatro procesos. Estamos criminalizados por protestar”, comenta.

En uno de esos casos lo acusan, junto a 13 personas, de haber detenido y cortado el pelo a una infiltrada. “No estuve ahí. Es una persecución política”, dice Meza.

En Cusco, el periodista Vidal Merma lleva 15 años visibilizando la afectación de la minería en Espinar. “Tengo el deber de decir que hay tres ríos muertos, dos cuencas de ríos contaminados y 1600 personas con metales pesados en su organismo. Hay estudios del Minam, ANA y OEFA, que concluyen que hay agua no apta para consumo humano por actividad minera”.

Merma ha sido agredido varias veces por la policía durante su cobertura periodística. El 22 de julio de 2020 dispararon en su dirección mientras cubría una protesta. En todas ellas siempre se identificó como periodista.

Estos son solo algunos testimonios de defensores de derechos humanos y territoriales que trabajan por sus comunidades y el medioambiente. Una labor que realizan poniendo en riesgo su integridad y su propia vida. Merecen ser protegidos.

Agenda urgente

Diecisiete defensores han sido asesinados en la Amazonía en los dos últimos años. La Campaña Nacional Permanente de Defensores del Perú, impulsada por 20 organizaciones civiles, busca conocer su situación actual y evaluar los avances en las políticas públicas de protección de estos líderes comunales.