‘Narcobenefactores’ controlan sembríos de coca en Loreto

La lucha contra el narcotráfico en Mariscal Ramón Castilla (MRC), provincia ubicada en la frontera con Brasil y Colombia, se está perdiendo. Según la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida-2020), acá se concentra el 67% de los cultivos de coca de todo Loreto. Pasaron de tener 370 hectáreas de este ancestral arbusto en el 2015 a 4.247 hectáreas en el 2020.

Este avance tan significativo se da por los ‘narcobenefactores’, operadores que legitiman esta actividad ilícita a través del pago de lo que llaman “derecho a la comunidad”. Una especie de tributo a las comunidades, ya sean indígenas o campesinas, por el uso de sus territorios para sembríos de coca. Sin ser grandes sumas de dinero, estos recursos resultan ser determinantes en MRC, donde el Estado casi nunca se hace presente.

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Las partidas económicas obtenidas bajo este mecanismo de ‘narcobenefactores’ son utilizadas en pequeñas obras de infraestructura. La República pudo identificar 7 de estas: dos locales comunales, un comedor, un estrado, una losa deportiva y dos colegios con refacciones. Pero eso no es todo, pues también se ganan la confianza de las personas apadrinando equipos deportivos o apoyando a familias que caen en desgracia, ya sea porque uno de sus miembros enferma o fallece.

Para Emilio*, un acopiador de coca y representante comunal, el pago de este derecho es una opción al abandono que las comunidades sufren desde hace décadas. “Uno mira la necesidad que tiene el pueblo. Nosotros veíamos que los fines de semana, cuando caía la lluvia, se hacía un barral para jugar pelota. Si no hay deporte, ellos se van mucho al fiu, fiu, fiu, a la tomadera. ¿Entonces qué hicimos? Una losa deportiva porque nos gusta jugar al fútbol”.

Pero hay otro detalle. El dinero obtenido de los ‘narcobenefactores’ debe ser “transparentado entre los beneficiados”. Esta tarea la realizan las asambleas comunales, que permiten rendir cuentas de manera colectiva. Algunas veces, estas rendiciones se registran en los libros de actas; otras, en cuadernos de notas sin ninguna formalidad. Cada que ingresa un aporte, este se apunta junto con el apelativo del patrón.

Aso se evidencia en los registros a los que La República accedió. Estos cuentan con validación notarial y evidencian ingresos y egresos de esta especie de tributo que el jefe narco otorga por el uso de tierras. Los gastos registrados coinciden con la obra que se viene realizando en la comunidad de donde provienen, pero, además, se rastrean los presupuestos de la municipalidad distrital y provincial a través del Portal Transparencia y se corroboró que no provienen del dinero público.

Todo inició el año 2000

Ronald*, un comunero dedicado a la cosecha de hoja de coca o raspachín, recuerda que en su comunidad no había sembríos hasta el año 2000. En ese entonces llegó un foráneo que decía ser de Tocache y pidió hablar con los representantes comunales. Quería que sembraran coca y les ofrecía, a cambio, tener buenas casas donde vivir.

Un raspachín puede ganar entre 1.000 y 1.500 soles mensuales y el pago por cada kilo de hoja de coca cosechada fluctúa entre los 0,70 céntimos y un sol. Pero, como en todo mercado, existen riesgos en las inversiones y quienes terminan pagando los platos rotos son los raspachines.

Tala indiscriminada

Una de las consecuencias más tangibles del incremento de cultivos de coca en MRC es la pérdida de bosques. Al 2021, son 9.181 hectáreas de bosque las que han sido deforestadas con tala rasa, una práctica que consiste en quitar todos los árboles de un área determinada para utilizar dicho espacio en actividades agrícolas o ganaderas. Óscar Llapapasca, gerente de GERFOR Loreto, refiere que, teniendo en cuenta la ubicación de las zonas taladas, la única manera de que sea rentable es tratándose de cultivos ilícitos.

Agrega además que Devida tiene responsabilidad en este avance del narcotráfico. “Devida quiere justificar su sueldo, pero no están haciendo un buen trabajo. Nosotros tenemos serios cuestionamientos a las cifras que reportan y si tenemos que enfrentarlo técnicamente lo vamos a hacer. Esta situación es muy complicada y se tiene que visibilizar. El Estado no tiene control”, aseveró. La República solicitó una entrevista a la institución, pero al cierre de esta edición continuamos esperando una respuesta.

La clave

Pobreza. De acuerdo con el portal REDinforma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), menos del 8% de la población de MRC accede al agua potable.

Más del 50% no tiene energía eléctrica y solo 3 colegios de los 425 que hay cuentan con servicios básicos completos.

Lee el informe completo de la unidad LR Data aquí.

*Algunos nombres de esta investigación se mantienen en reserva.

Este trabajo fue realizado por Pamela Huerta Bustamante para La República y CONNECTAS dentro de ARCO, con el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ) en el marco de la iniciativa para el Periodismo de Investigación de las Américas.