Azul Rojas: Estado peruano no ha cumplido con reparaciones a mujer trans víctima de tortura

Han pasado catorce años desde que Azul Rojas Marín, una mujer trans, fue intervenida arbitrariamente por tres policías, hecho que tomó lugar una noche de febrero en 2008. Tres policías dentro de una camioneta la intervinieron y pidieron su DNI. Tras ello, la obligaron a subir al vehículo y después, sin mayor explicación, la recluyeron en la comisaría de Casa Grande, en La Libertad, donde también la violaron.

Desde entonces, Azul solo ha podido encontrar justicia en la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la misma que, en marzo de 2020, emitió un fallo en el que encontraba responsable al Estado peruano por archivar su caso en el sistema judicial nacional y no sancionar los abusos cometidos en su contra. Además, dictó una serie de acciones a adoptar en el plazo de dos años.

Más de 730 días después, y con el plazo vencido, Rojas Marín continúa esperando que el Estado cumpla con las medidas urgentes que se dictaron, que son de vital importancia no solo para ella, sino también para que todas las personas de la comunidad LGTBIQ+ en el Perú que hayan sido víctimas de algún tipo crimen y ataque de odio puedan obtener justicia y se respeten sus derechos humanos.

Reparaciones que la Corte IDH ordenó al Perú

La Corte IDH dictó nueve medidas a favor de Azul Rojas, que son las siguientes:

• Promover y continuar las investigaciones que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos de tortura en perjuicio de Azul.
• Realizar las publicaciones de la sentencia y su resumen oficial.
• Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
• Brindar tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico a Azul.
• Adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.
• Crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización sobre violencia contra las personas LGBTI.
• Diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGBTI.
• Eliminar el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis” de los planes de seguridad ciudadana de las regiones y distritos del Perú.
• Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como el pago de costos y gastos, y reintegro del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas.

De todos estos puntos, el Estado solo ha cumplido con uno: la publicación de la sentencia en un diario nacional y un diario local. El Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), el cual defiende legalmente a Rojas Marín, indicó que las demás indicaciones de la Corte, como el protocolo de atención para personas LGTBIQ+ que son víctimas de violencia o las reparaciones individuales que se le debe hacer a a Azul, no han sido implementadas.

El Estado ausente

Hasta el momento, la Procuraduría Supranacional del Ministerio de Justicia, espacio encargado de gestionar los casos que dicta la Corte IDH, no ha generado el acuerdo resolutivo correspondiente para que el caso de Azul sea llevado a instancias gubernamentales como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y que estas puedan ayudar en el caso.

El 2 de diciembre del 2020, casi nueve meses después de la sentencia, se tuvo una reunión entre Promsex, otras organizaciones de defensa derechos humanos y la Procuraduría, donde se comunicó de qué manera se iba a proceder con el caso.

“En esta reunión, la Procuraduría nos informó que, según la normativa interna del Estado, lo que se debe sacar primero es acuerdo resolutivo que determine las competencias institucionales para implementar estas reparaciones. Este documento, en principio, no debía demorar más de seis meses”, señala Edith Arenaza, asesora de litigio estratégico en Promsex y abogada de Azul.

Muy aparte de las políticas nacionales que incluye este caso, la atención a la salud de Azul era una de las mayores preocupaciones para Promsex, ya que, al ser una sobreviviente de tortura, necesita una atención prioritaria. Sin embargo, el Estado solo le asignó un seguro SIS, el mismo que ella ya poseía y que, además, no esta pensado para personas víctimas de este tipo de violencia.

“No es un tipo de seguro que te ofrece una atención urgente y prioritaria. Sabemos que las citas se demoran meses; además, no cubre todos los servicios y medicinas. Entonces, son situaciones que también incumplen el estándar que ha dado la corte en el mismo fallo”, comentó la abogada.

En enero de 2022, la Procuraduría respondió por última vez a la defensa de Rojas Marín, donde indicaron, nuevamente, que no había progreso y que la dirección jurídico procesal se encuentra elaborando el informe sobre el acuerdo resolutivo. En conclusión, desde diciembre del 2020 no ha habido avance significativo alguno.

“Nosotros hemos pedido información a los diversos ministros de Justicia que han habido durante estos años para conocer la situación y ver la orientación de los funcionarios respecto a la prioridad que le ponen a este fallo. Obviamente, con dirección también a la Procuraduría. En esta última carta que le enviamos al ministro, en este caso estaba Aníbal Torres, nos responde la Procuraduría, por enviarle este documento al titular, y dijo que, respecto al tema de la implementación de las medidas, lo veamos directamente con la Corte. O sea, ya ni quieren que les enviemos cartas”, resalta la representante de Azul.

¿Qué es lo que se puede hacer ante esta falta de atención?

La Defensoría del Pueblo fue la única institución estatal que mostró su preocupación por la falta de atención al caso de Azul. Gracias a las coordinaciones que se tuvo con su representación legal, se logró que este espacio de defensa emitiera un comunicado donde el defensor comentaba que este incumplimiento por parte del Estado de las reparaciones dispuestas por la CIDH podría constituir un ilícito internacional.

“Esta situación es particularmente preocupante, dada la especial trascendencia que el caso de Azul Rojas Marín ha significado para la comunidad LGBTI en el Perú, sobre quienes la Corte ha reconocido que han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización, diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales, las cuales, además, pueden constituir tortura”, indica comunicado de la Defensoría.

Por otro lado, otra estrategia que se podría accionar a favor de Azul viene de la misma Corte Interamericana, ya que esta tiene como una de sus funciones la supervisión del cumplimiento de sentencias, por lo que el sistema de justicia internacional podría pedir una audiencia al Estado peruano para exigirle que cumpla con cada una de las medidas correspondientes.

La respuesta de la Procuraduría

La República se comunicó con la Procuraduría Supranacional con relación al caso de Azul. Esta indicó que ya se están ultimando detalles del acuerdo resolutivo que debería salir a favor de Rojas Marín.

Por otro lado, señalaron que las reparaciones económicas y relacionadas a la salud de la agraviada, así como la investigación del caso, deben ser revisadas por el Ministerio de Salud, la Policía, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.