Loreto: tres muertos en protesta por desatención del Estado
Conflictos sociales. Manifestación en la estación del lote 95 dejó diecisiete heridos. El Mininter sostiene que los pobladores originaron el enfrentamiento con armas de fuego. La Organización de Pueblos Indígenas rechaza tal versión y denuncia represión policial. El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, viajó para calmar las aguas. El conflicto, según dirigentes indígenas, se debe al incumplimiento del Ejecutivo en su Plan de Cierre de Brechas y a la falta de atención durante la pandemia.
Informe: Gisela Vásquez y Diego Quispe
Los exteriores de la empresa PetroTal, operadora petrolera del Lote 95, en la localidad de Bretaña, en Puinahua, distrito de la provincia de Requena (Loreto), fueron el escenario donde el último sábado, a las 11:30 de la noche, se produjo el enfrentamiento entre setenta pobladores indígenas y efectivos de la Policía Nacional (PNP).
Los manifestantes intentaron tomar la sede de PetroTal como una medida de fuerza para que el Gobierno resuelva sus demandas ante la falta de atención de sus comunidades en esta pandemia y el incumplimiento del Plan de Cierre de Brechas.
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Ayer temprano, en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se confirmó que durante la gresca tres pobladores kukamas perecieron y diecisiete resultaron heridos: once civiles y seis miembros de la PNP.
Fuentes de La República confirmaron dos nombres de las víctimas: Aldair Magin Murrieta y Keninton Flores. El otro cuerpo aún no era identificado al cierre de esta nota.
Ronald Egúsquiza, gerente general de PetroTal, relató a Latina que, desde el viernes 7, la PNP se encuentra en las afueras del Lote 95, resguardando dicha sede, ante las protestas. “Nos ha llamado la atención que sea una manifestación a las 12 de la noche. Y eso preocupa. Nosotros llamamos a colaborar para que exista ese diálogo entre el Estado y la población. Comunicamos que para lograrlo, teníamos que seguir un protocolo. Es ahí cuando comienza una trifulca”, relató.
Egúzquiza agregó que los pobladores quisieron “agarrar a su personal y al gerente de campo”.
El Ministerio del Interior, por su parte, a través de un comunicado, informó que los pobladores arremetieron contra los policías con armas de fuego, provocando la reacción de la PNP.
Sin embargo, la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) rechaza esta versión. “Los hermanos indígenas no tenían armas de fuego. Solo llevaron sus flechas como herramientas de defensa ancestral, de uso tradicional y cultural con el objetivo de manifestar su rechazo”, enfatizaron mediante un comunicado.
“Hay comunidades que se están sumando a la lucha y no se van a retirar ante esta represión”, expresó ante la prensa Jorge Pérez, presidente de ORPIO. “Esta es una forma de demandar al Estado reducir las brechas”, recalcó.
PetroTal, en tanto, mediante un oficio, denunció que “estos hechos de violencia han sido realizados por el mismo grupo de dirigentes que tomó la estación 5 del Oleoducto Norperuano de Petroperú (el 3 de agosto) y que también había amenazado con tomar nuestro lote”.
PetroTal suspendió sus actividades y recibió el resguardo de 50 policías antimotines, desplegados por la Unidades de Servicios Especiales (USE) de la IV Macro Región Policial de Loreto.
En medio de la tragedia, el ministro del Interior, Jorge Montoya, lamentó las pérdidas humanas, pero lanzó una advertencia: “Estamos en proceso de investigación al respecto. Mucho va a dar el informe que pueda presentar el fiscal provincial de prevención del delito. Ellos (los protestantes) estaban pidiendo que la estación dejara de funcionar”.
Mientras eso, a la una de la tarde, el Ejecutivo conformó una comisión de alto nivel, liderada por el ministro de Cultura, Alejandro Neyra, quien arribó a Loreto para luego dirigirse a la provincia Requena. Fuentes de La República relataron que el titular de esta cartera llegó a la localidad de Bretaña a las 3:30 de la tarde en busca de calmar las aguas.
Crisis sanitaria
Si bien hasta el cierre de informe no había humo blanco, se conoció que la gota que rebalsó el vaso fue la expansión de la Covid-19 en la provincia de Requena y la falta de respuesta del Estado.
El distrito de Puniahua carece de nosocomios, médicos y gran parte de su población ha resultado infectada, confirmó Mariluz Canaquiri, presidenta de la Asociación de Mujeres Kukamas. "Estamos con 50 años de explotación petrolera y ni siquiera tenemos lo básico: salud y educación", dijo.
El Ejecutivo y las brechas
La naturaleza de este conflicto, según Melania Canales, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, no solo se reduce a las carencias que afrontan los habitantes loretanos frente a la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.
Agregó que se trata de demandas que datan del año pasado, debido a las falencias que tienen los pobladores de Requena en sus servicios de salud y agua potable, y a la contaminación de sus territorios por los derrames petroleros.
"En Requena, todas las zonas donde hubo derrame petrolero no tienen agua potable", denuncia Canales.
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El 28 de julio del 2019, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 139-2019-PCM para implementar el Plan de Cierre de Brechas para brindar servicios básicos, como educación, salud y agua potable, a las comunidades donde se realizan actividades del ámbito petrolero.
El Ejecutivo realizó en lo que restó de ese año, 32 talleres de diagnóstico con 651 poblados nativos y 72 organizaciones de la Amazonía en Loreto.
Recién el 7 de febrero, el entonces premier Vicente Zeballos presentó el Plan de Cierre de Brechas. "Al día siguiente anunció que habría una inversión cercana de S/ 200 millones del Gobierno Regional de Loreto y que había más de S/ 5 mil millones que estaría trabajando para los próximos seis años", detalló Juan Manuel del Águila, asesor del Gobierno Regional de Loreto. Sin embargo, hasta la fecha, sostiene el funcionario, solo el Gobierno regional viene ejecutando los fondos. El Ejecutivo, en cambio, aún no emite un decreto para ejecutar la cifra prometida.
Conflictos en tiempos de pandemia
Enfoque: José de Echave - Exviceministro de Gestión Ambiental
Si bien la muerte de compatriotas en medio de cualquier conflicto social siempre es difícil de procesar, lo es aún más en las actuales circunstancias de pandemia y cifras en ascenso de contagios y fallecidos. Lo ocurrido ayer en una protesta en el Lote 95, en Loreto, muestra una característica de los conflictos sociales que comienza a manifestarse en tiempos de pandemia: la combinación de los temas no resueltos de larga data con las demandas de poblaciones enteras frente a la expansión de la Covid-19, que los está poniendo en el límite de lo humanamente tolerable frente a un Estado que no reacciona.
Esto ha pasado en donde por décadas se ha extraído riquezas para otros, dejando contaminación, enfermedades y pobreza para nuestros pueblos indígenas. Además, los conflictos antes y ahora en plena pandemia, muestran en toda su dimensión la inoperancia del Estado. Mientras que la Policía interviene a pedido de la empresa, el Ministerio del Interior señala que sabía que había negociaciones pero que no conocía con precisión las demandas de las comunidades. Y el Viceministerio de Interculturalidad parece que sigue pintado en la pared.
En Loreto hay una demanda válida
Enfoque: Ana María Vidal - Experta en DDHH
En Loreto hay una demanda válida de la ciudadanía porque hay un decreto supremo del 2019 (DS 139) que se compromete a cerrar las brechas en cuatro meses. Ya pasaron los cuatro meses. Fue la población y se sentaron a hablar. Pero no hay resultados. No hay ni siquiera la ejecución. En este contexto de pandemia hay un olvido total. Hay comunidades donde no hay ni oxígeno y ni una posta. Están abandonando a los pueblos indígenas sin las condiciones mínimas.
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La población ha ido a protestar con justo derecho. El derecho a las protestas es un derecho constitucional. La Policía, en cambio, ha respondido con armas letales. No debería usarlas. Esto sí conlleva a una violación de los derechos humanos que generó que tres ciudadanos indígenas fallezcan. Tiene que haber una investigación. Aquí hay una responsabilidad del Estado por no hacer nada por la omisión en un contexto de pandemia y, luego, por llevar armas letales. La ciudadanía indígena protesta con sus armas tradicionales. Es su manera tradicional de expresarse. Hay una falta de comprensión. Esto va más allá de los responsables directos.
Rechazan hostilidad con indígenas
El secretario general de Transparencia y exviceministro de Interculturalidad Iván Lanegra lamentó ayer los hechos acontecidos en la provincia de Requena.
"Terrible. El Día de los Pueblos Indígenas es ahora una jornada de tristeza. Reconocer derechos no basta, si no hay políticas públicas efectivas que los garanticen. Y sin buscar acuerdos justos y sostenibles", criticó en Twitter.
La congresista del Frente Amplio Mirtha Vásquez también se sumó a los cuestionamientos.
“Condenables actos de violencia contra pueblos indígenas en sede del lote 95, Loreto, donde fallecieron tres hermanos Kukamas. Viven contaminados por años y protestan por el abandono del Estado y la falta de medidas frente al COVID-19. Urge intervención de la Presidencia del Consejo de Ministros y diálogo, no represión”, manifestó la parlamentaria.
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