Unicameralismo de facto

El bicameralismo distribuye la potestad legislativa entre dos cámaras porque ninguna de ellas, por sí sola, representa al Congreso. La ley que una aprueba y la otra revisa sale firmada por la institución completa, no por la mitad que la despachó al final. Esa arquitectura tiene un propósito; alterarla en la práctica equivale a disolver uno de sus componentes.

La ley de facultades fue promulgada con el enunciado “El Senado de la República ha dado la ley siguiente”, en lugar de “El Congreso de la República”, que es el texto que establece el marco constitucional aprobado por el Congreso anterior bajo el impulso de Fuerza Popular. La historia parlamentaria del país no registra un antecedente similar desde el retorno al bicameralismo.

La Mesa Directiva del Senado, presidida por Miguel Torres, rechazó rectificar la fórmula y sostuvo que la redacción era correcta. La justificación fue que la Constitución había cambiado y que solo el Senado produce las leyes, un argumento que la propia Carta Magna desmiente.

Al respecto, en tiempos de negación y abuso sistemático por parte de Fuerza Popular, vale reafirmar que el Congreso bicameral es un organismo único con dos cámaras, no dos poderes con competencias legislativas separadas. La Cámara de Diputados forma parte de ese mismo cuerpo, y su participación en la formación de las normas está reconocida en el mismo texto que Torres invoca para respaldarse.

La consecuencia es que, en términos prácticos, esa postura equivale a declarar que Diputados no legisla.

Y lo alarmante para el futuro legislativo es la reincidencia en el desconocimiento de la Constitución con la insistencia en la negativa a rectificar lo que pudo haber sido un error. En otras palabras, la defensa de ese error lo convierte en posición institucional.

Y eso es, en suma cuenta, la instauración ilegítima de un unicameralismo de facto en donde la representación de la cámara baja termina siendo tratada como un proceso administrativo.