Congreso apunta a tomar el sistema judicial y electoral
Maniobras. Ayer juró Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo y agradeció a los partidos de Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón por apoyarlo. Lo que viene en el Legislativo es el intento por tomar la Junta Nacional de Justicia, reemplazar al magistrado Augusto Ferrero en el TC por uno acorde a sus intereses, modificar la Constitución para acusar a los titulares del JNE y la ONPE y capturar la Mesa Directiva.
Al cierre de esta nota, la captura de la Defensoría del Pueblo estaba consumada formalmente. Pasadas las 5 de la tarde, en la sala Raúl Porras Barrenechea, del Palacio Legislativo, ante la mirada de sus aliados, el exabogado de Vladimir Cerrón Josué Gutiérrez juró como nuevo defensor del Pueblo.
En su primer discurso dijo que “la Defensoría no puede ser tienda de un partido político”. Sin embargo, eso no le impidió agradecer a los partidos que lo pusieron en el cargo. “Debo reconocer la participación activa en la política de Fuerza Popular, Perú Libre, Podemos Perú, Somos Perú, Renovación Popular y otros partidos. Mi gratitud con distintas bancadas como el Bloque Magisterial y Perú Bicentenario”, manifestó.
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Gutiérrez, además, le mandó un mensaje a Dina Boluarte. “No habrá paz, cuando hay una brecha social muy grande. Iniciaremos un proceso que nos permita afrontar nuestras necesidades”, prometió.
Pero no es el único que va a iniciar procesos. Su asunción en el Congreso es el comienzo de toda una estrategia que apunta a copar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el último cupo del Tribunal Constitucional y amedrentar a los organismos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Los atacan. Congreso busca que los magistrados del JNE se sometan a antejuicio político. Foto: difusión
El interés por la JNJ
Gutiérrez, por el cargo que ostenta, en teoría, el próximo año presidirá la Comisión Especial que dirige el concurso público para los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución encargada de nombrar y destituir a jueces y fiscales.
Los líderes de los partidos políticos que eligieron a Gutiérrez como defensor tienen investigaciones fiscales pendientes. Gutiérrez ha asegurado que habrá autonomía en su manejo del concurso público para la JNJ. Sin embargo, en los Pasos Perdidos aguardan que cumpla todo lo planteado durante las negociaciones con las bancadas. Caso contrario, será una carta prescindible.
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En el Congreso hay un proyecto de ley, impulsado por Alejandro Muñante, de Renovación Popular, que plantea que el presidente de la Comisión Especial de la JNJ esté bajo el liderazgo del presidente del Tribunal Constitucional (TC).
El actual titular del TC es el magistrado Francisco Morales Saravia, pero su mandato vence el próximo año. El 2024 será clave para el sistema judicial porque también se iniciará el concurso público para la JNJ.
En la mira. En 2024 se elegirán a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Foto: difusión
La Comisión Especial que elegirá a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia está integrada por el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; el presidente del TC, Francisco Morales; la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el contralor Nelson Shack; y un representante de las universidades públicas y otro de las privadas.
Pero con Morales con el mandato vencido y con un Congreso interesado en modificar la composición de esa comisión, la presidencia puede caer en manos ajenas al defensor.
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El TC otra vez en juego
La elección de Gutiérrez guarda relación con la del Tribunal Constitucional. El magistrado Augusto Ferrero tiene el mandato vencido desde enero. El Congreso le busca un reemplazo.
Para inicios de abril, Gutiérrez no era el favorito para la Defensoría. Lo era el abogado y juez Pedro Cartolín, candidato invitado por Podemos Perú, partido del investigado por lavado de activos José Luna Gálvez. Cuando la Comisión Especial a cargo de elegir a los candidatos aptos para la Defensoría definió su terna de finalistas, Cartolín terminó en primer lugar, Gutiérrez en segundo y Jorge Rioja tercero. Pero días después, de manera inexplicable, Cartolín renunció. De esa forma, el partido de Luna Gálvez se quedó sin candidato y el camino estaba servido para Gutiérrez.
Dos días después de que esa comisión envió su informe y la lista de los finalistas, con Gutiérrez y Rioja en la fórmula, al presidente del Congreso, José Williams, se instaló otro importante grupo de trabajo: la Comisión Especial a cargo del concurso público para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Esta comisión necesitaba un presidente. El fujimorismo, mediante el congresista Arturo Alegría, recomendó a José Elías Ávalos, de Podemos Perú. Esta sugerencia fue avalada por sus colegas Roselli Amuruz, de Avanza País, y José Jerí, de Somos Perú.
Cambio. El próximo año, el Tribunal Constitucional debe elegir a su nuevo presidente. Foto: difusión
El fujimorismo había apoyado que Gutiérrez sea finalista en el proceso de elección del defensor y a su vez había conseguido que el partido de José Luna Gálvez presida la comisión que definirá los postulantes para reemplazar al magistrado Augusto Ferrero.
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Alegría, quien votó a favor de Gutiérrez como finalista, recomendó a Elías Ávalos como presidente de la Comisión Especial para el nuevo TC. Trascendió que el plan del partido de Keiko Fujimori, en vista que había fracasado la postulación de la exministra de Justicia, Delia Muñoz, a la Defensoría, era promoverla al tribunal. Muñoz, en diálogo con Epicentro TV, rechazó esa versión.
Dos tercios aliados
Para elegir a un magistrado del TC se necesitan 87 votos. Gutiérrez fue electo defensor con 88. Bastaría con los votos de los aliados del fujicerronismo para que el Congreso imponga un reemplazo de Ferrero.
Pero, además, con esa misma cantidad de votos, el Congreso puede aprobar las leyes que les plazca, entre ellas, una para cambiar la composición de la JNJ y también modificar la Constitución para que los representantes del JNE y la ONPE sean pasibles de denuncias constitucionales.
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En el Congreso hay seis proyectos de ley –de Acción Popular, APP y Avanza País– para que la Constitución permita someter a los jefes electorales al proceso de antejuicio político. De esa forma, buscan condicionar la autonomía de estas instituciones cuando dirijan las próximas elecciones.
Pero no conformes con ello, estos mismos aliados elegirán en julio una nueva Mesa Directiva del Congreso acorde a sus necesidades.
Se saludan los aliados. El defensor Josué Gutiérrez estrecha la mano de la acciopopulista Silvia Monteza, quien votó a favor de su elección. José Williams observa complacido. Foto: Marco Cotrina/La República
