Congreso busca más control en el sistema judicial

Hay un doble interés del Congreso, en relación con el proceso en curso para la elección del defensor del Pueblo: por un lado, tener un margen de influencia sobre los actos de la Defensoría y, por otro, ejercer un mayor control en la futura elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En enero del 2025 vence el mandato de cinco miembros de la JNJ. Y no hay reelección. Esto implica que a mediados del 2024 ya se debe instalar la comisión para elegir a los nuevos integrantes de esta instancia clave en el sistema de justicia.

Y dicha comisión tiene como presidente nada menos que al defensor del Pueblo, según la ley orgánica de la JNJ. Sobre esa base, el Congreso alista algunos ajustes para asegurar el control del proceso de elección de los nuevos miembros de la JNJ.

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Proyecto riesgoso

El pasado 4 de mayo, el legislador Alejandro Muñante, de la bancada Renovación Popular, presentó un proyecto de ley sobre la elección para la JNJ.

Actualmente, la comisión especial de elección para la JNJ solo la puede presidir el defensor o defensora del Pueblo, pero Muñante plantea que esta comisión también pueda ser dirigida por el presidente del Tribunal Constitucional (TC).

Es decir, el magistrado Francisco Morales, actual titular del TC y cercano al fujimorismo, podría ser el encargado de dirigir la comisión especial para la elección de la JNJ.

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Francisco Morales asumió la presidencia del TC a inicios de setiembre del 2022. Es decir, su mandato se extiende hasta agosto del 2024 y puede ser reelegido por un año.

Entonces, podría empalmar con el proceso de selección para la JNJ (Fuentes del Congreso informaron que Francisco Morales también ha tomado con especial interés la elección del defensor del Pueblo).

Ahora bien, Muñante plantea este escenario en situaciones en que no haya un defensor titular elegido por el Congreso, tal como ocurre ahora.

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Muñante aborda esta eventualidad en los argumentos de su proyecto, al aludir a las dificultades que supone elegir al defensor. Y hace mención a un supuesto “riguroso proceso” y llega a la mentira cuando señala que la selección es “mediante un concurso público”.

Una grave amenaza

Cruz Silva, coordinadora de Justicia Viva del IDL, organización que jugó un rol clave en el desmantelamiento del ex-Consejo Nacional de la Magistratura, advierte una clara intromisión política con el proyecto de ley.

“El proyecto viola las garantías de la independencia judicial y fiscal, y contradice a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha recomendado no hacer cambios legales que debiliten aún más esta democracia, que ya no es democracia”, expresa.

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Cruz Silva subraya que el Congreso debe motivar bien los cambios que hacen a las leyes orgánicas. “No pueden legislar por legislar”, recalca.

La palabra

Cruz Silva, IDL - Justicia Viva

“El cambio que se propone, para que sea el TC y no la Defensoría, es una evidente intromisión política en la JNJ por medio de un funcionario que no da garantías de independencia e imparcialidad con el poder político”.

Retroceso

Plantean que un TC afín al Congreso pueda dirigir la comisión especial que elige a miembros de la JNJ.