Walter Albán: “Ahora es la Defensoría de los congresistas, han elegido un ofensor del pueblo”

—Usted señala que nos han arrebatado la Defensoría del Pueblo. ¿Qué hay detrás de la elección de Josué Gutiérrez en esta institución?

—Hay varias cosas a considerar en una respuesta a este problema. Para comenzar, que lo que se espera de un defensor o defensora del Pueblo es todo lo contrario a lo que tendría que ver, no solo con quien ha sido elegido, sino con todos los que formaban parte de la lista de finalistas. Es el resultado de un proceso que, a mi juicio, no guarda ninguna relación con lo que se persigue para una elección a defensor del pueblo. Fue un proceso opaco, ajeno a la ciudadanía, donde prácticamente a dedo el Congreso, que ya viene haciendo varias cosas que afectan directamente la democracia, ha conseguido al parecer poner a alguien de su confianza, que les garantice que no habrá una Defensoría que pueda resultarles crítica o se convierta en una piedra en el zapato. Y al mismo tiempo, sea una Defensoría que les pueda ser funcional a otros propósitos, que están cada vez más claros…

—¿A qué se refiere?

—Por ejemplo, de qué manera controlar la designación que corresponda hacer hacia adelante de los miembros de la Junta Nacional de Justicia que, como sabemos, por una reforma constitucional, se tiene que realizar a través de una comisión especial presidida por la Defensoría del Pueblo.

—¿En qué se puede convertir la Defensoría?

—Lo que he sostenido y sostengo es que este Congreso ha perdido todo escrúpulo. Están en un afán impresionante de copar todas las instituciones. Han destruido lo que teníamos de institucionalidad democrática. Capturaron el Tribunal Constitucional y la Sunedu, se preparan para capturar el Jurado Nacional de Elecciones, ONPE y Reniec. Quieren controlar todo el sistema judicial, no les basta con la fiscal de la Nación. A través de la Defensoría quieren copar la Junta Nacional de Justicia, contra cuyos miembros ya iniciaron un proceso de acusación constitucional.

—Regresamos a los 90…

—Yo diría que estamos en una situación en que no hay nada más parecido a lo que tuvimos durante el gobierno corrupto y violador de derechos de Alberto Fujimori, cuando prácticamente avasallaron con todo el Estado y anularon el equilibrio de poderes. Tengo la impresión de que la presidenta Boluarte es rehén de este Congreso, le sirve de paraguas para cobijarse y proyectarse hasta el 2026, pero ella no tiene ninguna autoridad real, y quienes están dirigiendo esto son organizaciones que no reconocería como políticas, sino que entran al tráfico de intereses, que muchas veces esos grupos están vinculados a cuestiones mafiosas y hasta delictivas. Entonces, todo se negocia. El Congreso podría dejar el nombre de Palacio Legislativo para ser un mercado Persa, donde todo se negocia dependiendo de qué beneficios conceda o me van otorgar.

—Y no tienen ningún reparo. Por ejemplo, un congresista de Acción Popular explica su voto porque una trabajadora de su despacho le mandó un mensajito diciendo que era su paisano…

—Es que no tiene nada que decir que corresponda a lo que les interesa. Lo que explica que ha tenido el respaldo de casi todas las organizaciones representadas en el Congreso, es porque todos tienen rabo de paja, tienen investigaciones por distintos delitos y les interesa controlar el sistema judicial. Es como poner a alguien que sienten de los suyos, que saben que será funcional a lo que requieran hacer más adelante, y que anula la posibilidad de que exista una Defensoría que, por ejemplo, bajo la conducción de Eliana Revollar ha estado permanentemente dando reporte de los conflictos, ha hecho seguimiento a las protestas y mucho de lo que han recogido los informes de Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que ver con el trabajo de la Defensoría. Eso ya no va a existir más. Nos han arrebatado la Defensoría, pero tenemos que ser conscientes de que la única manera de recuperar nuestra democracia y llevar la decencia a la política es actuando ya, movilizándonos, articulándonos. En diferentes momentos, la sociedad civil ha dado muestras de tener la capacidad de actuar, poner un freno y decir basta. Eso hace falta en este momento.

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—La cruenta represión en las últimas protestas puede frenar otras manifestaciones…

—Las movilizaciones de diciembre y enero pasados se circunscribieron al sur andino y fueron brutalmente reprimidas. Esto no anula esa capacidad. Ha habido un reflujo, pero ya se viene anunciando que se retomará. Pero esto debería ir articulándose con otras movilizaciones y organizaciones en diferentes lugares del país. No por gusto entre el 80% y 90% de la opinión pública peruana repudia este Congreso y Gobierno. Está generándose la reacción que permita volver a expulsar esta gente del aparato de Gobierno, recuperar nuestra democracia y poner decencia en la política. Todos ellos tendrán que recordar lo que le pasó a Rodríguez Medrano, a Blanca Nélida Colán, al señor Portillo y todos los que puso el fujimorismo en su época: tuvieron que dejar los cargos y enfrentar procesos. Tarde o temprano nos movilizaremos en un planteo plural, que no se discuta que es de derecha o de izquierda. Podremos enfrentarlos con éxito si comenzamos a reaccionar articuladamente.

—El fallo de la Suprema que desconoce el derecho a la protesta puede paralizar más a la ciudadanía…

—Ese fallo ha tenido una redacción que no es la más feliz, pero no está haciendo referencia a negar la posibilidad de protestar con todo derecho. Se refiere a manifestaciones en las cuales se produce la destrucción de propiedad pública o privada, o se pone en riesgo la vida o integridad de otras personas. Las manifestaciones violentas nunca han conseguido los mejores resultados, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la recuperación democrática…

—Por lo que dice, entonces, ¿con Gutiérrez la Defensoría ya no protege a la población?

—Ahora es la Defensoría de los congresistas, por eso digo que más que un defensor, han elegido un ofensor del pueblo.