Fujimorismo propone a Delia Muñoz, exministra de Merino, como candidata a defensora del Pueblo
La exfuncionaria asumió la cartera de Justicia y Derechos Humanos durante el Gobierno de Manuel Merino de Lama. Formó parte del cuestionado gabinete de Ántero Flores Aráoz.
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El Congreso continúa con los intentos de escoger un nuevo representante de la Defensoría del Pueblo a su medida. Tras haber iniciado el proceso de elección del nuevo defensor de Pueblo, que inicialmente fue invalidado por el Poder Judicial y que posteriormente se reactivó con el apoyo del Tribunal Constitucional —que fue elegido también a su conveniencia el año pasado—, el Legislativo continúa postulando nombres de candidatos a su conveniencia. Esta vez, el fujimorismo optó por un viejo personaje conocido del cuestionado gabinete de Manuel Merino.
En un documento al que tuvo acceso La República, los representantes de la bancada de Fuerza Popular presentaron ante la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección del Defensor del Pueblo a la abogada Delia Muñoz Muñoz, quien fue invitada por dicho partido y ya se encuentra en carrera para ser evaluada entre las demás opciones.
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Sin embargo, sobre Muñoz Muñoz existiría un antecedente preocupante respecto a la vigilancia de los derechos humanos y el orden constitucional, ya que estuvo a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos durante el Gobierno del expresidente golpista Manuel Merino de Lama.
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El documento, que fue firmado por la congresista Patricia Juárez en su calidad de portavoz de la Bancada, señala que, en atención a esta solicitud, se han adjuntado los formatos 1, 1-A, 1-B, 1-C y 1-D a fin de incluir debidamente a Delia Muñoz entre los candidatos.
¿De qué manera el TC respaldó al Congreso para la elección de un defensor del Pueblo entre cuestionamientos?
El último jueves, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial presentada por el Congreso de la República sobre una serie de procesos en los que intervino el Poder Judicial. El resultado fue que falló a favor del Legislativo, de manera que lo dotó de poder sin miramientos ni limitaciones.
Entre los procesos por los cuales el TC otorgó poder absoluto al Parlamento está la elección de un nuevo defensor del Pueblo, cuya elección inicial fue suspendida debido a irregularidades.
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