Poder Judicial confirma condena de 9 años contra gobernadora de Lima por peculado
Rosa Vásquez fue condenada el 2025. Este año el Juzgado ratificó su decisión y ordenó su captura inmediata. Además, se le pide el pago de reparación civil por S/1.900.000 junto a Wálter Tovar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo caso por su participación en delitos contra la administración pública.
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La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Lima Este confirmó, por unanimidad, la condena de nueve años de prisión contra la gobernadora de Lima, Rosa Vásquez, por el delito de peculado doloso.
Además, se ordenó su captura inmediata y una reparación civil de S/1.900.000. Este pago deberá ser abonado de manera conjunta con Wálter Tovar Macutela, quien fue sentenciado en el mismo caso por su participación en delitos contra la administración pública.
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La condena en primera instancia se dictó en diciembre último, tras una investigación por irregularidades detectadas en procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios durante la gestión de Vásquez Cuadrado como alcaldesa de Huarochirí.
De acuerdo con los elementos probatorios y las investigaciones, el Juzgado determinó que Vásquez Cuadrado era culpable de los delitos de peculado por apropiación y falsificación de documento.
La organización criminal 'Los compadres de la corrupción' utilizaba el aparato estatal para el direccionamiento de contratos y el favorecimiento a proveedores específicos.
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Los cargos
El 2025, la condena impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y respaldada por evidencia recopilada por la Policía Nacional a través de la Dircocor se fundamenta en actos de corrupción que se remontan a su gestión como alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Huarochirí, específicamente vinculados al caso del Centro Cívico de Matucana y su auditorio.
Se acreditó un perjuicio económico al Estado, debido a que la obra del centro cívico de Matucana fue sobrevalorada y quedó inconclusa, a pesar de que la municipalidad desembolsó una suma mayor a la que realmente debió costar la construcción.
En el mismo proceso judicial, se investigaron cargos por falsificación de documentos públicos relacionados con la obra, donde se detectaron rúbricas falsificadas en resoluciones gerenciales que permitieron el desembolso de fondos.
Indicaron que el mecanismo de corrupción se basaba en la adjudicación de obras y servicios a personas con las que la gobernadora o altos funcionarios mantenían una estrecha relación personal o familiar, incluyendo vínculos de compadrazgo (padrinos de bautizo, etc.).
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