Derrame de petróleo en Loreto: la comunidad indígena awajún protesta y bloquea carretera
Más de un año después de la fuga registrada en el Oleoducto Norperuano, comunidades awajún de Manseriche afirman que continúan consumiendo agua con residuos petroleros expuestos y que no reciben atención médica especializada. Por eso han vuelto a tomar la carretera Saramiriza–Bagua.
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El apu (jefe) de la comunidad nativa de Pijuayal, Gil Huajuyat Petsain, quien reside en el distrito de Manseriche (Loreto), recuerda con nostalgia su infancia marcada por el agua. Las quebradas eran el centro de la vida: allí se bañaban, pescaban, jugaban y se abastecían.
“Nosotros siempre hemos vivido abandonados por el Estado. Pero antes teníamos agua. La naturaleza nos daba una quebrada para consumir, pescar, bañarnos. Ahora es muy triste. Toda la población ha dejado eso. Hoy estamos concentrados en pedir apoyo, buscamos tener agua permanente, segura, como antes”, afirma Gil Huajuyat.
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Esa forma de vida cambió el 19 de marzo de 2025. Según los testimonios recogidos y documentos de la comunidad, una ruptura en el Tramo II del Oleoducto Norperuano, operado por la empresa estatal Petroperú, provocó un derrame de crudo que alcanzó la quebrada que abastece a Pijuayal.
“El olor nos despertó. Cuando llegamos a la quebrada, vimos la mancha negra sobre el agua”, relata el apu Huajuyat, la máxima autoridad de este poblado.
Pobladores inspeccionan el cauce tras el derrame de hidrocarburos, donde se observan manchas oscuras adheridas a las rocas y la superficie del agua. Foto: Defensoría del Pueblo
Desde entonces, el acceso al agua se convirtió en el principal problema. La quebrada —única fuente de abastecimiento— quedó contaminada. La población empezó a depender de lluvias o de recorridos largos para conseguir agua.
“Una persona no puede vivir sin agua. Aquí hay niños, hay colegios. No hay cómo abastecer”, señala Huajuyat.
PROTESTAS, BLOQUEO Y ESCALAMIENTO
El conflicto se ha intensificado en las últimas semanas. De acuerdo con el pronunciamiento emitido por la comunidad el 28 de abril de este año, tras más de 20 días sin respuesta a compromisos asumidos por el Estado, los awajún decidieron reiniciar el bloqueo de la carretera Saramiriza–Bagua.
“Las comunidades acuerdan retomar el bloqueo por falta de agua segura, contaminación de la quebrada y ausencia de atención estatal”, señala el documento firmado por el apu Huajuyat.
Las medidas ya están en ejecución. Según los testimonios recogidos, las comunidades awajún llevan cinco días de marchas e interrupciones de la vía y han anunciado que el bloqueo será indefinido.
Días antes, el domingo 26 de abril, pobladores ingresaron a las instalaciones de Petroperú en la zona, en una primera acción directa. “Eso lo vamos a hacer permanentemente si no hay respuesta. La población ya no aguanta”, advierte el jefe Gil Huajuyat. No descartan tomar nuevamente la Estación 5 del Oleoducto Norperuano.
COMPROMISOS SIN CUMPLIR
La protesta estalló tras una serie de compromisos que, según la comunidad awajún, no se han ejecutado. El 23 de febrero de este año, en una reunión con participación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se dejó constancia de la necesidad de iniciar la limpieza de la quebrada contaminada. Sin embargo, los residuos petroleros continúan expuestos.
En su pronunciamiento del 28 de abril, la comunidad exige la instalación de agua segura y permanente, la limpieza integral de la quebrada, el retiro de residuos con presencia de hidrocarburos, el pago a trabajadores locales y atención médica.
Comunidad de Pijuayal anuncia bloqueo y exige agua segura, atención médica y limpieza tras derrame.
“Han pasado más de seis meses y no hay pago al personal que trabajó en limpieza. Tampoco han retirado los residuos. Todo sigue ahí”, indican dirigentes.
'NOS PICA EL CUERPO'
La falta de agua segura ha obligado a la población a seguir utilizando fuentes contaminadas. Esto ha generado efectos en la salud que, según los propios pobladores, no han recibido tratamiento por la ausencia de servicios básicos.
“Los niños se bañan y toman esa agua. Después vienen las enfermedades, pero no tenemos cómo saber exactamente qué tienen”, señala el apu Huajuyat.
Yoli Borja, dirigente que sigue el caso desde la región Loreto, advierte que la afectación va más allá del acceso al agua. “Es una comunidad grande, con niños, adultos mayores, madres gestantes. Todos están expuestos porque consumen agua de quebradas contaminadas por el derrame”, afirma.
Restos de hidrocarburo afloran en el suelo y se acumulan entre la vegetación en la zona afectada por el derrame.
Según explica Borja, los síntomas ya son visibles en la población: “Los niños presentan diarreas, alergias en la piel. También hay problemas de salud que no se pueden detectar a tiempo porque no hay servicios adecuados”, señala.
A estos cuadros se suman los brotes cutáneos descritos por los propios comuneros. “Nos pica el cuerpo, salen granitos”, relatan.
El impacto también alcanza el entorno natural. En los meses posteriores al derrame, los pobladores reportaron peces muertos flotando en las quebradas, una imagen que alteró la vida cotidiana de la comunidad.
“Los peces ya no se pueden consumir. La pesca era parte de su vida diaria. Ahora todo está afectado por la contaminación”, añade Borja.
CONTAMINACIÓN DESATADA
A más de un año del derrame, tampoco existe claridad sobre posibles afectaciones más graves en la salud de la población. No se ha determinado si los habitantes han estado expuestos a metales pesados como plomo, mercurio u otros compuestos presentes en el crudo, debido a la ausencia de evaluaciones médicas especializadas en la zona.
Sin embargo, La República accedió a un informe técnico de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), del 25 de julio de 2025 —cuatro meses después del derrame—, en el que ya se advertía la presencia de hidrocarburos y metales por encima de los estándares ambientales en varios puntos de monitoreo en Manseriche.
El documento, basado en muestras tomadas entre marzo y mayo de 2025, identificó concentraciones de plomo, cromo y compuestos altamente tóxicos como benzo(a)pireno y antraceno en niveles que exceden los estándares de calidad ambiental para ríos de la Amazonía.
Pese a estos resultados, la comunidad no cuenta con hospitales equipados ni se han desplegado brigadas con capacidad de análisis toxicológico que permitan determinar el impacto real de esta exposición en niños y adultos.
SILENCIO GUBERNAMENTAL
Las comunidades sostienen que no existe una intervención sostenida. “Si esto pasara en una ciudad, en días ya habría emergencia. Pero aquí estamos en la selva. Ya llevamos un año y un mes abandonados”, afirma el apu Gil Huajuyat.
Pobladores caminan por la vía Saramiriza–Bagua durante el bloqueo, en protesta por la inacción a más de un año del derrame de hidrocarburos.
Antes de llegar a las protestas, la comunidad envió múltiples solicitudes a distintas entidades del Estado. “No es que no hemos avisado. Hemos mandado documentos, hemos pedido reuniones. No hay respuesta”, indican.
Y parecen tener razón. La República solicitó descargos al Ejecutivo sobre las acciones que se adoptarán frente a la emergencia en Manseriche. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros solicitaron una prórroga para precisar su posición ante un problema que —parecía— desconocían.
Mientras tanto, las comunidades mantienen el bloqueo de la carretera y advierten que las medidas continuarán. “Nosotros también somos personas. Si ellos se pusieran en nuestro lugar, entenderían. Los awajún vamos a seguir luchando hasta tener una respuesta”, concluye el apu de Pijuayal, Gil Huajuyat.
