Ayacucho: 17 víctimas del periodo de violencia vuelven a encontrarse con sus familias
En una ceremonia realizada en la Basílica Catedral de Huamanga, el Ministerio Público entregó los restos de 17 víctimas de la violencia sociopolítica ocurrida entre 1980 y 1993. Tras décadas de espera, familias de Huanta, La Mar y otras provincias pudieron dar sepultura digna a sus seres queridos.
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Ayacucho revive el dolor. Son las 11:45 de la mañana del miércoles 25 de febrero de 2026. El cielo está gris y parece querer llorar sobre Huamanga. En el atrio de la Catedral, un conjunto interpreta huaynos de despedida: “No quiero duelo cuando yo muera, tampoco llantos cuando me vaya”. La melodía acompaña la lectura de los 17 nombres que, uno a uno, vuelven a escucharse en voz alta.
A la hija de Raymundo de la Cruz Vega la convocaron ese día. Cuarenta y cinco años después de su asesinato, sus restos regresarían a sus manos. “Es un dolor inmenso, es como si hubiera pasado el día de ayer. Es injusto lo que han hecho con mi padre, quitármelo, arrancármelo a una edad muy temprana. No poder haber recibido su amor, su cariño, me hizo mucha falta. Todos estos años he esperado enterrarlo o tenerlo para darle siquiera un abrazo. Ahora lo recibo en un simple cajón. Yo tenía 7 años y frente a mí lo mataron”, dice con la voz quebrada.
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Tres niños quedaron huérfanos: una niña de siete años, otra de tres y un bebé de nueve meses. Crecieron sin su padre. “Fue Clemente Noel quien mandó a bombardear mi pueblo”, agrega, aludiendo al general EP Roberto Clemente Noel Moral, nombrado a fines de 1982 jefe político-militar de la zona de emergencia que comprendía Huamanga, Huanta, La Mar, Cangallo y Víctor Fajardo. Bajo control militar, Ayacucho ingresó en uno de los periodos más cruentos del conflicto armado interno.
Ministerio Público entregó los restos de 17 víctimas de la violencia sociopolítica ocurrida entre 1980 y 1993. Foto: Ministerio Público
Relatos del horror
La ceremonia no solo cerró un proceso forense, reabrió historias que permanecieron enterradas por más de cuatro décadas. Cada ataúd simbólico contenía huesos, fragmentos de ropa, elementos asociados. Cada nombre traía consigo un relato.
Benjamín Balbino Quichca Licas fue ejecutado el 8 de abril de 1983 en el sector Wiska, en Chapccara Cruz. Sus restos fueron exhumados el 22 de abril de 2025. Su hijo viajó cinco horas desde Espite para recibir el cajón.
Ese mismo 8 de abril de 1983, en el barrio San Miguel del distrito de Vilcanchos, presuntos efectivos de la Guardia Civil —conocidos como “sinchis”— provenientes de la comisaría de Huanca Sancos e ingresados en helicóptero desde la base militar de Totos, incursionaron en el paraje Piscco Pata. Guiados por un poblador previamente detenido, ingresaron a una choza donde se encontraba Raymundo de la Cruz Vega, de aproximadamente 33 años, técnico veterinario. Le dispararon y abandonaron su cuerpo a la intemperie. Décadas después, el 23 de abril de 2025, sus restos fueron recuperados para su identificación.
El 5 de abril de 1984, en Unión Mantaro, Canaire —hoy distrito de Llochegua, Huanta—, infantes de Marina asesinaron a 24 pobladores y secuestraron a dos más. Entre las víctimas estaba Julia Maribel Palomino Lizana, de 30 años.
El 1 de mayo de 1984, una columna de Sendero Luminoso incursionó en el poblado de Chirecc. Cinco personas murieron en el ataque posterior, entre ellas Hilario Chimaico Huamán.
Antonio Vega Gonzales fue detenido en abril de 1983 en Vilcanchos por presuntos “sinchis”. Tras ser torturado, fue ejecutado en el paraje Yuracc Yaku. Sus restos fueron recuperados el 24 de abril de 2025. Cuando su nombre es pronunciado en la Catedral, solo se acerca un hombre: su sobrino, ya mayor de 60 años. Organizó el velorio y el entierro. Invitó a los ayacuchanos a acompañarlo en el acto de memoria.
En noviembre de 1984, en Corpacancha (Huanta), Saturnino Velásquez Ccasapoma, María Huaracca Huaylla y Benita Cunto Ñaupari fueron capturados por personas desconocidas y asesinados con armas punzocortantes y objetos contundentes en el paraje Rayoccasa.
En Ccarhuapampa (Tambo, La Mar), la noche del 26 de enero de 1993, presuntos senderistas ingresaron a la vivienda de Manuel Quispe Yupanqui y Melchora Hinostroza Fernández y los asesinaron con disparos. Sus cuerpos fueron hallados al amanecer por su hija.
En Runguyocc (Huanta), el 1 de noviembre de 1984, presuntos senderistas torturaron y asesinaron a Rosalino Lagos Bando y a su esposa Cirila Pérez Sulca. Solo se logró ubicar e identificar los restos de Rosalino; la búsqueda de Cirila continúa. Cuando el micrófono pronuncia su nombre, dos ancianos se acercan lentamente a recibir el diploma y el pequeño ataúd.
Indalecio Fernández Huayllaccahua fue golpeado y torturado por presuntos senderistas en Chaquihuaycco–Sayhua Llamanniyocc, falleciendo horas después.
En Warmi Wañuscca, Rayanccasa (Tambo, La Mar), el 5 de noviembre de 1984, integrantes de la Marina y comités de autodefensa asesinaron a miembros de la familia Quispe Araujo: Paulina Araujo Ccarahuanco y sus hijos Samuel, Jacinto, Martina y Alejandro, además de José Araujo Chávez y Paulino Quispe Araujo. Varias de las víctimas eran menores de edad.
En Huanta, en 1984 o 1985, presuntos senderistas sacaron de su vivienda a Dionisio Cusiche Vargas y lo asesinaron con cuchillo y piedra por haber sido licenciado de las Fuerzas Armadas.
En una ceremonia realizada en la Basílica Catedral de Huamanga, se entregaron los restos. Foto: Ministerio Público
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Un acto de reparación
La ceremonia culmina con las palabras de Lidia Flores de Huamán, dirigenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep), quien recuerda que la lucha por justicia continúa: “Así ustedes ya hayan recuperado a sus desaparecidos, aún hay miles esperando por encontrar a sus seres queridos”. En un abrazo, las familias se reconocen en el mismo duelo.
Los restos fueron recuperados tras procesos de búsqueda, exhumación e identificación forense desarrollados por el Ministerio Público en el marco de investigaciones humanitarias. En algunos casos, la localización de otras víctimas aún continúa.
La entrega constituye un acto de reparación que permite a los familiares dar sepultura digna a sus seres queridos después de más de cuatro décadas de incertidumbre.
Pasado el mediodía, los ataúdes simbólicos son llevados por manos temblorosas. Algunos cajones continuarán viaje a viviendas cercanas, otros recorrerán varias horas hasta comunidades alejadas. Ayacucho, epicentro de la violencia entre 1980 y 2000, vuelve a mirar su pasado. Otra vez, con nombres restituidos y con familias que, al menos, intentan cerrar una herida que parece incurable.
