Jorge Montoya confirma ensañamiento contra exfiscal de la Nación: "La decisión ha sido Delia Espinoza y punto"
El congresista Jorge Montoya sustentó la inhabilitación de la fiscal Delia Espinoza por 10 años. Sus alegatos no pudieron ocultar el verdadero motivo: persecución política como represalia por las investigaciones de Espinoza contra varios congresistas.
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- Jorge Montoya confirma que la inhabilitación de Delia Espinoza responde a intereses particulares.
- Montoya evita justificar la exclusión de otros fiscales involucrados en la denuncia.
- Acusa a Espinoza de ser un "peligro público" por abrir investigaciones contra parlamentarios.
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El congresista Jorge Montoya, de la bancada Honor y Democracia, reveló los verdaderos intereses que tuvo el Congreso para inhabilitar a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Al ser cuestionado de por qué solo se inhabilitó a Delia Espinoza y no a los fiscales Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, quienes también formaban parte de la denuncia constitucional en un inicio, el parlamentario tuvo una respuesta vaga y sin fundamentos, que respondería a intereses particulares: "La decisión ha sido que sea la señora Delia Espinoza y punto. No hay más que discutir ahí".
La tajante declaración de Montoya, que evita justificar la exclusión de los otros fiscales supremos, fortalece la hipótesis de que el Congreso priorizó la sanción contra Espinoza por motivos ajenos al debido proceso, buscando responder a agendas políticas o personales específicas dentro del Poder Legislativo.
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Esta declaración se alinea con lo que expuso en su sustentación ante el Pleno del Congreso, donde argumentó motivos diferentes por los cuales se pedía la inhabilitación de la magistrada. "Resulta inaceptable que se atreva a amenazar a la representación nacional (...) Su proceder de denunciar a congresistas en el ejercicio de sus funciones es desproporcionado y beligerante", expresó. Seguidamente, acusó de "peligro público" a Delia Espinoza por abrir investigaciones contra los parlamentarios.
Todas estas acusaciones responderían a intereses políticos, teniendo en cuenta que la denuncia constitucional contra la suspendida fiscal de la Nación fue por un supuesto "desacato" a la Ley 32130, norma que restablece la facultad a la Policía Nacional para liderar las investigaciones preliminares de delitos.
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