Cuatro víctimas de terroristas y militares durante la violencia política fueron entregadas a sus familiares
La Fiscalía entregó en Ayacucho los restos de cuatro personas asesinadas entre 1984 y 1986, como parte de los procesos de identificación forense y restitución a familiares afectados por la violencia política.
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Los restos de cuatro personas asesinadas entre 1984 y 1986 en el contexto del conflicto armado interno fueron entregados a sus familiares por parte de La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ayacucho, dirigida por el fiscal provincial Carlos Palomino Quispe.
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La ceremonia fue liderada por los fiscales Ingrid Carrasco Morales y Jimmy Inga Gutiérrez y también estuvieron presentes los representantes del Equipo Forense Especializado (EFE).
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Según la información fiscal, dos de las personas, Gregoria Santi y Nicanor Alarcón, murieron en abril de 1984 durante un ataque atribuido a un grupo subversivo que atacó al centro poblado de Yerbabuena en el que asesinaron a 25 personas.
Mientras que las otras dos corresponden a víctimas de acciones vinculadas a operativos militares ocurridos en la misma época. Por un lado, en mayo de 1995 en el pueblo de Oronccoy, Gerardo Orosco, fue asesinado con objetos punzocortantes cuando regresaba de sus labores como guía de militares.
Por otro lado, en mayo de 1986, varias familias refugiadas en el paraje Chaquiccmayo, en la comunidad de Huallhua, fueron atacadas por una patrulla de la base militar de Mollebamba, entre sus víctimas se encontraron a Andrea Enderica y su hija menor de edad.
Víctimas de la violencia, según la CVR
Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), el conflicto armado interno que afectó al Perú entre 1980 y 2000 dejó alrededor de 70 mil víctimas mortales. Ayacucho fue una de las regiones que soportó el mayor nivel de violencia.
De acuerdo con la CVR, las muertes y desapariciones fueron causadas por Sendero Luminoso, y agentes del Estado —como miembros del Ejército y la Policía— y de grupos civiles armados, entre ellos las rondas campesinas.
En ese periodo, se registró un incremento de ejecuciones extrajudiciales en distintos distritos andinos, producto tanto de operaciones contrainsurgentes como de choques directos entre actores del conflicto.
