Relatora de la ONU expresa su preocupación sobre situación de Delia Espinoza: "Estos ataques siguen intensificándose"

Jalón de orejas internacional. La relatora especial sobre la independencia de jueces y abogados de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, se pronunció sobre la situación de Delia Espinoza y los impedimentos que han evitado que retome su puesto en el Ministerio Público, pese a existir una disposición judicial que ordenaba su reincorporación. Satterthwaite afirmó que en los últimos meses ha prevalecido un ambiente hostil contra Espinoza.

“Atacar a la fiscal Espinoza mediante procedimientos disciplinarios, suspensiones, amenazas a su seguridad al retirarle parte de su escolta y mociones en el Congreso, únicamente por desempeñar su función como fiscal suprema y fiscal general de la Nación del sistema judicial peruano, supone una amenaza directa para la integridad y la imparcialidad de los procedimientos judiciales en el país”, indicó Satterthwaite.

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La relatora de la ONU señaló que tanto la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como el Congreso han tenido un papel activo en el asedio contra Espinoza. “Me alarma bastante que la Junta Nacional de Justicia haya abierto una investigación por abuso de autoridad contra el juez que ordenó su reincorporación. Me preocupa aún más que estos ataques sigan intensificándose, y me sorprende que el 25 de noviembre la Comisión Permanente del Congreso debatiera y aprobara una moción para inhabilitar a la fiscal Espinoza por 10 años”, añadió.

Además, recordó que el derecho internacional exige un respeto absoluto hacia fiscales y jueces, pues ello constituye un pilar indispensable de cualquier democracia. “El personal judicial no debería sufrir ni ser amenazado con enjuiciamientos o sanciones administrativas, económicas o de otro tipo por acciones realizadas de conformidad con los deberes, normas y ética profesionales reconocidos”, apuntó.

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Una sentencia ignorada por la Junta Nacional de Justicia

Meses atrás, el Poder Judicial aprobó la medida cautelar presentada por la defensa de Espinoza, la cual ordenaba el retorno de la fiscal suspendida a la titularidad del Ministerio Público. Sin embargo, la JNJ se negó a restituir a Espinoza y continuó con el proceso disciplinario de destitución. Esta postura fue interpretada como una maniobra institucional destinada a impedir su regreso al cargo.

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“La JNJ, al abrirme este procedimiento administrativo y al mantener mi suspensión en claro desacato de la orden judicial, está acumulando delitos”, declaró Espinoza al ser consultada por la decisión tomada por dicho organismo.

Ante la negativa de la institución encabezada por Gino Ríos, el Poder Judicial envió una nueva notificación a la JNJ, reiterando que Delia Espinoza debía ser repuesta en el cargo de fiscal de la Nación en un plazo máximo de dos días. Esta orden también fue ignorada, lo que llevó a que se diera un nuevo plazo de dos días que tuvo el mismo destino. Las disposiciones judiciales han continuado sin que se produjera ninguna acción legal que facilitara el retorno de Espinoza, dejando la situación supeditada a lo que la JNJ decida.

Delia Espinoza está a un paso de ser inhabilitada de la función público

El Congreso lanzó un ataque contra Delia Espinoza ante la posibilidad de que retomara su cargo como fiscal de la Nación. La Comisión Permanente decidió inhabilitarla por 10 años para ejercer funciones públicas y autorizó a la Fiscalía a presentar una denuncia ante la Corte Suprema por presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. Ahora, el Pleno podría confirmar la decisión y acabar con la carrera pública de la suspendida fiscal.

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La sanción se derivó de una denuncia constitucional presentada por los legisladores Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, que también incluía a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. Todos ellos eran acusados de negarse a acatar la ley que ordena devolver a la Policía Nacional del Perú la investigación preliminar. Sin embargo, solo la acusación contra Espinoza logró los votos necesarios para su inhabilitación y denuncia, mientras que en el caso de los otros tres fiscales supremos predominó la abstención.

Espinoza calificó la decisión del Congreso como una “venganza política” en su contra, denunciando un evidente “atropello e ilegalidad”. Señaló que no había tenido participación en la elaboración ni aprobación del reglamento cuestionado y afirmó que las votaciones separadas evidencian que el ataque estaba dirigido específicamente contra ella. Según sus palabras, la intención del Legislativo es removerla de su cargo, lo que ella describe como una muestra de una “dictadura parlamentaria”.