Mininter: “Hay mucho por hacer, pero necesitamos que denuncien extorsiones"

La inseguridad en Lima Metropolitana y en el Callao, sigue incrementando, afectando a diferentes sectores. Entre las víctimas de este fenómeno se encuentran los colegios privados de bajo costo, los escolares y los docentes, quienes denunciaron ser blanco de extorsiones.

Guido Quintanilla Gómez, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados del Perú (Anacopri) denunció que profesores reportaron haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de presuntos grupos delincuenciales.

De acuerdo con la asociación, los casos se concentran en áreas que han enfrentado altos índices de criminalidad.

En efecto, padres de familia del colegio Rayitos de Sol ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, han denunciado que criminales llegaron a exigir un pago de S/ 18.000 como ‘matrícula inicial’, más una cuota mensual de S/ 2.000.

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Los docentes han sido contactados a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto e incluso mediante encuentros presenciales, en los que se les exige dinero bajo amenazas.

“Estamos frente a una nueva modalidad de extorsión. Los delincuentes amenazan directamente a los colegios, pidiendo también 50 soles diarios y advirtiendo que dispararán contra los vehículos donde viajan los escolares. Esto es gravísimo y pone en riesgo la vida de los niños y sus familias”, advirtió Quintanilla

Por ello pidió la intervención inmediata de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior para proteger a las instituciones educativas y detener a las mafias que operan bajo esta modalidad.

“NECESITAMOS QUE DENUNCIEN”

El encuentro con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se concretó hoy y el funcionario de Estado  reafirmó su compromiso de consolidar esfuerzos con el Ministerio de Educación (Minedu) y la Anacopri, con el fin de fortalecer la seguridad de los escolares y combatir las extorsiones que afectan a las instituciones educativas de todo el país.

El titular del Interior destacó que, con la aprobación del Decreto Supremo n.º 009-2025-IN, las víctimas de extorsión pueden solicitar la reserva de la información de su denuncia y de su identidad, además de acceder a medidas de protección que refuerzan su seguridad.

“Hay mucho por hacer, pero para ello necesitamos la denuncia de los afectados. Es fundamental contar con la información de la propia víctima para actuar con firmeza contra este delito”, señaló el ministro Tiburcio durante la reunión de trabajo que sostuvo con el titular del Minedu, Jorge Figueroa, y el presidente de Anacopri, Guido Quintanilla.

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Asimismo, informó que la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) del Mininter se encuentra plenamente disponible para atender, coordinar y capacitar a los representantes de los colegios privados y del sector educación en general, a fin de prevenir riesgos y mejorar la articulación institucional.

“ESTO ES INACEPTABLE”

Por su parte, Guido Quintanilla reafirmó el compromiso de Anacopri de colaborar activamente con el Gobierno y fortalecer sus protocolos de seguridad interna en beneficio de toda la comunidad educativa.

Algunos docentes dijeron que “es inaceptable que, además de los bajos salarios y las difíciles condiciones laborales, los profesores deban destinar parte de su salario a garantizar su seguridad. Esta situación genera temor e incertidumbre entre los educadores, quienes muchas veces optan por no denunciar por miedo a represalias”.

Los docentes también han reportado amenazas directas cuando se niegan a ceder ante estas extorsiones. Algunos han recibido panfletos intimidatorios, llamadas anónimas o incluso han sido perseguidos cerca de los colegios. Esta situación ha provocado que varios educadores soliciten traslados o incluso abandonen sus cargos.