Exasesor de Wilfredo Oscorima fue designado director de Orden Público en el Ministerio del Interior

Movimiento de ajedrez. El Ministerio del Interior designó a Richar Agustín Cano Pérez en la Dirección General de Orden Público del Viceministerio de Orden Interno. La medida se oficializó mediante la Resolución Ministerial N.º 734-2025-IN, del 21 de octubre de 2025, firmada por el ministro Vicente Tiburcio Orbezo.

El cargo, dependiente directamente del Viceministerio, tiene a su cargo la formulación y supervisión de políticas nacionales sobre orden público, la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la planificación de acciones ante protestas y conflictos sociales.

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Antes de su incorporación al Mininter, Cano desarrolló su carrera dentro de la PNP. Fue director de Criminalística e integró la Dirección contra la Corrupción (Dircocor-PNP), unidad especializada en investigar delitos cometidos por funcionarios públicos.

Según el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, Cano Pérez es licenciado y magíster en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la PNP, y doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica por el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), con diploma de agosto de 2024.

Su trayectoria combina formación policial con gestión pública, aunque su paso por el Gobierno Regional de Ayacucho habría estado enfocado en obras y articulación interinstitucional, no en temas de seguridad.

De anticorrupción al entorno de Oscorima

En febrero de 2024, Cano fue designado Asesor I de la Gobernación Regional de Ayacucho bajo la gestión de Wilfredo Oscorima Núñez, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N.º 063-2024-GRA/GR, con una remuneración mensual de S/10.000 bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG).

Fuentes del Gobierno Regional informaron a este diario que su labor consistía en acompañar inspecciones y monitorear avances de obras públicas. No tenía oficina ni personal a cargo, aunque disponía de una camioneta institucional para desplazarse.

Las vueltas de la vida lo llevaron, tiempo después de haber integrado un órgano anticorrupción, a trabajar junto a quien quizá alguna vez investigó. Wilfredo Oscorima, tres veces gobernador regional de Ayacucho, fue condenado en 2015 por delitos de corrupción durante su primera gestión y recuperó la libertad luego de que la Corte Suprema anulara la sentencia.

Sus tres administraciones han estado marcadas por cuestionamientos relacionados con obras inconclusas, ampliaciones presupuestales y procesos plagados de irregularidades.

Desde su retorno al cargo, en 2023, su gestión volvió a estar bajo la mirada pública. Durante ese periodo —ya con Cano como asesor— se descubrió el caso Rolex, que expuso el presunto préstamo de relojes y joyas de lujo del gobernador a la entonces presidenta Dina Boluarte, a cambio de favores y presupuestos. El hecho fue revelado por el periodismo de investigación y dio origen a diligencias posteriores del Ministerio Público.

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Visitas y doble registro

Pese a su designación en Ayacucho, el registro estatal de visitas muestra que entre febrero y marzo de 2024 Cano Pérez mantuvo ingresos al Ministerio del Interior y al Ejército del Perú como representante de la Dirección de Criminalística de la PNP.

El 26 de febrero, ingresó al Despacho Ministerial del Mininter, y el 4 de marzo visitó el Comando de Apoyo al Desarrollo Nacional del Ejército, ambos con esa acreditación. En esas fechas, ya figuraba como asesor del Gobierno Regional.

Durante los meses siguientes, registró reuniones con los ministerios de Vivienda y Economía y Finanzas en representación del GORE Ayacucho, vinculadas a proyectos y presupuesto regional.

Las pocas imágenes públicas de su paso por la administración regional corresponden a reuniones del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC). Aunque no figura como integrante acreditado, participó en varias de ellas, según los registros institucionales.

Si su asesoría también alcanzaba el área de seguridad, los resultados fueron limitados. Según cifras oficiales, Ayacucho atraviesa su mayor nivel de victimización en más de una década: en 2024, el 29,6 % de la población fue víctima de algún delito y el 82 % consideró probable serlo. Las denuncias policiales crecieron 64,6 % entre 2019 y 2024, y las extorsiones se cuadruplicaron.

El informe regional de seguridad ciudadana reporta que, a septiembre de 2025, se registraron 10.524 denuncias: más de 38 por día, más de 1.5 por hora.

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Cambio de jefe

El 13 de octubre de 2025, el Gobierno Regional de Ayacucho emitió la Resolución Ejecutiva Regional N.º 617-2025-GRA/GR, dando por concluida la designación de Cano. Ese mismo día, el gobernador Wilfredo Oscorima se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente José Jerí, junto a otros gobernadores.

Tras el encuentro, Oscorima declaró: “El país requiere unidad para salir de los problemas. Los gobernadores respaldamos al presidente. Se han convocado movilizaciones para desestabilizar el gobierno. Mi tierra Ayacucho fue el epicentro del terrorismo y no queremos volver jamás.”

Ocho días después, el 21 de octubre, Richar Agustín Cano Pérez fue designado director general de Orden Público del Ministerio del Interior.

Precisamente el área que hoy dirige es una de las más sensibles del sector: la responsable de coordinar los operativos policiales durante movilizaciones y protestas. En una de las primeras marchas contra el gobierno de José Jerí, un manifestante, Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, murió por un disparo del suboficial Luis Magallanes. Varios otros resultaron heridos.

Cano Pérez, exoficial anticorrupción y asesor de Wilfredo Oscorima, fue cesado del Gobierno Regional de Ayacucho —no sin antes recibir el “agradecimiento y reconocimiento por los servicios prestados a favor del ente regional”— el mismo día que su exjefe reapareció junto al presidente José Jerí.

Ocho días después, asumió la dirección encargada de mantener el orden público en un país convulsionado y en medio de un gobierno surgido del Congreso.