José Jerí alineado con el Congreso: las leyes que aprobó sin mayores observaciones

El presidente José Jerí tuvo la oportunidad de observar leyes aprobadas por el Congreso que advertían riesgos para la seguridad, los derechos humanos y el control de economías ilegales. No lo hizo. Por el contrario, durante lo que va de su gobierno tras la vacancia de Dina Boluarte promulgó sin más una serie de normas cuestionadas que abarcan desde la minería informal hasta retrocesos en educación y disposiciones bajo alerta por criminalidad organizada.

El mandatario interino oficializó este viernes 26 el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), ampliamdp el proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta que entre en vigor la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

Esta norma, que fue aprobada por el Congreso y ahora publicada en El Peruano, extiende un proceso que para Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin), no es una solución de fondo, solo algo momentáneo. "Me parece que el año que viene vamos a tener lo mismo: huelgas y movilizaciones, lo cual resulta una gran decepción con las autoridades, ya que no se comprometen realmente con resolver la formalización minera", sostuvo.

El texto aprobado exige un censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal y obligaciones para que los mineros reporten su ubicación real. La norma también pide verificar planillas laborales y transferir documentación de gobiernos regionales al Ministerio de Energía y Minas.

Pero, estos supuestos alcances no han logrado solucionar el problema de la minería ilegal. El censo y los plazos de sinceramiento de ubicación no han resuelto el problema porque muchas operaciones siguen en zonas protegidas o con impactos ambientales severos. Organizaciones ambientalistas como Observatorio de Minería Ilegal concluyen en que esto no ha detenido la tala, la contaminación por mercurio ni la violencia vinculada al crimen organizado.

Ahora, esta decisión no corresponde a un hecho aislado, sino que se suma a otras normas que Jerí promulgó en las últimas semanas que perjudican también en temas de impacto social o incluso de seguridad ciudadana.

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Retroceso en educación sexual

Tan solo dos días antes de la promulgación del Reinfo, el Ejecutivo oficializó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley Nº 32535), aprobada por el Congreso, que elimina la Educación Sexual Integral (ESI) en el currículo escolar y sustituye su enfoque por una educación centrada en aspectos “biológicos y éticos”. La norma ha sido promovida por la congresista de Renovación Popular y pastora evangélica Milagros Jáuregui, quien desde su posición promueve discursos conservadores que limitan el enfoque de género en políticas públicas.

El colectivo feminista Manuela Ramos señala que eliminar el enfoque de género por la 'nueva' Ley de Igualdad de Oportunidades" invisibiliza la real dimensión de la violencia contra las mujeres en toda su diversidad". Cabe resaltar que desde enero a julio del 2025, 18,184 niñas y adolescentes menores de 19 años han sido madres a nivel nacional, según datos del Certificado de Nacido Vivo (MINSA – enero-julio 2025).  

Incluso el lunes 22, durante el encuentro de Jóvenes Líderes y Agentes Estudiantiles de Lima Metropolitana 2025 - 2026 encabezado por Jerí en Palacio de Gobierno, un estudiante le increpó por el aumento de los casos de embarazo en niñas y por la expansión de infecciones de transmisión sexual como consecuencia del desconocimiento de los métodos de protección. "Es injusto vivir con esta realidad", sostuvo. Pese a esta advertencia directa, formulada en un espacio de jóvenes líderes, el presidente decidió ignorarla y, apenas dos días después, promulgó la norma que elimina la Educación Sexual Integral.

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Jerí promulgó ley fujimorista pese a alertas por narcotráfico

Poco antes, el portal Epicentro reveló que Jerí promulgó una ley impulsada por siete congresistas de Fuerza Popular que permite la habilitación de una carretera en una zona cocalera altamente vigilada por narcotráfico y crimen organizado. El proyecto recibió alertas de autoridades y expertos que temen que la infraestructura facilite la movilidad de bienes ilícitos y fortalezca las redes criminales que operan en esos corredores rurales.

"Muchas de esas pistas sirven de recarga y transporte", advierte para Epicentro Carla Limas Cagna, especialista en Sistemas de Información Geográfica de ProPurús. A esto se suma lo declarado por Fernando Aroni Lozano, Presidente de la Asociación de Comunidades Nativas ACONADIYSH, quien menciona que "el narcotráfico está involucrado con las concesiones (...) hay pistas clandestinas que aterrizan aviones".

Pese a todo esto, Jerí siguió adelante y promulgó la ley.

Negación de impacto de las ‘leyes procrimen’

Un punto central de crítica hacia Jerí fue su negación de que las denominadas leyes 'procrimen' incrementaron la inseguridad. Tras la aprobación de estas ocho normas, el presidente aseguró que no consideraba que esas leyes fomentaran actividades criminales y restó peso a advertencias como la del Colegio de Abogados, que pidieron derogarlas urgentemente.

"¿Eso en qué combate la delincuencia del día a día? (...) la extorsión está ubicada en los penales porque hay sectores que defienden a los delincuentes porque el problema está en los penales y en la frontera porque también hay quienes protegen a los migrantes irregulares", respondió Jerí a un periodista.

Es importante mencionar que si bien el presidente menciona que el origen del problema se encuentra en las cárceles, tampoco ha tomado la decisión de cambiar a Iván Paredes, jefe del INPE, quien tiene una denuncia por cobro de coimas.

Estas leyes apoyadas, además del fujimorismo, por Alianza para el Progreso, Renovación Popular y Avanza País, debilitan pilares esenciales del sistema de justicia como la colaboración eficaz, la detención preliminar y la confiscación de bienes.

Es por todo esto que José Jerí ha mostrado una tendencia que preocupa. Ya que él tiene la facultad constitucional de observar leyes que podrían representar un riesgo, ya sea social, ambiental o de seguridad. Pero, él optó por promulgar y validarlas.