Estado de emergencia en Lima y Callao: medida restringirá protestas, pero no abordará problemática de inseguridad

El gobierno de José Jerí oficializó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao durante 30 días. Esta medida, que comenzó a las 00 horas del 22 de octubre, se presentó como una solución ante el aumento de extorsiones, asesinatos y delincuencia en el país. Sin embargo, también se da en medio de las movilizaciones sociales, por lo que algunas autoridades y organizaciones lo perciben como una forma de reprimir las manifestaciones que han tomado fuerza en el país.

¿Realmente estamos ante una estrategia contra el crimen o frente a un mecanismo para facilitar detenciones arbitrarias?. De acuerdo a los especialistas, esta acción es una medida repetida y sin resultados efectivos para combatir la criminalidad. Y afirman que el gobierno lo utilizará como una herramienta preventiva para limitar las protestas, ya que no es necesario de suspender la libertad de reunión para enfrentar a los extorsionadores.

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Pues bien, en la resolución publicada en el diario El Peruano se establece una serie de acciones que incluyen la restricción del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito en el territorio.

“Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación”, refiere.

Dentro de las medidas adoptadas, se contempla un control territorial focalizado en las zonas críticas, así como el resguardo de las instituciones públicas. Esta acción tiene como objetivo asegurar el orden y proteger áreas estratégicas, tales como paraderos, estaciones del metro, instituciones vinculadas a servicios públicos y activos clave.

El patrullaje de estas áreas será intensificado por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal, quienes se encargarán de ejecutar la fiscalización.

Control Penitenciario

En el ámbito penitenciario, también se han implementado medidas específicas para controlar las telecomunicaciones ilícitas y las actividades criminales desde los penales. Durante el estado de emergencia, se ha dispuesto que los internos del régimen cerrado ordinario tengan derecho a una visita semanal, mientras que aquellos en el régimen cerrado especial solo podrán recibir una visita quincenal. Las visitas se limitarán a los familiares directos, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Adicionalmente, se ha dispuesto un apagón eléctrico en las celdas para evitar las telecomunicaciones ilícitas. Esta medida permitirá únicamente la iluminación necesaria y se llevará a cabo el desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicaciones ilegales. El sostenimiento de esta acción estará a cargo de las Fuerzas Armadas, con el fin de limitar las redes de comunicación criminal que operan desde las cárceles.

Prohibición del Tránsito

Asimismo, se prohíbe el tránsito de dos personas en moto lineal (moto con un solo asiento), para reducir los delitos cometidos por motociclistas, como el robo de celulares y otros asaltos.

Sumado a esto, se realizarán operativos de control de identidad dirigidos tanto a conductores de vehículos motorizados como no motorizados, con el fin de verificar la situación de extranjeros que se encuentran en un procedimiento administrativo sancionador de tránsito. Además, se contempla la posibilidad de intervención e internamiento de vehículos en depósitos autorizados en caso de que se detecten documentos adulterados o placas ilegibles, deterioradas o con modificaciones que impidan la identificación correcta del vehículo.

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Cuestionan estado de emergencia en Lima y Callao

No es la primera vez que se recurre a esta figura. En los últimos años, diversos gobiernos, incluido el de Dina Boluarte, han aplicado estados de emergencia en distintas regiones del país sin lograr resultados, por el contrario, las extorsiones y asesinatos aumentaron.

Sobre el tema, Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, explicó que el estado de emergencia permite, entre otras cosas, la suspensión de derechos fundamentales como el derecho al libre tránsito y la libertad de reunión.

En ese sentido, sostuvo que esta medida solo tendría sentido para el control del orden público, más no como una herramienta efectiva para combatir la inseguridad ciudadana. “Los estados de emergencia permiten una serie de actuaciones y un manejo distinto del control del orden público”, precisó.

Valdés señaló que muchas de las problemáticas actuales de seguridad, como la extorsión y el secuestro extorsivo, no requieren de un estado de emergencia para ser enfrentadas, sino de una estrategia basada en inteligencia y trabajo criminal especializado.

“El secuestro extorsivo tampoco se combate con un estado de emergencia. Lo que se necesita es mayor capacidad de investigación criminal y tener muy bien mapeadas a las organizaciones que están incursionando en este tipo de negocio ilícito”.

Asimismo, afirmó que la extorsión mediante el cobro de cupos tampoco se ve afectada por esta medida, ya que las amenazas y cobros se realizan principalmente a través de medios digitales.

“Los cobros por cupos, las amenazas, corren básicamente por redes sociales o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, SMS, Facebook, Instagram. Un estado de emergencia no va a hacer ninguna diferencia frente a eso”.

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Al respecto, el exministro del Interior, Rubén Vargas, cuestionó la estrategia del Gobierno contra la criminalidad por recurrir a medidas que, según él, han fracasado en el pasado, como el estado de emergencia. Sostuvo que esta decisión no da los resultados esperados, ya que solo moviliza a las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, sin una planificación clara ni objetivos definidos para enfrentar la inseguridad ciudadana.

“El estado de emergencia se aplicó durante los gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Castillo, y fracasó. Ha demostrado ser una medida aislada que no ha tenido éxito”.

Para Miguel Villaverde, especialista en Políticas Públicas, el Gobierno ha anunciado el estado de emergencia como una herramienta contra la movilización ciudadana. Explicó que es una medida paliativa que ha demostrado su ineficacia durante más de dos décadas.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) señaló que el estado de emergencia debilita el Estado de Derecho y restringe libertades fundamentales. “Esta medida no puede ser usada para reprimir ni silenciar la protesta ciudadana contra la corrupción, la impunidad y la inseguridad”.