Fiscalía solicita impedimento de salida del país contra Dina Boluarte: Poder Judicial lo evaluará el 15 de octubre

La Fiscalía de la Nación solicitó este 10 de octubre al Poder Judicial dictar 18 meses de impedimento de salida del país contra la expresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra, investigada por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en agravio del Estado.

Según el Ministerio Público, la entonces mandataria habría intervenido en la designación de funcionarios en EsSalud y en la gestión del pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.

Asimismo, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para Boluarte, investigada por lavado de activos en agravio del Estado. Este caso está vinculado a la presunta recolección de dinero destinado a pagar la reparación civil de Vladimir Cerrón, con fondos que habrían provenido de la organización criminal 'Los Dinámicos del Centro'.

La medida, que ya había sido anunciada por el fiscal de la Nación Tomás Gálvez, busca garantizar la presencia de la exmandataria durante el desarrollo de las diligencias fiscales y eventuales acusaciones.

"Es más, en el curso de la amanecida debemos estar presentando una solicitud de impedimento de salida del país. Obviamente esto ha sido una sorpresa, no teníamos preparado porque como ustedes saben el Tribunal Constitucional prácticamente paralizó de algún modo a las carpetas, pues continúan, no hay ningún problema", sostuvo Gálvez en horas de la madrugada.

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Poder Judicial evaluará impedimento de salida en su contra este 15 de octubre

El Poder Judicial programó para el martes 15 de octubre la audiencia en la que se decidirá si Dina Boluarte podrá salir o no del país mientras continúa la investigación en su contra por presunto lavado de activos. Es importante resaltar que ese mismo día se encuentra programada la movilización de la 'Generación Z'. La Fiscalía ha pedido que se le prohíba viajar por 36 meses, al considerar que existe riesgo de fuga o de que entorpezca las pesquisas.

La resolución fue emitida por el juez Fernando Valdez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. En el documento, el magistrado señala que el caso es complejo y que el expediente cuenta con más de mil folios, por lo que se requiere tiempo para analizar la información antes de tomar una decisión. "Nos encontramos frente a un caso complejo , lo que implica un tiempo prudencial para el correcto análisis y motivación del mismo", se lee.

De esta manera, Boluarte deberá asistir a la audiencia junto con su defensa y los representantes del Ministerio Público. Será en esa sesión donde el Poder Judicial determine si aprueba o no el pedido fiscal que busca restringir su salida del país durante los próximos tres años.

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Dina Boluarte reaparece en su casa tras ser vacada por el Congreso

Dina Boluarte reapareció públicamente tras su destitución por el Congreso. Desde la puerta de su casa en Surquillo, afirmó que ha estado en su domicilio desde las 3:00 a.m., descansando desde entonces. Declaró que no tiene "el más mínimo pensamiento" de abandonar el país y negó responsabilidad en las investigaciones en su contra.

"No está siquiera en el más mínimo pensamiento y sentimiento patriótico dejar el país. Tan es así que tras vivir 7 años en el extranjero he regresado a la patria porque quería servir al Perú. Estoy tranquila con mi conciencia. La calma esta en mi. Estaré permanentemente en el país. Esos cargos del Ministerio Publico no soy responsable", declaró a la prensa.

¿Cuáles son las investigaciones contra la expresidenta Boluarte?

La primera y más grave investigación contra Dina Boluarte corresponde a las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023, en las que fallecieron 49 personas durante la represión policial y militar. El Ministerio Público indaga su presunta responsabilidad como jefa suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, al no haber adoptado medidas para prevenir o detener el uso excesivo de la fuerza. La exmandataria afronta esta causa por los delitos de homicidio calificado y lesiones graves en agravio de los manifestantes.

Otro expediente relevante es el caso Rolex, en el que se le imputa el delito de cohecho pasivo impropio. La Fiscalía sostiene que Boluarte habría recibido relojes y joyas de lujo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a cambio de favorecerlo con transferencias presupuestales. Las piezas, entre ellas un reloj Rolex valorizado en varios miles de dólares, no fueron declaradas en su patrimonio y habrían sido usadas durante actos oficiales.

La tercera investigación está relacionada con las cirugías estéticas a las que se sometió mientras era presidenta. El Ministerio Público evalúa si incurrió en abandono de cargo y falsedad, ya que habría dejado de cumplir funciones oficiales sin comunicarlo al Congreso ni al país. Según las pesquisas, las intervenciones se habrían realizado en paralelo con designaciones en EsSalud vinculadas al médico que la operó, lo que abre otra línea por presunto aprovechamiento indebido del cargo.

Un cuarto caso se centra en el presunto desbalance patrimonial de la exmandataria. La Fiscalía detectó un incremento no justificado superior a medio millón de soles entre 2021 y 2024, cuando ocupó cargos públicos. Se la investiga por enriquecimiento ilícito, ya que parte de ese aumento no tendría respaldo en ingresos oficiales ni en su declaración jurada de bienes y rentas.

También se encuentra bajo investigación el caso 'El Cofre', vinculado al traslado irregular de Vladimir Cerrón. Según la hipótesis fiscal, un vehículo presidencial habría sido empleado para facilitar la movilidad del líder de Perú Libre cuando se encontraba prófugo de la justicia. Boluarte es señalada por presunto encubrimiento personal y abuso de autoridad, al haber permitido el uso de recursos del Estado en beneficio de un sentenciado.

Una sexta investigación apunta a un supuesto acuerdo con la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, con el objetivo de mantener en el cargo al entonces comandante general de la Policía, Raúl Alfaro Alvarado, pese a las denuncias en su contra. Este presunto pacto político-fiscal se habría producido a cambio de favorecer intereses personales y mantener un control sobre las investigaciones en curso.

Finalmente, Dina Boluarte enfrenta una séptima investigación por la desactivación del equipo policial del Efficcop, la unidad que apoyaba al grupo de fiscales encargado de indagar los presuntos actos de corrupción de su hermano, Nicanor Boluarte. El Ministerio Público la acusa de encubrimiento personal y abuso de autoridad, al disponer la medida sin justificación técnica y con el fin de obstaculizar las investigaciones que alcanzaban a su entorno familiar.