Nuevo ministro de Justicia fue colocado por Santiváñez en la Procuraduría para sacar a Silvana Carrión

El ascenso de Juan Manuel Cavero Solano al Ministerio de Justicia no fue casual. Según denunció la exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, su salida fue ejecutada por una cadena de decisiones impulsadas por Juan José Santiváñez, el exministro de Justicia, y avaladas por un funcionario de su confianza: Cavero.

Cavero fue colocado por Santiváñez en el Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado (PGE), instancia que el pasado 5 de septiembre decidió la destitución de Carrión bajo el argumento de "pérdida de confianza". Días después, el mismo Cavero fue nombrado ministro de Justicia, posición desde la cual quedó al frente del organismo que ejecutó su salida.

El vínculo político y funcional va más allá del Minjus. Cavero había trabajado el año pasado como gerente central de Asesoría Jurídica en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE S.A.), una entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima, gestionada por el alcalde Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular.
Ese antecedente revela, según Carrión, la conexión dentro de la Procuraduría, que ella describe como un intento de "captura política".

"Acabamos de tomar conocimiento de que ha nombrado al nuevo ministro de Justicia, el señor Cavero es el jefe del gabinete del señor Santiváñez que lo trajo el 30 de agosto. La sesión que me destituye fue el 5 de setiembre. La primera acción que hizo el señor Santiváñez fue nombrar como jefe de gabinete al señor Cavero, lo puso como miembro del Consejo Directivo y con su voto me sacan a mi y ahora como premio lo nombran ministro. Él viene de EMAPE que pertenece a la Municipalidad de Lima", sostuvo.

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Asimismo, Carrión defendió su gestión al frente de la Procuraduría ad hoc al señalar que su destitución responde a intereses políticos, pese a que durante su mandato se consiguieron las mayores reparaciones civiles y embargos en casos de corrupción que ascienden a los 2,800 millones de soles.

"Soy incómoda para sus intereses. Nosotros somos la Procuraduría más exitosa y no tengo temor de decirlo porque los datos objetivos y los números están ahí, hemos conseguido la mayor cantidad de reparaciones civiles en casos de corrupción (...) hemos logrado 2800 millones de embargos (...) me destituyen como una sanción a la eficiencia", manifestó.

Además, la exprocuradora también denunció hostigamiento por parte del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien acusó de enviarle mensajes amenazantes y presionarla de manera insistente, incluso los fines de semana.

"El alcalde de la Municipalidad de Lima, el señor López Aliaga, creo que ha evidenciado que parte de su conducta y proceder es amenazar, hostigar a quienes considere incómodos o los que no les gusta. Yo también he denunciado sus mensajes amenazándome con sacar información a la prensa. Escribiéndome sábados, domingos hasta 4 veces al día", agregó.

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Procuradora ad hoc de Lava Jato, Silvana Carrión, fue removida tras pedido de López Aliaga

La Procuraduría General del Estado (PGE) anunció el cese de Silvana Carrión como procuradora ad hoc del caso Lava Jato por una "pérdida de confianza". Sin embargo, Carrión sostiene que su destitución responde directamente a requerimientos reiterados del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien incluso habría ejercido presión política y enviado mensajes intimidatorios, pese a que su partido, Renovación Popular, está implicado en investigaciones vinculadas a Odebrecht.

Para Carrión, esta decisión representa un claro caso de interferencia política y conflicto de interés institucional, pues no se habrían presentado motivos objetivos para la remoción, más allá de las gestiones del burgomaestre. En respuesta, Renovación Popular negó las acusaciones y sostuvo que López Aliaga actuó dentro de sus atribuciones, mientras que la PGE asegura que los procesos en curso continuarán con normalidad tras su salida.