Cuestionan disposición que bloquea acceso a denuncias ante la PNP

La Policía Nacional de Perú (PNP), a través Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, declaró clasificar como "información reservada" todas las denuncias registradas en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal.

Esta medida de la PNP, establecida por un resolución directorial N.º 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC, entró en vigencia desde el 25 de agosto de este año hasta el mismo mes del 2030. Además, puede prolongarse por el tiempo que la PNP lo crea conveniente.

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La entidad adscrita al Ministerio del Interior justificó su decisión al argumentar que se realiza con la finalidad de "resguardar el contenido estratégico y sensible que contienen dichos sistemas, esenciales para la prevención e investigación del delito". Asimismo, la PNP sostiene que buscan proteger los datos personales de las personas involucradas, víctimas o testigos y que "responde al deber institucional de preservar el orden interno y la seguridad pública".

Por otra parte, según su comunicado del 17 de septiembre, la PNP aseguró que la disposición "no restringe el derechos de los ciudadanos a acceder a la información que les corresponde, que se encuentra regulado adecuadamente".

Sin embargo, diversos especialistas alertaron que la decisión que tomó la PNP va en contra de la ley de transparencia y advirtieron que la institución se "dispara a los pies" con dicha medida.

Especialistas opinan sobre decisión de la PNP

En comunicación con La República, el coronel en retiro, Harvey Colchado, cuestionó calificó la decisión de la PNP como "un descaro" del Alto Mando de la institución al asegurar que la institución "ha emitido una resolución que estaría alineada con los intereses del gobierno de turno" como "restringir toda la información que cuestione sus estrategias de seguridad". "Queda claro que actúan con total desfachatez, porque ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo —que hoy juegan en pared— existe la voluntad de fiscalizarlos y mucho menos, cuestionar a los firmantes de esa resolución", señaló.

"Creo que es una estrategia del Alto Mando para evitar el escrutinio público y, así, ocultar que las estrategias contra la criminalidad han fracasado. Recordemos que el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) alimenta al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter. Esta plataforma permite analizar el número de denuncias de delitos como extorsión u homicidios por periodo. Al restringir ese flujo de información, no solo se limita la transparencia, sino que se priva a la ciudadanía de conocer la verdadera magnitud de la inseguridad que enfrenta el país", declaró.

Al ser consulado si el Gobierno, a través del Ministerio del Interior, estaría detrás de esta decisión, Colchado comentó que "los antecedentes" le "hacen pensar que sí es posible". En esa misma línea, el excoronel ¿recordó que la mandataria lo retiró de la institución debido a que investigaba a su entorno más cercano. "Esto muestra la estrecha vinculación entre el mandato presidencial y las decisiones que se ejecutan a nivel ministerial, muchas veces con fines particulares y no en beneficio de la población. Ocultar las estadísticas le brinda al gobierno de turno una ventana para "arreglar" las cifras a su favor y así no evidenciar que sus políticas contra la inseguridad no están teniendo resultados", aseveró.

"A nivel ciudadano nos quedaríamos ciegos, sin conocer como va la incidencia delictiva en nuestro país, lo que limitaría la realización de estudios de la inseguridad ciudadana y la criminalidad, que potencialmente contribuyen en la elaboración de políticas públicas. Asimismo, los gobiernos regionales y locales no tendrían insumos para realizar sus diagnósticos en materia de seguridad ciudadana, por lo tanto, sus planes no responderían a la realidad. Lamentablemente, el Congreso, en vez de velar por los intereses de la ciudadanía, no hace más que mirar a otro lado y no alertarse de esta situación", enfatizó al ser consultado sobre los riesgos que sufriría la ciudadanía y la clase política con la decisión de la PNP.

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Por su parte, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, aseguró que "no tiene ningún sentido" que la PNP haya tomado dicha decisión porque no afecta a ninguna persona que se encuentre investigada, así como a las indagaciones que pueda realizar la PNP. Al ser consultado si esta decisión de la PNP podría ser considerado como un acto de impunidad, Valdés mencionó que "no descarta ninguna hipótesis".

"En realidad, lo que están haciendo es dispararse a los pies en momentos en que la PNP requiere demostrar transparencia para proteger la credibilidad de la institución. Esa es información fundamental para la política pública, para el JNE, el Ministerio Público, el Congreso. No tiene ningún sentido que haya sido cerrado. No se afecta a ninguna persona, solo aparece el evento, lugar, el día y nada más", aseveró.

De igual manera, el exviceministro mostró su preocupación al cuestionar a qué miembro de la PNP "se le ocurrió esa torpeza" y que "se está afectando la transparencia". En tanto, al ser consultado si habría una intención del Gobierno en la decisión de la entidad policial, Valdés no descartó dicha posibilidad. "Es muy posible que el Gobierno esté detrás porque la PNP ha sido parte de un escándalo sobre el hackeo a la base de datos de la Dirin, ha dejado mal parada a los circuitos de seguridad de la Policía", dijo. Por otro lado, rechazó que con esta medida se pierdan los antecedentes de los candidatos para las elecciones 2026, porque ello se podría revisar en otra base de datos como el Poder Judicial.

"Esta es un información que, al cerrarla, impide que los investigadores puedan saber cómo está marchando la seguridad o inseguridad en el país. En el registro aparecen todas las denuncias que está tipificado en el Código Penal (…) El principal riesgo político es que la PNP no entregue el acceso a la transparencia de la información pública, se está autoinfringiendo; para que el JNE tenga que desplegar a sus equipos no va a saber cuáles son las regiones más riesgosas, no podrá determinar donde tener más precaución; el sector privado no sabrá si podrá hacer alguna inversión en algún lugar porque no sabrá si hay sicariatos; el Congreso necesita de esa información para sustentar sus proyectos de ley; los medios de comunicación necesitan esas evidencias para sus investigaciones", detalló.

Por su parte, el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, detalló que dentro de la institución existen 3 categorías para las denuncias que se realizan y descartó algún tipo de impunidad en la decisión que tomó la entidad.

"Tiene 3 tipos de categorías: confidencial porque únicamente dirigido a la persona para el cual está derivado. También está el de carácter reservado en el que se consigna los documentos que tienen algo que ver con el alto mando de la institución superior del Ministerio hacia la PNP, esto tiene que ver con todo lo que tenga relación con el orden público e interno. Por ejemplo, una marcha, un bloque de carreteras. Se informa del más alto nivel hacia abajo", mencionó.

"Está el secreto, donde se coloca el sello de secreto porque la difusión puede poner en peligro la seguridad nacional, por ejemplo, las protestas en diciembre del 2022 y febrero del 2023. "No hay ningún (tipo de impunidad) porque tienen esas tres categorías", acotó.

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Por su parte, el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, calificó como "incomprensible" la medida que tomó la PNP debido a que "es una información que no afecta la intimidad" de los ciudadanos". Asimismo, Pedraza descartó que la decisión de la institución tenga que ver con el reciente hackeo al sistema de la PNP.

"Me parece incomprensible la medida porque es una información que no afecta la intimidad, que no afecta la seguridad de esas personas. Me parece que es una decisión equivocada. (…) La razón que la PNP ha dado es que se trata de una situación de seguridad, pero yo no veo una relación entre el manejo de la información y la seguridad. Ilegal es acceder a esa información por una vía no regular, legislado ya estaba, el hackeo a la información es un delito, no me parece que esa sea la razón. ¿Por qué lo han hecho? No tengo claridad. No estaría que la decisión la haya tomado solo el general que ha suscrito esa resolución. Espero que revisado sus efectos y consecuencias, se deje sin efecto esa decisión", explicó.

"Si esa información no es accesible, lo que va a haber es un problema de transparencia. Por ejemplo, para la prensa, para perfilar a los candidatos que van a las elecciones, toda persona que tenga una anotación. Me parece, insisto, al no ser una información que afecte la intimidad, no tiene por qué prohibirse", acotó Pedraza, tras indicar que esta decisión puede revertirse en el Ministerio de Justicia y/o en el Poder Judicial. Además, señaló que esta decisión no limita a la Fiscalía y el Poder Judicial de solicitar la información.