Impunidad en la PNP: más de 500.000 denuncias realizadas ante la PNP serán clasificadas como información secreta

La PNP anuncia impunidad. A través de la Resolución Directoral N.° 009-2025-DIRTIC-PNP-SEC, las denuncias registradas ante la Policía Nacional pasarán a ser consideradas de carácter reservado. Esto significa que ningún ciudadano podrá acceder a ellas, ni siquiera amparándose en la Ley de Transparencia. Según estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, la situación resulta alarmante: solo en 2025 se han presentado 572.763 denuncias ante la institución policial, las cuales quedarán fuera del alcance de periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos interesados en conocerlas a detalle.

La resolución, al ser de naturaleza administrativa, tiene además efecto retroactivo. En la práctica, esto implica que las denuncias interpuestas antes de su promulgación también quedarán sujetas a la reserva. En otras palabras, tanto las denuncias previas como las posteriores a esta disposición serán clasificadas como información secreta.

No se trata únicamente de denuncias ciudadanas contra terceros. La Policía Nacional también restringirá el acceso a miles de denuncias formuladas en su contra. Así lo advirtió el analista e ingeniero de datos Juan Carbajal, quien elaboró una base de datos con información proveniente de la Central Única de Denuncias y del propio Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con este registro, hasta agosto de este año se contabilizan 2849 casos entre quejas y denuncias dirigidas contra la institución policial.

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La resolución que oficializó el secretismo en la PNP

La resolución permite que las denuncias presentadas contra miembros activos de la Policía Nacional no sean de acceso público a través de pedidos de transparencia durante los próximos cinco años. De esta manera, periodistas, miembros de ONG, académicos y ciudadanos interesados en conocer el estado de las denuncias presentadas ante y contra la institución quedarán sin la posibilidad de acceder a esta información.

El artículo 1 de la Resolución Directoral establece que toda la información vinculada a denuncias, ya sea en el Sistema de Denuncias Policiales o en el Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal, quedará clasificada como reservada por un plazo de cinco años. Esta disposición alcanza a los registros sin importar el soporte en que se encuentren y se fundamenta en los argumentos desarrollados en la parte considerativa del documento.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú, la reserva busca garantizar la eficacia de las investigaciones y preservar la seguridad ciudadana, además de resguardar derechos fundamentales como la dignidad y la integridad de las personas. Sin embargo, al aplicarse de manera general sobre toda la base de datos, restringe el acceso incluso a casos que no representan riesgo para el curso de las pesquisas. En la práctica, la decisión podría limitar el derecho de las víctimas a informarse y reducir los mecanismos de control ciudadano sobre el manejo de sus denuncias.

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La resolución sostiene que la confidencialidad es esencial para que la PNP cumpla su función de prevenir, investigar y combatir la criminalidad, además de salvaguardar bienes jurídicos como la seguridad nacional, la seguridad ciudadana y la estabilidad democrática. En línea con ello, la Unidad de Recepción Documental de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones será la responsable de registrar y custodiar los datos declarados reservados. Sin embargo, el riesgo es que esta medida, en lugar de fortalecer la confianza en la institución, termine reforzando la percepción de opacidad y debilitando la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

La medida no ha estado exenta de críticas. El abogado Carlos Rivera, miembro del Instituto de Defensa Legal (IDL), cuestionó la resolución: “Me parece que es un acto arbitrario de la Policía y que incluso podría ser inconstitucional. (...) Considerando que aquí hay intereses legales e incluso constitucionales, no basta con que la institución declare por sí misma que determinada información será reservada o secreta. Eso carece de sustento legal, porque lo que se está clasificando como reservado son las denuncias, no las investigaciones. Por lo tanto, esta decisión podría ser fácilmente cuestionada en términos jurídicos. En mi opinión, esa pretensión de ocultar información vulnera el principio de transparencia. La resolución menciona la Ley de Transparencia, sí, pero lo hace desde la excepción y no desde la regla”, indicó a La República.

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se opone a la medida: “La transparencia fortalece nuestra democracia”

La decisión tomada por la Policía Nacional ya comienza a ser observada por instituciones que velan por la protección de libertades y derechos, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CCNNDDHH). Tania Pariona, secretaria ejecutiva de esta institución, declaró a La República que la resolución de la PNP atenta contra la democracia nacional.

“La Ley de Transparencia es una norma fundamental. Creo que es importante seguir defendiendo el derecho a la transparencia como un elemento esencial tanto en las instituciones del Estado como para los ciudadanos. La transparencia fortalece nuestro sistema democrático. Quien se empeña en ocultar información actúa de manera contraria a un sistema democrático. Negar ese acceso restringe toda posibilidad de llevar a cabo investigaciones delicadas”, indicó.

Pariona agregó que no descarta presentar un recurso en contra de esta decisión tomada por la institución policial: “Estamos evaluando qué hacer, porque hemos visto incluso que algunas autoridades han respaldado esta medida. Nosotros creemos que es fundamental defender el derecho a la transparencia y que no se vulnere. La resolución afecta hechos graves que pueden tener consecuencias serias, como casos de violencia sexual. Pensemos en denuncias de trata de personas con fines de explotación sexual o agresiones sexuales: esta medida impediría identificar perfiles de agresores”, señaló.