La nueva y antigua Morococha: un conflicto en medio del proyecto minero Toromocho

En lo alto de la región de Junín, entre la niebla densa y el frío cortante, la antigua ciudad de Morococha aún respira. A pesar del ruido ensordecedor de las explosiones de la mina y del polvo que cae como una llovizna de metales, aproximadamente 40 personas resisten allí, aferradas a sus casas, a su historia y a un territorio.

La empresa minera china Chinalco, que opera el megaproyecto Toromocho, propició el reasentamiento de la ciudad hacia "Nueva Morococha" hace más de una década, con la promesa de una vida mejor. Pero los testimonios de quienes fueron trasladados y de quienes decidieron quedarse revelan una realidad diferente.

"Desde el 5 de noviembre del 2010, hemos perdido la energía eléctrica. Exigimos calidad de vida. Si bien dicen que la minería trae beneficios, también hay que ver el impacto ambiental", denuncia un poblador que aún vive en la antigua Morococha. Él también resalta una omisión grave: la minera contabiliza a las familias por apellidos, pero muchas ya se han independizado. "Dentro de esas familias, con el tiempo, cada una ha ido formando su propio hogar", explica, evidenciando cómo la empresa ignora las dinámicas básicas de la comunidad.

Una ciudad vacía

En la otra cara del conflicto está la nueva ciudad, construida en Carhuacoto, también en Junín, que hoy luce vacía. "Nos reasignaron en 2012. Se ven bonitas casas, pero no hay comercio, es bastante muerto. Es un pueblo fantasma", cuenta una mujer reasentada. Las promesas de desarrollo económico no se cumplieron y el tejido social se rompió. Las calles asfaltadas de la nueva Morococha no compensan el abandono institucional ni la falta de empleo.

Jaime Borda, secretario ejecutivo de la Red Muqui, ha acompañado el caso durante años. "La principal denuncia de las familias que todavía se quedan ahí es que no se van a mover porque es su territorio. Además, sufren hostigamiento por parte de la empresa, que tiene acuerdos con la policía", sostiene. Y agrega que la contaminación también es parte del problema: "Las voladuras, el polvo y la cercanía al tajo minero generan una exposición directa. Las familias han reportado afectaciones a su salud, aunque no haya estudios oficiales del Estado que lo confirmen".

El proyecto Toromocho, operado por Chinalco, procesa más de 170 mil toneladas diarias de cobre y molibdeno, con una inversión que supera los 1,300 millones de dólares. Desde su aprobación, se ha ampliado la capacidad de producción en varias ocasiones, incluyendo una modificación al Estudio de Impacto Ambiental en 2021 aprobada en un contexto electoral controversial.

Midiendo los impactos

Mauro Lalangui, presidente de la Junta Directiva de la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, visitó recientemente la zona y expresó su preocupación: "Nos vamos con esa tristeza de ver ese desastre que están haciendo las empresas mineras justo en las cabeceras de cuenca. El agua es vida, es para todo". En su comunidad, relata, ya han visto morir animales y afectar los cultivos debido al agua contaminada.

En este contexto, los monitores ambientales se han convertido en los ojos de las comunidades. Son quienes miden el agua, documentan los daños y mantienen viva la memoria de los territorios. "Tenemos que hacer el trabajo coordinado para poder tocar las puertas. Tal vez nos escuchen", dice Victoria Fernández, recientemente elegida como secretaria de la Junta Directiva. "Nosotros evaluamos 10 parámetros de las aguas y generamos nuestros historiales. Sabemos analizar y buscar los factores cuando hay alguna alteración", declaró para este medio.

La mesa de diálogo entre el Estado, la empresa y la comunidad lleva más de una década sin resultados concretos. La demanda de amparo presentada por las familias, que buscaba la restitución de derechos vulnerados durante el proceso de reasentamiento, como el derecho a la propiedad y a permanecer en su territorio, fue desestimada por el Tribunal Constitucional en 2024. Ahora evalúan llevar el caso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Saben que si van a pedir una audiencia a la CIDH y posteriormente a la Corte, eso puede tomar mucho tiempo. El caso La Oroya tomó 20 años”, advierte Borda.

Mientras tanto, los días en la antigua Morococha transcurren entre incertidumbre y resistencia. Las familias sobreviven gracias a paneles solares, recolectan agua de manantiales cada vez más escasos, y se organizan para mantenerse informados y protegidos. A pesar de vivir bajo el constante riesgo de caída de rocas y derrumbes por la cercanía al tajo minero, no abandonan su tierra.

Chinalco ha sido sancionada en el 2014, cuando la OEFA ordenó la paralización de sus actividades por descarga de efluentes con metales pesados. Sin embargo, la empresa continúa operando, y sus compromisos sociales siguen sin cumplirse en su totalidad.

El caso de Morococha no es solo un conflicto local, sino una manifestación de los desafíos que enfrenta la región frente a la expansión minera y la preservación de los derechos de las comunidades andinas. Mientras la antigua ciudad resiste, la nueva se vacía. En medio de las promesas de desarrollo, la pregunta sigue vigente: ¿qué significa el progreso cuando deja pueblos enteros sin luz, sin agua y en consecuencia, sin futuro?

Sociedad civil en pie de lucha

En este marco, el IV Encuentro Internacional y I Congreso Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales Comunitarios, reunió a más de 80 líderes de organizaciones sociales y ambientales de Perú y América Latina. Fue un espacio crucial para visibilizar las luchas territoriales como la de Morococha y fortalecer la articulación entre monitores ambientales de diferentes regiones.

"Hemos venido de distintas partes del país porque compartimos una misma lucha: la defensa del agua", señaló Mauro Lalangui durante una de las sesiones. En el evento se intercambiaron experiencias de monitoreo comunitario con representantes de países como El Salvador, Colombia, Bolivia y México. Además, se elaboró un plan de acción regional y se formalizó la estructura nacional de vigilancia ambiental en Perú, con la elección de su primera junta directiva.

El secretario ejecutivo de la Red Muqui destacó la importancia de estos espacios: "Son claves para seguir construyendo estrategias comunes y fortalecer la vigilancia comunitaria, sobre todo ahora que la institucionalidad ambiental está retrocediendo en toda la región". También se denunció los impactos de políticas recientes, como la modificación de la ley APCI, que busca limitar el financiamiento a organizaciones sociales que litigan contra el Estado.

Los participantes dejaron en claro que casos como el de Morococha no están aislados. Son parte de un patrón de vulneración de derechos en zonas de sacrificio ambiental, y que los monitores ambientales están dispuestos a seguir resistiendo desde sus territorios, con autonomía, sabiduría ancestral y ciencia comunitaria.