Ley de cadena perpetua para el secuestro y extorsión es una medida populista, aseguran especialistas

El Ejecutivo promulgó hoy, lunes 22 de septiembre, una ley impulsada por el Congreso que modifica el Código Penal e incorpora el delito de "criminalidad sistemática", que establece que quienes cometan delitos como extorsión, sicariato u otros delitos serán condenados a cadena perpetua. Sin embargo, especialistas han calificado esta medida como "populista" y advierten que no será efectiva para frenar la ola de violencia que afecta al país.

Originalmente, la propuesta se conocía como "terrorismo urbano", pero los legisladores optaron por el término "criminalidad sistemática" al incorporar el artículo 318-B al Código Penal. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial El Peruano bajo la Ley Nº 32446.

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"El que mediante el uso de municiones, armamento de fuego militar o civil, artefactos explosivos u otros de similarES características, provoque o realice conductas tipificadas como delitos de secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado, creando zozobra o terror en la población o una parte de ella; será reprimido con cadena perpetua”, señala el documento.

Nueva ley oficializada no será efectiva

Según Benji Espinoza, abogado penalista, la nueva ley oficializada es una "medida populista" que, en su opinión, genera una "sobrcriminalización", ya que se están imponiendo castigos más severos para delitos que ya están debidamente sancionados. Explicó que el delito de terrorismo se refiere a actos que atentan contra la vida, el cuerpo, la salud y la integridad de las personas, lo cual ya está cubierto por la legislación vigente.

Por lo que argumentó que imponer la cadena perpetua para delitos como la extorsión o el sicariato, cuando en muchos casos estos ya conllevan penas extremadamente severas, no añade nada nuevo al sistema penal.

Espinoza precisó que esta modificación del Código Penal es una medida que busca dar una "sensación de lucha contra la criminalidad" sin una base real. Sostuvo que, el mensaje que se pretende enviar es "falso y vacío", ya que no se está abordando el problema estructural del crimen.

"Esta ley no va a cambiar nada", aseguró. Además, mencionó que el sicariato y extorsión seguirán en aumento porque no existe una política criminal seria ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo. "No se ve ninguna propuesta concreta ni bien fundamentada para resolver los problemas reales de seguridad en el país".

Espinoza también criticó la idea de "aumentar el grosor del Código Penal" como solución a la criminalidad. Según él, "aumentar las penas no reduce la delincuencia", una realidad que ha quedado demostrada en diversos países a lo largo de la historia. De hecho, señaló que aquellos países con penas más duras suelen ser los que enfrentan mayores índices de delincuencia.

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Para Jonathan Correa, abogado penalista del Estudio Ugaz Zegarra Correa, la creación de un nuevo tipo agravante no tiene mucho sentido si, ya existen agravantes para delitos como el secuestro o la extorsión, que ya contemplan penas de cadena perpetua y agravantes relacionados con el uso de armas de fuego, entre otros.

Detalló que "de nada sirve crear nuevos tipos penales si no hay una implementación real y estructural", tanto en el nivel de la investigación como en la capacidad del sistema judicial para llevar a cabo las diligencias de manera efectiva.

Asimismo, indicó que esta medida solo cambia el nombre del delito, antes llamado "terrorismo urbano", para dar la impresión de que se están castigando nuevos tipos de crimen, cuando en realidad ya se trataba de delitos severamente penalizados.

El abogado también cuestionó la eficacia de imponer cadena perpetua sin un cambio real en el sistema penitenciario. "¿De qué sirve tener cadena perpetua si los delincuentes dentro de las cárceles siguen operando? Algunos incluso crean estructuras propias dentro del penal, con su propio liderazgo y régimen",

"Aumentar las penas no soluciona el problema; es una visión simplista que no responde a la raíz del crimen", agregó.

Correa precisó que lo que se necesita son reformas "más integrales", que aborden tanto la prevención y la actuación policial, como la ejecución efectiva de las penas en el sistema penitenciario. Para él, es imprescindible una "modificación normativa e institucional" que permita abordar de manera más efectiva el crimen organizado y las estructuras que lo alimentan.