Betssy Chávez: Poder Judicial dicta 10 meses de impedimento de salida del país contra exministra
El juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela aceptó el pedido de la Fiscalía contra Betssy Chávez. La exministra es investigada por el presunto delito de rebelión por ser la presunta cómplice del intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.
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El Poder Judicial, a través del juez supremo provisional, Edhin Campos Barranzuela, dictó el impedimento de salida del país contra la exministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, por un plazo de 10 meses. Esta medida fue solicitada por la fiscal suprema Zoraida Ávalos en el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.
La Fiscalía hizo el requerimiento luego de que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la prisión preventiva contra Chávez Chino y ordenó su excarcelación debido a que estuvo 8 días recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos sin un mandato judicial. Por ello, se aceptó el habeas corpus presentado por la defensa legal de la exministra.
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Impedimento de salida de Betssy Chávez.
Con dicha medida, Chávez estará impedida de salir del país hasta septiembre del 2026. No obstante, durante la audiencia de evaluación se mencionó que el juicio oral en su contra puede culminar este año.
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En la actualidad, la excongresista está sujeta a medidas restrictivas que incluyen la prohibición de abandonar la ciudad de Lima sin autorización judicial previa, la obligación de someterse a un control biométrico semanal, y la necesidad de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal en la fecha y hora que se le solicite para cualquier trámite del proceso.
La ex primera ministra afronta un juicio oral por el presunto delito de rebelión junto con el expresidente Castillo en su calidad de coautora del golpe de Estado. Por ello, la Fiscalía ha solicitado 26 y 34 años de pena privativa de la libertad, respectivamente, así como la inhabilitación de la función pública por 3 años y 6 meses.
Argumentos de la Fiscalía
Durante la audiencia de evaluación de impedimento de salida del país, el jueves 11 de septiembre, el fiscal Edward Casaverde Trujillo fundamentó su pedido debido a que "existe virtualidad del hecho delictivo" de la excongresista. Casaverde dijo, según su tesis, que Chávez coordinó junto con Aníbal Torres y las emisoras para la transmisión del mensaje a la Nación de Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.
El representante del Ministerio Público citó las declaraciones de los testigos en el juicio oral, los periodistas Cintya Malpartida y Antonio Pantoja Ochoa. El fiscal resaltó que ambos mencionaron que Chávez los hizo ingresar aquel día, "pese a que los órganos administrativos de Palacio de Gobierno no tenían conocimiento" y que supuestamente su presencia era para "una entrevista".
De esta manera, Casaverde sustentó la imputación contra Chávez como presunta coautora del intento de golpe de Estado. Es decir, el fiscal utilizó los hechos mencionados durante el juicio oral para solicitar una medida judicial contra la excongresista.
De igual manera, el representante del Ministerio Público sustentó su pedido en un posible peligro de fuga. Casaverde argumentó este punto al recordar que, el 7 de diciembre del 2022, Betssy Chávez habría intentado acudir a la embajada de México para eludir la justicia. Para ello, pidió el registro de geolocalización del auto que movilizó a la excongresista.
Respuesta de la defensa legal de Betssy Chávez
El abogado César Romero Valdés contrarrestó los argumentos de la Fiscalía al señalar que "la documentación no puede ser tomada en cuenta porque es documentación de investigación preparatoria".
En esa misma línea, Romero narró los relatos de los testigos del juicio oral que, según recuerda, se realizaron contradicciones y que los choferes no recordaban las rutas que tomaron el 7 de diciembre del 2022. Asimismo, aseguró que aquel día se llamó a otros periodistas para realizar una supuesta entrevista.
En cuanto al recorrido que tuvo su patrocinada el día del mensaje a la Nación, el letrado resaltó que la defensa legal se "adhirió" a dicho argumento de la geolocalización "para que se den cuenta cómo fue el recorrido y no existió el peligro de fuga".
Finalmente, Romero mencionó que respetarán el fallo que tome el juez Edhin Campos y que no apelarán la decisión judicial.
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