Muerte materna infantil: la falta de acceso al aborto expone riesgos para la primera infancia
La muerte de una niña de 13 años en Huánuco tras dar a luz expone las graves consecuencias de la violencia sexual, la falta de acceso real al aborto terapéutico y las fallas del sistema de salud. Su caso refleja cómo estas omisiones estatales ponen en riesgo no solo la vida de las niñas, sino también el desarrollo y la protección de la primera infancia.
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En la noche del 1 de agosto de 2025, una niña de 13 años murió tras dar a luz en su vivienda del caserío de Piruro, en el distrito de Panao, Huánuco. El parto ocurrió sin asistencia médica; aproximadamente dos horas después de dar a luz, ella perdió el conocimiento y falleció. El recién nacido, aunque sobrevivió, quedó huérfano de madre. El caso ha sido calificado preliminarmente como una muerte materna infantil en una menor víctima de violencia sexual, y hoy se investiga la omisión de atención adecuada por parte de las instituciones responsables.
Este hecho revela con crudeza cómo la ausencia de acceso efectivo al aborto terapéutico y las fallas estructurales en los servicios de salud y protección del Estado colocan en riesgo no solo la vida de la niña gestante, sino también el futuro de la niña o niño que nace.
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En especial, durante la primera infancia, un período decisivo para el desarrollo integral en el que el cuidado cariñoso y sensible resulta vital para asegurar la salud, el apego emocional y la protección de los derechos más básicos.
Según datos del estudio 'Evolución de la mortalidad materna en Perú 2019-2023', en el año 2023 se registraron 264 muertes maternas, lo cual da 51,9 por cada 100 000 nacidos vivos, lo que muestra una reducción modesta y desigual respecto a décadas anteriores. Las adolescentes representan un porcentaje creciente de estas muertes: entre el 11% y el 16% de los casos corresponden a mujeres menores de 19 años.
A la par, UNICEF ha informado que la mortalidad infantil en el Perú se redujo a 13 niños y niñas fallecidos por cada 1 000 nacidos vivos, pero advierte que los avances no alcanzan a los sectores más vulnerables, donde el embarazo adolescente y la violencia sexual son factores determinantes.
El aborto terapéutico que no se aplica
El aborto terapéutico en el Perú es legal cuando la vida o la salud de la gestante están en riesgo. Sin embargo, en la práctica este derecho sigue siendo inaccesible para muchas niñas. Susana Chávez, directora de incidencia de Promsex, calificó este caso como "un crimen de omisión", y señaló que "el embarazo era producto de una violación y tenía derecho al aborto terapéutico".
En declaraciones a un medio local, Chávez, insistió en que "cualquier hospital al interior del país puede estar en capacidad de atender el aborto terapéutico", pero que no se está aplicando, lo que condena a niñas y adolescentes a embarazos forzados y a partos de alto riesgo.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, exigió "atención urgente y coordinación eficaz tras muerte de adolescente que dio a luz en su vivienda". Además, recordó que desde junio de 2025 las autoridades conocían el caso, cuando un centro de salud notificó que atendía a una gestante de 13 años. Para la Defensoría, el Ministerio Público no habría actuado con la diligencia necesaria, lo que refleja un patrón de desprotección estatal frente a la violencia sexual y sus consecuencias.
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UNICEF también reaccionó de manera contundente, reclamando que el Estado "asuma de manera urgente y efectiva su deber de proteger a la niñez ante la violencia y el abandono". El organismo recordó que "todas las interacciones con los niños y niñas son oportunidades para manifestarles amor, contención y seguridad. Responder a sus necesidades de manera sensible y responsiva les ayudará a desarrollar todo su potencial". Este principio de cuidado cariñoso y sensible es hoy fundamental para el bebé huérfano que dejó la adolescente fallecida, quien necesita acompañamiento afectivo, protección social y un entorno seguro para desarrollarse.
Desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el viceministro Carlos Vilela Del Carpio viajó a Huánuco para articular medidas de protección. "La familia de la menor viene recibiendo apoyo emocional y social por parte de especialistas como psicólogos, abogados y asistentes sociales, garantizando el seguimiento del caso", afirmó.
Además, confirmó que el recién nacido recibirá el bono de asistencia económica por orfandad del Inabif y que ya cuenta con vacunas y acompañamiento del Centro Emergencia Mujer de Pachitea. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, llegan tarde para evitar la tragedia y no resuelven el problema estructural de acceso a derechos.
Organizaciones feministas también alzaron su voz ante esta situación. Flora Tristán recordó que "cada año, miles de niñas y adolescentes en el país enfrentan embarazos forzados producto de la violencia. La falta de prevención de este crimen y las barreras para el acceso al aborto terapéutico impactan directamente en la vida de las más vulnerables". Este señalamiento conecta con un patrón más amplio: la normalización del embarazo adolescente como consecuencia de la violencia sexual, un fenómeno que afecta gravemente a las comunidades rurales y amazónicas.
Pero dejemos un momento las estadística y detengámonos a ver lo que está en juego: el derecho de las niñas a vivir una infancia libre de violencia y a no ser forzadas a la maternidad. Como advierte la Organización Mundial de la Salud, cada día más de 700 mujeres mueren en el mundo por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto, siendo los abortos inseguros una de ellas. En el Perú, el caso de Huánuco revela que no se trata solo de estadísticas, sino de historias truncadas por omisiones que se pudieron evitar.
Impacto psicológico en la primera infancia
La psicóloga Mayra Rosales, advierte que las consecuencias psicosociales de estos hechos son profundas. "No estamos hablando únicamente de la pérdida de una madre, sino de la interrupción de un proceso de apego fundamental. Un recién nacido privado de la figura materna enfrenta mayor riesgo de sufrir problemas emocionales, de apego inseguro y de desarrollo cognitivo limitado. Además, la comunidad entera queda marcada por la percepción de que la infancia no está protegida, lo que genera desconfianza en las instituciones y normaliza la violencia", dijo para La República.
Para Rosales, este caso ilustra la urgencia de brindar acompañamiento psicológico inmediato no solo al bebé, sino a la familia y a la comunidad afectada, con el fin de cortar el ciclo de trauma y abandono.
Las medidas para prevenir nuevos casos tienen que ser claras. Primero, garantizar que los protocolos de aborto terapéutico se apliquen sin trabas ni objeciones arbitrarias, y que todos los establecimientos de salud tengan capacidad real de atender emergencias obstétricas. Segundo, reforzar la educación sexual integral con enfoque en derechos, que permita prevenir la violencia sexual y brindar información a las niñas.
Tercero, asegurar mecanismos de traslado rápido y de atención médica en las zonas rurales más alejadas. Cuarto, brindar apoyo psicológico, social y económico a las familias que garanticen que los recién nacidos reciban un cuidado cariñoso y sensible, que les provea estabilidad, apego afectivo y condiciones para poder desarrollarse plenamente.
Una deuda pendiente
La muerte de la niña de 13 años en Huánuco constituye una herida abierta que interpela al país entero. No basta con protocolos escritos si no se aplican, ni con leyes que reconocen derechos si no se garantizan en la práctica.
El Estado, las instituciones de justicia y salud, y la sociedad en su conjunto tienen la responsabilidad de asegurar que ninguna niña vuelva a ser obligada a parir, que ninguna adolescente muera en parto por falta de atención, y que ningún recién nacido inicie su vida privado del afecto de su madre por una negligencia evitable.
Este caso no solo debe ser recordado como una tragedia aislada, sino como un llamado urgente a transformar las políticas públicas en realidades palpables. La infancia en el Perú merece vivir bajo cuidado cariñoso y sensible, libre de violencia, con salud y dignidad. Y esa es una deuda que el Estado aún tiene pendiente con las niñas más vulnerables.
