Dina Boluarte solicitó a Santiváñez conseguir arraigo laboral para evitar que Nicanor Boluarte vaya a prisión preventiva

Dina Boluarte buscó generar arraigo laboral para su hermano a través de un “hombre clave”: Juan José Santiváñez. Según la tesis fiscal, el actual ministro de Justicia tenía la tarea de encontrar una institución que certifique que Nicanor Boluarte desempeñaba funciones en ella, con el fin de evitar un eventual pedido de prisión preventiva en su contra. Para cumplir con este propósito, Santiváñez habría activado la red delictiva que presuntamente lidera.

Este requerimiento habría encontrado una salida rápida mediante la empresa minera El Dorado, señalada por la Fiscalía como parte de la red de corrupción atribuida al ministro. De acuerdo con la investigación, el empresario Franco Parodi Gianella habría solicitado la intervención del entonces ministro del Interior para que ordene un operativo policial que le permitiera recuperar dicha compañía. A cambio, Santiváñez habría exigido 160.000 dólares y que Nicanor Boluarte pudiera acreditar un vínculo laboral con la empresa de Parodi Gianella.

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Nicanor Boluarte necesitaba ese arraigo laboral para contrarrestar los pedidos de prisión preventiva presentados por el Ministerio Público. Sin embargo, a finales de 2024, el Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra en el marco del caso Waykis en la Sombra, en el que se le acusa de liderar una organización criminal dedicada a designar prefectos y subprefectos de manera irregular. Tras esa decisión, el hermano de la presidenta permaneció dos meses en la clandestinidad.

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Fiscalía: Juan José Santiváñez habría cobrado al menos 180.000 dólares ilícitos

El Ministerio Público atribuye a Juan José Santiváñez la dirección de una red delictiva mientras ocupaba el cargo de ministro del Interior. De acuerdo con la investigación fiscal, dicha organización habría recaudado un total de 180.000 dólares mediante operaciones ilegales.

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20.000 habrían tenido origen desde un efectivo de la Policía Nacional: Gregorio Villalón Trillo. Según la Fiscalía, en una reunión a fines de 2024 entre Percy Tenorio —identificado como operador de Santiváñez— y Marco Palacios, este último transmitió por teléfono al entonces ministro un pedido para impedir la salida de los generales David Pablo Villanueva Yana y Villalón Trillo. La respuesta de Santiváñez habría sido exigir que se escogiera entre ambos, planteando la disyuntiva “¿Villanueva o Villalón?”. Tenorio intervino en favor de Villalón, alegando que era de su misma promoción en la PNP y que podía colaborar en actividades ilegales, como ya lo había hecho anteriormente.

Posteriormente, Santiváñez habría instruido a Tenorio para que notificara a Villalón que, si deseaba conservar su cargo, debía entregar 20.000 dólares. Meses más tarde, entre agosto y septiembre de 2024, el entonces ministro habría ejecutado gestiones orientadas a beneficiar al empresario Franco Parodi Gianella en la recuperación de la mina El Dorado. Para concretar dicho objetivo, dispuso la intervención de efectivos policiales en un operativo que simulaba ser legal, por el cual habría recibido los 160.000 dólares mencionados.