Dina Boluarte sigue el libreto de Alberto Fujimori: dictador quebró relación con Corte IDH y un año después su gobierno cayó
La presidenta Dina Boluarte ha anunciado su intención de romper vínculos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que recuerda la misma estrategia del expresidente Alberto Fujimori cuando también intentó retirar al Perú de la competencia de la Corte. Sin embargo, un año después su régimen quebró en medio de escándalos de corrupción y vulneración de los derechos humanos.
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En una decisión que recuerda el estilo autoritario de los años noventa, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado su intención de romper vínculos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH). Esta medida trae a la memoria lo ocurrido en el 1999, cuando el expresidente Alberto Fujimori intentó retirar al Perú de la competencia de la Corte para evitar fallos en su contra, pero no lo logró. Solo un año después, su régimen quebró en medio de escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.
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Como ocurrió con Fujimori, el anuncio de Boluarte surge en un contexto similar de acusaciones por represión y vulneración de los derechos humanos.
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Alberto Fujimori intentó salirse de la corte IDH
No es la primera vez. Y es que en julio de 1999, el expresidente Alberto Fujimori quiso retirar al Perú de la IDH. La medida fue presentada como una defensa de la soberanía nacional frente a lo que el régimen consideraba fallos "injustos" que favorecían a supuestos terroristas.
El 1 de julio de ese año, su gobierno envió una nota al exsecretario general de la OEA, César Gaviria Trujillo, donde señalaba que no cumpliría con las sentencias de la corte en el caso Castillo Petruzzi y otros ni con las sentencias de reparaciones en el caso Loayza Tamayo.
Cabe recordar que el 1997, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado peruano debía reparar a la profesora María Elena Loayza Tamayo y a sus familiares, tras concluir que había sido detenida arbitrariamente, torturada y sometida a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Loayza había sido acusada en 1993 de colaborar con Sendero Luminoso, y condenada a 20 años de prisión. El fallo de la Corte no solo reconoció la violación de sus derechos fundamentales, sino que también influyó en su liberación.
Dos años más tarde, el 30 de mayo de 1999, el mismo tribunal internacional emitió un fallo a favor de cuatro ciudadanos chilenos, Jaime Castillo Petruzzi, María Concepción Pincheira Saenz, Lautaro Enrique Mellado Saavedra y Alejandro Astorga Valdés, exmiembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). La Corte ordenó que se anularan las sentencias de cadena perpetua dictadas por tribunales militares y que los acusados fueran sometidos a un nuevo proceso respetando el debido proceso.
Sin embargo, a diferencia del caso Loayza Tamayo, el gobierno peruano no acató la resolución en el caso de Castillo Petruzzi, debilitando su relación con el sistema interamericano de justicia.
Un año después de que Alberto Fujimori intentó separarse de la IDH, viajó a Brunéi para asistir a una cumbre internacional de líderes económicos del APEC. Sin embargo, una vez fuera del país, se desvió hacia Japón, desde donde decidió no regresar al Perú.
Su salida coincidió con la difusión de los "vladivideos", que revelaban una red de corrupción liderada por su asesor Vladimiro Montesinos, así como con protestas masivas. Desde Tokio, Fujimori envió por fax su carta de renuncia a la presidencia del Perú, intentando evadir un proceso de vacancia. Sin embargo, el Congreso rechazó su renuncia y lo destituyó por "incapacidad moral permanente".
Dina Boluarte insiste en terminar relaciones con la Corte IDH
Hoy, el gobierno de Dina Boluarte reafirmó su decisión de cortar vínculos con la IDH en medio de denuncias por violaciones a los derechos humanos, al considerar que su actuación representa una amenaza directa a la soberanía nacional.
“Es imperativo que el Estado se defienda, no solo en términos de integridad territorial, sino también en la plena aplicación de nuestra Constitución y nuestras leyes. (…) No vamos a permitir que organismos internacionales interfieran en nuestras decisiones soberanas. Por ello, se requiere una norma que amplíe los alcances de este concepto jurídico a la realidad contemporánea, de manera que el Perú reafirme, sin ambigüedades ni concesiones, su derecho a decidir su propio destino (…)”, declaró.
Asimismo, la mandataria acusó al organismo de intentar debilitar la autoridad de las instituciones nacionales como el Congreso y el Poder Judicial.
"No aceptaremos que se intente socavar la independencia de nuestras instituciones del Estado con llamados a no aplicar la legislación peruana que emana de una nación libre. Llamados irresponsables que sospechosamente son difundidos por entidades interesadas en destruir nuestro sistema democrático", señaló.
