Congreso: exigen censura del primer ministro Gustavo Adrianzén por papelón del Gobierno en Pataz
Reacción. La incompetencia del Ejecutivo frente al crimen en Pataz generó que la oposición exija la salida del primer ministro Gustavo Adrianzén. Fuerza Popular y APP lo blindan. En medio de la crisis, el presidente del Congreso viajó a los Estados Unidos.
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El papelón del Gobierno frente al crimen en Pataz, en La Libertad, le puede costar a la mandataria Dina Boluarte la caída de su gabinete ministerial.
Un sector de la oposición en el Congreso, conformado por congresistas de izquierda y derecha, ha suscrito una moción de censura contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, por esta tragedia.
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La semana pasada, cuando trascendió el secuestro de 13 mineros en Pataz, el ministro Adrianzén no pudo confirmar la información. Días después, los trabajadores fueron encontrados sin vida.
Al cierre de esta nota, más de 20 congresistas habían suscrito la moción de censura multipartidaria. Para poder presentar este documento y discutir la continuidad del ministro en el Pleno, se necesitan 33 rúbricas.
De acuerdo con el documento difundido, la moción de censura fue suscrita por parlamentarios del Bloque Democrático Popular, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Acción Popular, Perú Libre, Honor y Democracia y los no agrupados.
“Es insostenible la permanencia de Adrianzén y su gabinete”, tuiteó la congresista del Bloque Democrático Popular Ruth Luque. “La salida del premier es una necesidad política”, manifestó, por su parte, el congresista de Juntos por el Perú Roberto Sánchez.
Podemos, en un comunicado, anunció que también presentará una moción de censura. “El Perú necesita un gabinete de guerra”, dice el oficio.
La bancada de Renovación Popular también exigió la renuncia del primer ministro.
En el caso de Fuerza Popular y Alianza para el Progreso (APP), las bancadas oficialistas de este Gobierno, ninguno de sus congresistas se ha adherido a este pedido.
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Incluso, la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, de Fuerza Popular, abordada por la prensa, prefirió anunciar que su bancada impulsará una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Walter Astudillo.
Pero es conocido que las interpelaciones son un saludo a la bandera en el Congreso: cuando un ministro asiste al hemiciclo, la mayoría de parlamentarios no lo hace.
Ayer, el ministro del Interior, Julio Díaz, se presentó ante la Comisión de Defensa. Fue una sesión informativa sin mayor efecto en esta crisis.
Mientras se desarrollaba la sesión, se pudo conocer que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, de APP, se encuentra en Estados Unidos desde el 3 de mayo. Para ese día, era de público conocimiento que los 13 trabajadores fueron secuestrados en Pataz.
Gobierno sin mea culpa
La presidenta Dina Boluarte, ante la prensa, pretendió minimizar la responsabilidad de su primer ministro y respaldó su continuidad. “El crimen de Pataz no se resolverá sacando al premier”, dijo.
Pero, además, evitó reconocer que su Gobierno indicó que no contaba con información verificada respecto al secuestro de trabajadores en Pataz, pese a que el 30 de abril ya había trascendido el ataque criminal y fue alertado por la prensa para evitar una tragedia.
“El Ejecutivo, desde el primer momento que se rumoreaba que probablemente había personas secuestradas, inmediatamente tomamos las acciones debidas”, respondió Boluarte.
Al final, esas supuestas acciones inmediatas, que mencionó la mandataria, no evitaron que los trabajadores de Pataz fueran ultimados.
Denuncian a Boluarte por su cirugía
El congresista del Bloque Democrático Popular Carlos Zeballos presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto ocultamiento de la cirugía a la que se sometió en 2023. Esta denuncia constitucional propone inhabilitarla 10 años de la función pública.
Se trata de la segunda denuncia constitucional presentada por un congresista del Bloque Democrático Popular contra Boluarte por este caso. Hace un año, lo hizo la parlamentaria Ruth Luque, pero en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la legisladora María Acuña, de APP, no avanza la indagación.
