“Usted es un desgraciado”: padre de víctima en Pataz arremete contra Adrianzén por desestimar secuestro de mineros

Enrique Carbonell, padre de uno de los 13 trabajadores asesinados en la mina Poderosa, en Pataz (La Libertad), arremetió contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén, por inicialmente negar y descartar que haya información sobre el secuestro que precedió a la masacre. Visiblemente afectado, Carbonell cuestionó la versión oficial del titular de la PCM, quien aseguró no haber tenido conocimiento de los hechos hasta el viernes 2 de mayo.

"Señor Adrianzén, escúcheme usted. Usted es un patán, es un desgraciado, porque no ha tenido contemplancia (sic) con aquellos que han sido retenidos por estos delincuentes", expresó indignado el padre de familia, en declaraciones a Canal N. Según afirmó, la denuncia formal sobre el secuestro fue presentada el martes 29 de abril a las 10 de la noche. “Y usted sale a decir el día miércoles que no sabía nada y que no había ninguna denuncia. Eso es una mentira grande, y que lo sepa toda la nación”, agregó.

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Padre de víctima en Pataz arremete contra Gustavo Adrianzén

El reclamo de Carbonell se suma al creciente malestar de los familiares de las víctimas, quienes exigen justicia y mayor presencia del Estado en una zona marcada por la violencia criminal. “Estoy indignado por esa actitud suya, y debe salir a los medios de comunicación a desmentir eso. Son seres humanos, señor”, exigió.

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Además, denunció el abandono de las autoridades en Pataz. “No hay ni un puesto policial, ni siquiera un puesto de auxilio rápido. Entonces, ¿por qué no ponen una base militar?”, reclamó. También exhortó al Congreso a tomar cartas en el asunto ante la evidente falta de protección estatal en la región. "Exijo al Congreso de la República que trate de ver esta situación", finalizó.

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Adrianzén asegura que el Gobierno actuó "desde el primer momento"en Pataz

Horas después, desde la conferencia de prensa realizada en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que el Gobierno respondió desde el primer momento en que se tuvo conocimiento sobre la desaparición de los trabajadores mineros en Pataz.

“Desde el inicio, aun cuando la información era preliminar y no confirmada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas en los puntos críticos del distrito”, afirmó. Además, precisó que la primera alerta sobre un posible secuestro fue difundida por medios de comunicación el 29 de abril. “El día 30 de abril, durante la conferencia posterior al Consejo de Ministros, informamos que la propia minera Poderosa había descartado que las personas desaparecidas fueran parte de su personal”, sostuvo Adrianzén, justificando sus declaraciones iniciales.

Pese a esa primera versión, el premier recalcó que la alerta fue tratada con seriedad y que, desde entonces, se desplegaron efectivos del Ejército y la Policía en la zona afectada. “Nos preocupaba que la información fuera cierta. Se realizaron patrullajes, operaciones de verificación e incursiones en bocaminas desde el 30 de abril”, añadió.

Gobierno de Dina Boluarte dudó de veracidad del atentado

El 30 de abril, apenas un día después de que se denunciara el secuestro de los trabajadores en Pataz, el primer ministro Gustavo Adrianzén restó importancia a los reportes iniciales, alegando que no había información oficial al respecto. Además, la tragedia se agrava considerando que la masacre se produjo en un contexto de estado de emergencia, declarado por el Ejecutivo y respaldado por el gobernador regional César Acuña.

A través de un comunicado, la propia empresa Poderosa ha denunciado el abandono del Estado y el deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz. "Esta semana, en un acto que pone en evidencia el terrible deterioro de las condiciones de seguridad en Pataz, mineros ilegales coludidos con criminales, secuestraron a 13 trabajadores que brindaban servicios a un minero artesanal, con quien Poderosa mantiene un contrato de explotación", se lee en la publicación.

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La compañía cuestionó la falta de resultados concretos de las autoridades, recordando que la semana previa se desplegaron más de 800 efectivos policiales en un operativo que no incluyó interdicciones en las bocaminas ilegales donde finalmente se produjeron los enfrentamientos.