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Gobierno no pudo evitar la represión y la violencia en Las Bambas

Crisis. Tres heridos graves, 11 detenidos –entre ellos un periodista de este diario– e instalaciones incendiadas fueron el saldo que dejó el enfrentamiento entre comuneros de Fuerabamba y la policía en el campamento minero de MMG. El Ejecutivo, otra vez, demuestra su incompetencia para resolver conflictos sociales.

El dato. Desde hace dos semanas, Las Bambas estuvo paralizada. El Ejecutivo se enfocó en su proyecto de nueva Constitución y no resolvió este conflicto, dejando que la violencia crezca. Foto: Raúl Cabrera/La República
El dato. Desde hace dos semanas, Las Bambas estuvo paralizada. El Ejecutivo se enfocó en su proyecto de nueva Constitución y no resolvió este conflicto, dejando que la violencia crezca. Foto: Raúl Cabrera/La República
Zaida  Tecsi,Diego Quispe,

El Gobierno de Pedro Castillo no pudo evitar que el conflicto en Las Bambas estalle y tenga una jornada llena de violencia y represión en la provincia de Cotabambas, Apurímac.

Ayer hubo un enfrentamiento entre los ciudadanos de Fuerabamba y cientos de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), en la zona de Takiruta, donde funciona el campamento minero de MMG Las Bambas que se encontraba rodeado por los comuneros desde el jueves 14 de abril.

La policía inició desde esa hora un operativo para recuperar el territorio a fin de que la empresa minera retome sus operaciones.

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El martes 26 de abril, los ejecutivos de MMG Las Bambas y la policía de Apurímac se habían reunido para finiquitar detalles del desalojo a los fuerabambinos, quienes no estaban enterados de este plan. Incluso estaban confiados en que el Ejecutivo enviaría para el miércoles una comitiva con el fin de continuar las mesas de diálogo.

En un acta suscrita por los representantes de la minera y la PNP, se comprometieron a que el operativo no iba a atentar contra los derechos de los comuneros. Pero eso quedó en el papel. El desalojo estuvo marcado por una alta dosis de violencia que dejó graves heridos y detenciones.

Ayer temprano, para sumar tensión a la situación, el Ejecutivo emitió un decreto que declaró en emergencia los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, de Apurímac, por 30 días. Con esto quedaban suprimidos los derechos de los habitantes de dichas localidades.

Incidentes. El Ejecutivo pudo evitar enfrentamientos como los de ayer, pero no lo hizo. Foto: Raúl Cabrera/La República

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A las 11.30 de la mañana se oyeron disparos y bombas lacrimógenas, el punto de partida para el inicio de la gresca. Los jóvenes de Fuerabamba respondieron el ataque con sus huaracas. Pero esto era inservible ante las fuerzas del orden que contaban con 676 efectivos.

Bastaron tres horas para que la policía tome el control de los exteriores del campamento minero. Sin embargo, los enfrentamientos en Challhuahuacho iban a continuar hasta la noche.

El operativo dejó 14 heridos. Entre los más graves están Rosa Paniura Vargas, de 60 años, quien perdió el globo ocular; Teresa Paniura Vargas, de 48 años, quien tiene una aparente fractura de la pierna derecha, y Daniel Huilca, de 21 años, quien fue reportado con policontuso en el rostro.

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Ese fue el costo humano de la trifulca de un conflicto que se le escapó de las manos al Gobierno.

En el recinto de MMG, en tanto, fueron incendiadas las instalaciones, maquinarias y tres vehículos de la minera. La Subprefectura atribuyó estos actos a los comuneros.

El alcalde de Challhuahuacho, Porfirio Gutiérrez Paniura, en tanto, protestó contra el operativo. “Expreso mi total rechazo a la intervención policial realizada hoy en horas de la mañana donde hubo maltratos físicos, psicológicos y atropellos, ocasionando lesiones”, refirió.

Descontrol. Hubo 14 heridos, tres de gravedad, y 11 detenidos en el operativo policial. Foto: Raúl Cabrera/La República

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Detuvieron a periodista de La República

El despliegue policial no respetó la labor de la prensa. Raúl Cabrera, corresponsal de La República en Cusco, que se encontraba en Takiruta, registrando el enfrentamiento, fue detenido sin ninguna justificación.

Según el jefe del Frente Policial Apurímac, general Roger Pérez Figueroa, hubo 11 detenidos en total: nueve mujeres y tres varones. Entre ellos se encontraba el periodista Raúl Cabrera. Todos, añadió, fueron conducidos a la comisaría de Challhuahuacho para el control de identidad y posteriormente ser liberados a las 4 de la tarde.

Sin embargo, esta versión se contradice con la cronología de los hechos y la propia declaración del corresponsal. Al mediodía fue la última comunicación telefónica de Cabrera. El periodista recién envió un audio de WhatsApp a sus compañeros de trabajo a las 5.30 de la tarde, en el que dio razón de su paradero. “Me han intervenido de la Policía a pesar de que me he identificado, me quitaron los equipos (...) Si mando solo este mensaje es porque solo me han permitido un rato, no me dejan hablar”, manifestó.

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A Cabrera le habían incautado su cámara fotográfica, su teléfono celular y sus documentos. Por eso se mantenía incomunicado. Cuando el reportero fue buscado en la comisaría de Challhuahuacho, los efectivos respondieron que él no se encontraba allí. Eran las 6.30 de la tarde y su ubicación era desconocida.

Recién fue liberado pasadas las 7 de la noche.

Cabrera cuenta que estuvo detenido en los interiores del campamento de MMG por seis horas. Allí fue interrogado adentro de un vehículo. Asimismo, los efectivos manipularon su cámara fotográfica y su teléfono celular.

Reportero. Raúl Cabrera. Foto: difusión

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“Me hicieron un interrogatorio dentro del carro. Me quitaron la mochila, mis equipos, borraron las fotos de mi celular. Me asusté”, narra el reportero. Cuando fue interceptado, agrega, los efectivos cuestionaron que esté tomando fotos del enfrentamiento. “Les dije que era periodista, pero no quisieron creerme y me llevaron junto a otras personas, madres con niños”, añadió.

Condenan represión

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) expresó su rechazo a esta detención. “Preocupa que no se haya tenido información exacta referente al paradero del periodista por alrededor de seis horas. En este tiempo, desde los espacios policiales, compartían información contradictoria, negando la presencia de detenidos”, protestó en un comunicado.

La Policía Nacional no brindó más explicaciones sobre tal intervención.

Pérdidas materiales. El enfrentamiento también dejó dañado el campamento minero. Foto: difusión

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La versión oficial

El Consejo de Ministros, por su parte, emitió un comunicado en el que alega que fue MMG Las Bambas la que solicitó el 16 de abril al jefe del Frente Policial de Apurímac apoyo para el desalojo. “Cabe precisar que esta acción –pedida por la empresa privada– fue solicitada antes que el Gobierno decretara el estado de emergencia”, tuiteó.

Pero esto no quita responsabilidad al Gobierno de Castillo, que mostró incapacidad para encontrar soluciones pacíficas.

Para que los comuneros de Fuerabamba abandonen los exteriores del campamento de Las Bambas, las comunidades de Chila y Choaquere debían llegar a un acuerdo con el Ejecutivo y la mina. Sin embargo, hasta el martes último no hubo eso.

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El lunes 25, el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, dejó plantados a los dirigentes de Chila por participar en el Consejo de Ministros donde se aprobó el proyecto de ley de asamblea constituyente. Debido a ello, los comuneros de Chila ya no quisieron dialogar.

Con Choaquere, el ministro Palacios llegó a conversar, pero esta comunidad le dará una respuesta el 3 de mayo. Mientras eso, se supone, había una tregua. Palacios iba a conversar supuestamente con los dirigentes de Fuerabamba. Pero nunca sucedió eso. Se trató de una especulación que distrajo a los comuneros para no prever el desalojo. En Chila, Choaquere y Fuerabamba, sus ciudadanos sienten que el presidente Pedro Castillo les ha dado la espalda.

Daños. Tres camionetas de MMG fueron incendiadas. La Subprefectura culpa a los comuneros. Foto: difusión

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“Enviamos cartas al presidente y nada”

El presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, culpó al presidente Pedro Castillo de la represión que sufrió su comunidad ayer por parte de la policía. El operativo ha crispado los ánimos de los comuneros.

“Las Bambas no va. No habrá más diálogo. Esperamos con buena voluntad, enviamos cartas para el presidente Castillo y el premier, y nada. Han esperado que nos masacren. Nos han declarado la guerra”, protestó Edison Vargas en diálogo con Exitosa.

Recordemos que, desde el 18 de abril, el proyecto Las Bambas había suspendido su producción debido a que los comuneros de Fuerabamba habían tomado los exteriores del campamento minero en Takiruta. En dos semanas, el Ejecutivo no pudo resolver el conflicto de forma pacífica.