Piero Corvetto: Poder Judicial dicta impedimento de salida del país contra el exjefe de la ONPE

El Poder Judicial dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. La decisión se tomó en el marco de la investigación por el escándalo de la demora de la entrega del material electoral en las elecciones del 12 de abril.

La medida ordenada por el juez de investigación preparatoria, Manuel Chuyo, se basó en los argumentos del Ministerio Público. El equipo de fiscales especializados en delitos de corrupción conformado por Reynaldo Abia, Roosvelt Morales y Moíses Quispe señalaron una posible fuga de Piero Corvetto, hecho que perjudicaría el curso de la investigación.

Durante la audiencia ante el Poder Judicial, los fiscales sustentaron el pedido de impedimento de salida del país de los funcionarios, así como los hechos que concluyen que hubo un presunto favorecimiento para otorgar la buena pro del transporte de material electoral a la empresa Galaga SAC.

Alegatos de la Fiscalía

El fiscal Reynaldo Abia inició la sustentación y cuestionó las designaciones realizadas por Piero Corvetto, específicamente la del gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, por su falta de experiencia con la logística a gran escala. En su intervención, el fiscal señaló que su nombramiento “debilitó la toma de decisiones” en el organismo electoral.

Abia sostuvo que ya se habían establecido los lineamientos para la contratación de bienes y servicios el año pasado. Sin embargo, se realizaron modificaciones como permitir que un representante del área que solicita el bien o servicio participe directamente en la evaluación de las propuestas y la firma del documento de la buena pro. Para Abia, estos cambios sugieren un presunto direccionamiento en el concurso público a favor de la empresa Galaga SAC.

[El cambio normativo] impide que los postores impugnen los resultados, lo que le permitió la discrecionalidad absoluta de los evaluadores y la inmutabilidad de la decisión”, sostuvo en su intervención. Además, señaló que no se podían revisar los acuerdos administrativos, hecho que produjo la concentración de la decisión final en pocas personas.

Respecto al peligro de fuga, el fiscal añadió que es necesario que se apruebe el impedimento del país de Piero Covetto, ya que las diligencias requieren de su presencia para esclarecer cualquier información que encuentren en sus objetos personales incautados. “Hay mucha documentación, se han incautado celulares y se requieren peritajes especiales. La presencia del señor Corvetto es necesaria para que se aclaren estos hechos graves”.

Por su parte, el fiscal Roosvelt Morales detalló cómo se habrían flexibilizado los términos de referencia (TDR) para beneficiar a Galaga SAC. De acuerdo con el fiscal, se llevó a cabo un “plan criminal” que habría involucrado a otros funcionarios de la ONPE.

“Se habría concertado con el proveedor Juan Charles Alvarado Pfuyo para que esta empresa se vea beneficiada de la buena pro. (…) también se habría flexibilizado los términos de referencia en desmedro de los intereses del Estado”.

Según el fiscal Morales, el TDR señalaba que el proveedor podía subcontratar el 40% del monto contratado. Esto implica que no era necesario contar con todos los vehículos como propios, sino que podía apoyarse en terceros para cumplir parte del contrato. “El TDR se realizó con proyección de favorecer a la empresa Galaga”, indicó.

Morales también advirtió sobre el investigado José Samamé Blas e indicó que tiene 3 domicilios distintos, lo cual es un indicio de posibilidad de salir del país. “Desde el 13 de abril ya no trabaja en la institución, eso puede hacer que él salga fácilmente al no tener un arraigo. Cuenta con pasaporte y un movimiento migratorio que determina que podría viajar a otros países".

El fiscal Moisés Quispe fue quien sustentó la intervención del subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, en las fallas logísticas de las elecciones. El fiscal lo acusó de concertar con el proveedor y dar conformidad a servicios deficientes.

“Advertimos que la formulación de los TDR habrían sido determinada de manera posterior y no previa al desarrollo del procedimiento. Los lineamientos se habrían realizado en coordinación con los proveedores en una diligencia previa", indicó Quispe.

Se tiene un peligro de fuga al presentarse una pena de 15 años por delito de colusión agravada. Necesitamos su presencia física en el Perú para que participe en diligencias para la visualización de la información de su celular y computadora".

Finalmente, el fiscal Abia explicó las irregularidades en el puntaje y la situación de las funcionarias Hilda Otoya, asistente de Distribución II de la Gerencia de Producción Electoral. Otoya se encargó de la elaboración, tramitación y gestión del servicio por lo que determinó la relación de conductores placas y el personal para trasladar el material electoral. Sin embargo, se presume que habría concertado con Juan Charles Alvarado Pfuyo, gerente general de Galaga SAC para que se vea beneficiada su empresa.

Sobre el cumplimiento del contrato por la empresa Galaga, el fiscal mencionó que se habría aplicado un doble estándar. "Yo te exijo que sea de esta manera, pero en la ejecución del contrato te doy la posibilidad de que sea flexible. Ese doble estándar es lo que ha llevado a favorecer a la empresa Galaga”. El fiscal expresó que los evaluadores permitieron una evaluación arbitraria de las dimensiones de los vehículos requeridos donde incluía la cabina a pesar que en los TDR solo se admitían las tarjetas de propiedad, disminuyendo así los puntajes de las demás empresas.

El fiscal también cuestionó el accionar de Lilia Flores, gerenta de Supervisión y Fondos Partidarios, quien fue designada para participar en el proceso de selección de vehículos de transporte de material electoral para que compare las propuestas de los postores, de acuerdo con Abia.

“Lilia Flores y William García Velásquez [representante del área usuaria en el proceso de contratación] aplicaron un criterio no previsto en TDR, restando 2 metros a la longitud de vehículos de Hermes/AFE para reducir su metraje cúbico favoreciendo el puntaje de Galaga, otorgando la buena pro pese a tener un costo económico mayor, causando un perjuicio patrimonial estimado en S/469,404.75”, se lee en la presentación del fiscal.

Todos los fiscales sostienen que, ante la gravedad de la pena, la cual puede ser desde 15 años, el peligro de fuga es inminente. Los tres fiscales coincidieron en que la medida de impedimento de salida es la forma de garantizar que los investigados participen en las diligencias de los equipos incautados.