Avalancha de conflictos sociales que se le vienen a Pedro Castillo en el sur

Zaida Tecsi - Fiorella Martínez

Los conflictos sociales aquietarán en Semana Santa y, todo indica, volverán a reactivarse el 18 abril. Ese es el panorama en las regiones del sur que, pese a ser el bastión electoral de Pedro Castillo, no parecen dispuestas a ceder sino se les atiende.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, Cusco, Puno y Apurímac son las más peligrosas. La primera tiene 19 conflictos y las otras dos 14. Luego viene Moquegua (6) Arequipa (3) y Tacna (1).

“No aguantamos el alto costo de vida. La vida en el campo ya es insostenible y de la segunda reforma agraria que prometió el presidente, no hay nada”, dice Marco Pino, presidente de la Junta de Usuarios del Cusco.

Los agricultores acatarán un paro el 18 y 19 de abril. El año pasado bloquearon la vía férrea a Machupicchu con una factura muy para el turismo. Suspendieron sus medidas esperando una mesa de diálogo que no se ha dado hasta hoy. Pino señaló que la tregua no va más.

“El presidente se ha olvidado de los hombres del campo. El precio de los fertilizantes es impagable para una agricultura familiar”, sostuvo Valeriano Ccama Zamata, vicepresidente de la Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru (Fartac). Ellos reclaman un convenio con la fábrica Industrias Cachimayo para que produzcan fertilizantes y así abarate el costo de este insumo.

Esos días no habrá transporte público. Los transportistas también protestarán por el incremento del precio altos de combustibles, pues la disminución tras las exoneraciones aún no se refleja en los grifos. Se adherirán trabajadores de la Federación Departamental de Trabajadores (FDTC) y universitarios.

En La Convención, los cocaleros y campesinos evalúan una fecha para retomar sus protestas ante la fallida mesa de diálogo prevista para el 5 de abril. “Nuestra situación es crítica. Vivimos de la venta de hoja de coca a Enaco, pero esa empresa a veces compra, a veces no, dice que no tiene plata. No tenemos para los útiles de nuestros hijos, acá cocinamos a leña, no alcanza para el gas”, explicó Sergio Sota, dirigente de la Federación Provincial de Campesinos de La Convención Yanatile y Lares (Fepcacyl).

Agregó que el gobierno no cumple sus compromisos con las comunidades nativas alejadas por largas horas de viaje por río. “Nos prometieron una carretera de Ivochote a Megantoni, pero nada. Todos los años se registran accidentes, la gente se muere cuando se voltean los peque peque (especie de botes), pero eso no le importa a nadie. El río es la única forma de transportarse en esas zonas”, cuestionó.

En el distrito de Chinchero (Urubamba) también hay mucho descontento. Los comuneros acordaron una tregua hasta el 12 de abril para que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) instale una mesa de diálogo para tratar la contratación de trabajadores y proveedores locales en la construcción del nuevo aeropuerto internacional para el Cusco. Según el alcalde Luis Cusicuna, el MTC se desentendió de sus compromisos desde diciembre del año pasado. Ese descontento motivó que los comuneros invadan los terrenos del aeropuerto. Los policías tuvieron que usar gases lacrimógenos para desalojarlos. El enfrentamiento dejó dos heridos hace unos días.

Corredor minero, un polvorín

Otro conflicto a la vista y con fecha próxima se ubica en el corredor minero del sur. Los comuneros de los distritos de Pallpata, Pichigua, Ocoruro, Alto Pichigua y Condoroma en Espinar anunciaron que iniciarán un paro indefinido en contra del gobierno y la empresa Glencore Antapaccay. Exigen la consulta previa como área de influencia del proyecto minero Coroccohuayco.

El jefe de la Policía en Cusco, general PNP Pedro Villanueva, alertó que en los 295 kilómetros del corredor minero que corresponde a la región imperial se registran conflictos que pueden detonar en cualquier momento. Espinar y Chumbivilcas son las más convulsionadas, en esta última las comunidades piden ser consideradas área de influencia directa de Las Bambas que opera en Apurímac.

Para el consultor minero, César Montes De Oca, una debilidad de este gobierno es la carencia de una política de manejo de conflictos con personas que conocen el sector. “No se pueden meter a negociar sobre cosas que desconocen y lo peor es que a veces se comprometen a algo que es bien difícil o imposible de cumplir. Eso genera mayor desconfianza entre los actores del conflicto. Entonces no creen en la autoridad, en el inversionista y ni en su líder. Se debe hablar de una manera sencilla de lo que sí se puede hacer y cuál es la función del Estado, de la población, del empresario, del inversionista. No podemos confundir esos roles”, explicó.

Descontento en Moquegua

El conflicto social entre la comunidad campesina de Tumilaca-Pocata-Coscore-Tala y Southern, en Moquegua, lleva más de 50 días sin solución. El problema inició cuando los comuneros señalaron que la empresa minera ha utilizado sus tierras por más de 50 años, por lo que piden 5.000 millones de dólares como reparación y una participación del 5% en sus utilidades anuales. Sin embargo, la contraparte precisó que tiene los permisos correspondientes para realizar sus actividades en el lugar.

Ambas partes, en anteriores ocasiones, mostraron su disposición al diálogo; sin embargo, solicitan se cumplan ciertos requisitos previos. Iván Mendoza, dirigente de la comunidad, exige el levantamiento de las denuncias en contra de los comuneros. Además, que la empresa responda respecto a la compensación económica. Mientras que, Southern pide que los comuneros habiliten el servicio de agua para el campamento de Cuajone y liberen la vía férrea por la que trasladan el cobre. La instalación del grupo de trabajo que dará solución a la presunta usurpación de terrenos y otros problemas aún es lejana.

Ejecutivo y Congreso deslegitimados

Para el sociólogo José Lapa, la conflictividad política ha dominado el escenario nacional entre dos poderes deslegitimados por sus bajos niveles de aprobación según las encuestas, aunque la crisis económica tenga orígenes en factores externos (la guerra contra Ucrania) y que provocó el incremento del precio de combustibles y fertilizantes.

Considera que las protestas en las regiones tienen en el fondo un origen económico y de sobrevivencia, sin embargo, en Lima, dice el analista: “estas tienen claramente orígenes políticos y sociales porque se mezcla y disfraza a pequeños sectores vinculados a organizaciones políticas en el Congreso que se han movilizado de forma permanente y rentada en las calles”.