Sujeto que amenazó de muerte al jefe del JNE tiene antecedentes violentistas
Se trata de Jorge Ugarte Olivera, activista de ultraderecha que pidió un golpe cívico militar en las afueras de la casa de Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Posee un historial agresivo y de ataques sistemáticos.
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Jorge Ugarte Olivera, también conocido como el “Profe sobre ruedas”, es un activista de ultraderecha que convocó, el 30 de abril, a una marcha fraudista en las inmediaciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, la movilización liderada por Ugarte se trasladó hacia la casa del jefe de la institución, Roberto Burneo, donde se refirieron a él como un “delincuente”, “rata” y con amenazas de muerte.
“Estamos en la casa de la rata de Burneo (..) a partir de hoy le decimos al sistema corrupto electoral. A Corvetto y a Burneo que estamos vigilando. No van a poder dormir, no van a poder cerrar los ojos. Vamos a pelear hasta el final”, manifestó Ugarte, con megáfono en mano.
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Dentro de su discurso violentista comparó su protesta con el golpe cívico militar que se dio en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. “El 11 de septiembre de 1973, los militares chilenos sacaron al comunista de Allende de Palacio hecho un cadáver de Palacio. La ciudadanía le exigió a los militares hacerlo. Pedimos hoy golpe cívico militar”, señaló.
La conducta violenta de quien se hace llamar “profesor” a través de sus redes sociales no es nueva, sino sistemática y plagada de varios antecedentes, de los cuales este medio también ha sido víctima.
Antecedentes violentos de Jorge Ugarte
Según un reporte policial del 2020, Ugarte fue acusado de atacar a su propio padre con un cuchillo. Por este motivo, tuvo una investigación abierta en una fiscalía de Villa María del Triunfo por agresiones contra el grupo familiar y delitos contra la vida.
El “Profe sobre ruedas” también fue denunciado por una trabajadora de un restaurante, quien señaló haber sido agredida físicamente. En el documento policial se indica que “el señor Jorge Enrique Ugarte Olivera, la insultó empleando términos soeces. Asimismo, refiere que la cogió por el brazo izquierdo, arrojándola al piso, golpeándose el brazo”, se lee.
En otra ocasión, durante una entrevista en su canal de YouTube, agredió físicamente a su invitado, Carlos Ezeta, agrediéndolo física y verbalmente en plena grabación tras perder el control de la conversación. “Si yo te meto un puñete, ¿me vas a denunciar?”, preguntó en tono desafiante a Ezeta.
Jorge Ugarte también promovió un ataque contra la sede del diario La República en 2025. Tras un reportaje que evidenció la oxidación de los trenes traídos de Estados Unidos durante la gestión del entonces alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, un grupo de sus seguidores pintó la fachada del medio.
El impulsor de la marcha se pronunció tras un comunicado del JNE y aceptó toda responsabilidad por los hechos registrados el 30 de abril. “Si tienen que proceder legalmente que sea contra mi persona”, expresó mediante sus redes sociales. Sin embargo, sostuvo que no fueron violentos y continuó con su discurso a favor del supuesto fraude electoral.
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Además, volvió a referirse de manera amenazante a las autoridades electorales. “Todos los días habrá un peruano que les recordará en su cara los miserables que son y no vamos a parar, no nos van a robar los votos”.
Durante la protesta, se pudo observar que los manifestantes recorrieron las calles con pancartas, sartenes y un muñeco gigante en referencia a Roberto Sánchez al tener el sombrero representativo del candidato.
El Jurado Nacional de Elecciones condena amenazas en exteriores de casa de Burneo
El 1 de mayo, el JNE publicó un comunicado en el que rechazó lo sucedido en las afueras de la casa del titular del organismo electoral. “Estas conductas son inaceptables en un Estado de derecho y constituyen un intento de presión indebida que vulnera la institucionalidad democrática”, se lee.
Además, señaló que los ciudadanos podían protestar de manera pacífica. Sin embargo, el derecho a la manifestación no contempla tener un comportamiento intimidatorio o amenazante.
“Cualquier acción que pretenda ejercer presión o afectar la independencia de la función jurisdiccional será rechazada con firmeza y puesta en conocimiento de las autoridades competentes para las acciones que correspondan”, se lee en el comunicado.
