Corte Suprema de Colombia sobre caso de periodista asesinado: "Esos delitos deben ser considerados como agravantes por la Justicia"
Este hito es considerado crucial para la libertad de prensa en América Latina, según la Sociedad Interamericana de Prensa, y podría influir en futuros procesos judiciales en la región.
La República en GoogleLa Corte Suprema de Justicia de Colombia marcó un precedente histórico al establecer que los crímenes contra periodistas deben investigarse y juzgarse con un enfoque diferencial. Reconoció -además- el "riesgo superior" que enfrentan quienes ejercen esta labor en contextos de violencia y corrupción.
La decisión, emitida el 6 de agosto y divulgada el 14, fue celebrada por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como un hito para la libertad de prensa en América Latina y el mundo.
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El fallo ratificó la condena de 58 años de prisión contra Yean Arlex Buenaventura Barreto, autor material del homicidio del periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar y de su esposa, Sofía Cabrera, ocurrido en 2015. También restableció la agravante que señala que el asesinato estuvo motivado por la labor periodística de Peralta.
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Esto cobra especialmente relevancia en la jurisprudencia colombiana y también latinoamericana debido a que en 2021, el Tribunal Superior de Florencia, ubicada en la región de la cordillera amazónica de dicho país, había eliminado esa agravante y reducido la pena a homicidio simple.
Un periodista silenciado por denunciar la corrupción
Luis Antonio Peralta Cuéllar dirigía la emisora Linda Estéreo en el municipio de Doncello, en el suroriente del territorio colombiano. El periodista era reconocido por la población por sus investigaciones y denuncias sobre casos de corrupción, irregularidades administrativas y abusos de poder. Es por ello que se convirtió en una voz crítica y respetada en la región, pero también en blanco de amenazas.
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Como producto de esa labor investigativa, en 2011 sobrevivió a un atentado con explosivos contra su vivienda. Pese al evidente hostigamiento en su contra, el hecho no lo disuadió de continuar con su tarea periodística.
Sin embargo, el 14 de febrero de 2015, cuando regresaba a su casa, fue atacado por un sicario que le disparó a quemarropa, causándole la muerte a él y a su esposa.
Su homicidio conmocionó al periodismo de dicho país y se convirtió pronto en un símbolo de la violencia sistemática contra la prensa.
Tras el fallo de la Corte Suprema, se reconoce -de manera explícita- que su muerte estuvo vinculada a su ejercicio profesional. Es por ello que los gremios de prensa regionales lo toman como un mensaje directo de protección constitucional reforzada a los hombres y mujeres que ejercen el periodismo.
Reacciones y alcance regional del fallo
La Sociedad Interamerica de la Prensa consideró que la sentencia no solo hace justicia en el caso Peralta, sino que también abre el camino para que otros procesos judiciales en la región incorporen un enfoque diferencial.
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“Aunque el fallo se refiere a un caso puntual, establece un precedente clave para otros procesos. Al confirmar que el asesinato de Peralta Cuéllar fue motivado por su labor periodística, la Corte Suprema refuerza la idea de que los periodistas son atacados por su trabajo”, señaló José Roberto Dutriz, presidente de la organización gremial americana.
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, destacó que “este fallo es un paso trascendental en un país donde la mayoría de los crímenes contra periodistas permanecen impunes”.
En la misma línea, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó la sentencia como “un hito en la lucha contra la impunidad”, al reconocer el patrón histórico de violencia contra comunicadores en Colombia.
El magistrado ponente del fallo referido, José Joaquín Urbano Martínez, enfatizó que estos crímenes "trascienden el daño individual y afectan directamente a la democracia, al restringir el flujo de información y el derecho colectivo de la sociedad a estar informada".
Además, la Corte advirtió que los delitos contra periodistas no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que incluye amenazas, vigilancia, desplazamiento forzado y, en muchos casos, asesinato.
