La SIP alerta hostilidad del Ejecutivo hacia la prensa y aumento de la criminalización del periodismo

La Sociedad Interamericana de Prensa concluyó su visita al Perú alertando sobre la situación de la prensa en nuestro país. Entre los puntos claves constatados está la hostilidad de la presidenta Dina Boluarte y sus ministros hacia el periodismo, ejerciendo un discurso confrontativo y de acusaciones infundadas, con el afan de desacreditar su labor.

Asimismo, alertaron sobre la actitud del acalde de Lima, Rafael López Aliaga, contra la prensa crítica, calificándolo de "particularmente intensos" y que coinciden con "campañas callejeras y en redes sociales". Sobre el acceso a la información, evidenciaron existe una obstaculización de parte del Estado hacia el periodismo de investigación, restringiendo su acceso en ceremonias oficiales y espacios públicos.

PUEDES VER Delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa se reúne con periodistas para evaluar ataques a la prensa

Además, la SIP enfatizó que la criminalización del periodismo se ha intensificado con demandas de difamación y cartas notariales. Estos mecanismos son usados para silenciar investigaciones sobre corrupción y abuso de poder.

Se evidenció en este contexto un deterioro de las libertades de prensa y de expresión en el país, situación que se agravaría de cara a las elecciones de 2026. Este clima adverso es aún más riesgoso para los medios independientes y periodistas críticos.

Como parte de estas campañas de descrétido hacia la prensa, el SIP alertó un uso sistemático de la desinformación y ataques en redes sociales. La arremetida contra los medios de comunicación afectan, además, el derecho de la ciudadanía a ser informada.

El Congreso no está exento a estos cuestionamientos. Periodistas y organizaciones que fueron consultas por el SIP alertaron que se impulsan normas que restringen el ejercicio periodístico. Un caso concreto es la ley contra las ONG aprobada recientemente que, bajo el pretexto de fiscalizar fondos extranjeros, limita el acceso a financiamiento externo para investigaciones y la defensa de casos judiciales contra la prensa.

En sus tres días de estadía en nuestro país, el SIP se reunió con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Sin embargo, pese a intentar sostener un encuentro con la presidenta Dina Boluarte, esta fue esquiva y no obtuvieron respuesta de sus asesores. Similar situación ocurrió con el alcalde de Lima.

PUEDES VER Presidenta del PJ Janet Tello firmó la Declaración de Chapultepec y Salta II mientras presidenta Boluarte rechaza a la Misión de la SIP

En comunicado el SIP enumeró las principales preocupaciones detectadas por la misión que afectan el ejercicio del periodismo:

• Aumento de la persecución judicial contra periodistas: La criminalización del periodismo se ha intensificado a través de demandas por difamación y cartas notariales, mecanismos habitualmente utilizados para silenciar investigaciones sobre corrupción y abuso de poder. Las querellas de dirigentes políticos y otras figuras públicas contra periodistas por presuntos delitos contra el honor se siguen planteando en sede penal y no en el fuero civil, como lo requieren los estándares internacionales. En otros casos, se utilizan acusaciones sin sustento sobre lavado de activos. Se ha denunciado el registro de comunicaciones de periodistas sin notificación fehaciente, así como intentos de vulnerar el secreto de las fuentes informativas.
• Hostilidad y estigmatización desde el Ejecutivo: La presidenta Dina Boluarte, ministros del Poder Ejecutivo, alcaldes y otras figuras políticas han adoptado un discurso confrontativo y beligerante contra medios y periodistas, con el cual intentan desacreditar su labor y lanzan acusaciones infundadas de intentos de desestabilización. Particularmente intensos, y en algunos casos coincidentes con campañas callejeras y en redes sociales, son las estigmatizaciones que lanza contra sus críticos el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
• Incremento de amenazas desde sectores ligados al crimen organizado: El narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades criminales –que mueven cifras multimillonarias– ejercen presiones permanentes sobre periodistas y medios de comunicación en vastas regiones del Perú; en especial, en la Amazonía, lindante con Ecuador, Colombia y Brasil, donde se corre el riesgo de que desaparezcan fuentes periodísticas locales y se amplíen los desiertos informativos. En enero pasado se registró el asesinato del periodista Gastón Medina, en la región de Ica, sin que se hayan producido hasta ahora avances significativos en la investigación. En las reuniones mantenidas, se advirtió sobre la pasividad y hasta complicidad de fuerzas policiales y dirigentes regionales con quienes intentan silenciar las investigaciones periodísticas al respecto. Se señaló también que la criminalidad organizada financia campañas políticas para ganar presencia en el Congreso de la República y otros estamentos de poder. En ese marco, las expresiones hostiles que se profieren contra la prensa desde el Ejecutivo y el Parlamento pueden alentar nuevas amenazas y ataques.
• Restricciones al acceso a la información pública: La creciente opacidad del Estado obstaculiza el periodismo de investigación y limita el derecho ciudadano a conocer información de interés público. Son frecuentes las restricciones al trabajo periodístico en ceremonias oficiales y espacios públicos.
• Sesgo de medios estatales: Varios de los entrevistados expresaron preocupación por la pérdida de pluralismo de los medios que integran la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, los de mayor alcance geográfico en el Perú.
• Uso de desinformación y ataques digitales: La proliferación de campañas de desprestigio en redes sociales, así como el uso de troles y ciberataques coordinados, buscan desacreditar a medios independientes y periodistas críticos, con la publicación de información privada y acoso a mujeres periodistas. La pasividad policial y la inacción de ciertas fiscalías permite que desde hace años actúen grupos de choque financiados por sectores políticos, que realizan escraches, amenazas y ataques a periodistas y medios.
• Ataques de medios revestidos de perfil periodístico: Se enfocan en propagar narrativas de desinformación y emprenden ataques personales y campañas de descrédito a periodistas de investigación y medios de comunicación. Provocan así una distorsión del discurso público y en muchos casos las falsas informaciones son utilizadas para alentar causas judiciales sin fundamento real.
• Proyectos legislativos que amenazan la libertad de prensa: En el Congreso se impulsan a repetición iniciativas que buscan restringir el ejercicio periodístico en lugar de fortalecer las garantías democráticas. Como ejemplo, periodistas y organizaciones citan una ley aprobada este jueves, que limita las libertades de asociación, pensamiento y participación política de las organizaciones civiles. Bajo el pretexto de fiscalizar fondos extranjeros, la norma impone restricciones que podrían afectar a entidades independientes y medios que dependen de financiamiento externo para investigaciones periodísticas.