
La negativa de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, de recibir a la misión especial de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) plantea, más que nunca, interrogantes sobre las garantías que ofrece su Gobierno para las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión y de prensa.
Solo tras conocer que la últimamente hostigada presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, suscribiría los pactos de Chapultepec y Salta II, y que ella nunca quiso firmar, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, confirmó, a última hora, la aceptación para recibir a la misión internacional.
Este desdén hacia una de las principales instituciones defensoras de la prensa en las Américas no solo refleja una preocupante falta de diálogo con actores clave de la sociedad civil, sino que también envía una señal alarmante sobre la dirección hacia la que podría estar navegando este Gobierno.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP, Carlos Jornet, ha advertido a los peruanos que este tipo de comportamientos son alarmantemente similares a los que se vivieron al inicio de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, donde la libertad de prensa y de asociación fueron cercenadas, desapareciendo hasta el día de hoy cualquier posibilidad de disidencia, crítica y, por supuesto, protesta contra el poder autoritario.
Según el Consejo de la Prensa Peruana, más de 10.000 periodistas, representados por sus medios y asociaciones, han denunciado ante la SIP las agresiones cada vez más graves contra la labor periodística en nuestro país.
Esta retahíla de denuncias se suma al hecho de que, en los últimos dos años, Perú ha caído del puesto 7 al 16 en el Índice Chapultepec, un indicador que refleja la alarmante situación de las libertades de la prensa peruana. Esta caída no es solo un dato estadístico, sino un grito de alerta que exige atención y acción, sobre todo, por los ciudadanos que están próximos a un siguiente proceso electoral con condiciones de fragmentación sin precedentes.
La historia latinoamericana reciente ha demostrado que la desatención a las libertades de expresión y de prensa puede llevar a un deterioro irreversible de la democracia. La defensa de estas libertades es una tarea que nos concierne a todos, y el silencio no es una opción.

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